El caso de la doctora Miranda Ruiz en Tartagal es tomado a nivel internacional como un claro ejemplo de la persecución y aleccionamiento que se sigue ejerciendo contra las mujeres.
Por: Andrea Sztychmasjter
El pedido de sobreseimiento a la médica Miranda Ruiz se convirtió en una de las banderas de lucha de los movimientos feministas de Salta. Como una muestra de empecinamiento para demostrar el poder patriarcal que sigue imperando contra las mujeres para decirles de qué manera comportarse, por segunda vez rechazaron el pedido de sobreseimiento a Ruiz, quien fue judicializada por atender un aborto legal con causales de salud.
La semana pasada también se conoció una publicación hecha por el exdiputado Andrés Suriani donde difundía la imagen de una de las pocas médicas del Hospital Materno que garantizan el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria/legal del embarazo. «Médica abortista en Salta. Vamos conociendo el rostro de los sicarios en Salta», decía Suriani, un ex legislador que mostró su odio hacia las mujeres en diferentes oportunidades no sólo por sus redes sociales sino en el propio recinto desde la banca que ocupó. Una vergüenza más que salteñxs supimos conseguir como legisladores.
«Desde el Hospital Materno Infantil repudiamos las acciones del exdiputado en contra de una profesional de nuestro equipo, vulnerando sus derechos, exponiéndola, poniendo en riesgo su integridad física y la de su familia. Acompañaremos a la doctora en las acciones legales que tome al respecto», comunicaron desde el nosocomio.
Venganzas médicas
La médica Miranda Ruiz está imputada tras haber facilitado la realización de una ILE el 24 de agosto del año pasado, luego de que el caso fuera evaluado por un equipo interdisciplinario del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, siguiendo todos los protocolos vigentes. Dos hombres de la justicia, el fiscal penal Gonzalo Vega y el juez Mariscal Astigueta aparecieron en escena para detener a la médica que fue liberada tras el reclamo de organizaciones de mujeres en todo el país. Además imputaron a otrxs dos integrantes del equipo de salud del Hospital Perón de Tartagal, un administrativo y un médico ginecólogo por “falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”.
El caso demuestra claramente como la presión social, judicial, mediática y antiderechos operan en conjunto para seguir disciplinando a las mujeres. Como este poder patriarcal y machista alecciona hasta mujeres profesionales pero se difunde a todos los movimientos feministas que acompañan a la médica.
Como ya lo reflejáramos anteriormente el caso describe un cuadro de señalamientos, denuncias y ataques continuos.
Avanzada antiderechos: Represalias y persecución contra médica
El otro médico ahora también imputado es Marcelo Gustavo Cornejo, de 64 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de una menor y quien fuera denunciado por la propia Miranda Ruiz.
Según surge del decreto de imputación Cornejo ofreció a la víctima practicarle un aborto por la suma de $20 mil o, en caso de que no pudiera pagar, que aceptara mantener relaciones sexuales con él tres veces por semana. La menor sostuvo que en esas circunstancias, el médico la sometió a tocamientos sin su consentimiento.
Tras la radicación de la denuncia y la declaración testimonial de la menor, la fiscala penal María Lorena Martínez, llevó a cabo la audiencia de imputación contra el acusado. La menor también declaró en cámara Gesell.
Por otra parte, el Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de la fiscala para realizar un allanamiento en el consultorio del imputado, que permitió el secuestro de documentación y un dispositivo de almacenamiento que se encuentran bajo análisis.
Ruiz actuó de acuerdo con las obligaciones dispuestas en la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Su intervención fue acompañada por un equipo interdisciplinario y respaldada por la dirección del hospital, lo cual también consta en la historia clínica. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso y autoadministrado.
Abogado a medida
El abogado patrocinante de los denunciantes contra la médica, Andrés Rambert Ríos, es el mismo que defiende al médico Marcelo Cornejo, en la causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo.
Queda de manifiesto que el médico denunciado por Miranda junto a su abogado fueron parte de una venganza contra la doctora por haber denunciado las prácticas violentas del profesional de la medicina.
A pesar de la imputación el médico siguió trabajando en el hospital de Tartagal mientras que la Dra. Ruiz, estuvo detenida.
Acción global urgente
Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente para detener el proceso judicial contra Miranda Ruiz. A través de esta iniciativa de alcance mundial, la organización llama al Fiscal de Tartagal, que dé marcha atrás con la imputación penal contra la doctora.
Amnistía Internacional ha sumado a toda su comunidad global para exigir al fiscal a cargo de la investigación, que desestime la imputación penal frente a la inexistencia de delito; y al sistema de justicia que se abstenga de judicializar a profesionales de la salud que garantizan el derecho al aborto dentro del marco legal.
“La criminalización contra Miranda Ruiz no puede continuar porque actuar en el marco de la ley para garantizar derechos no es un delito. El derecho a decidir y acceder a un aborto requiere que las personas que necesiten acceder a la práctica y los profesionales de la salud que la garantizan puedan actuar sin temor a ser perseguidos penalmente» señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amicus curiae
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación quedó constituida como amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa que se sigue contra la médica Miranda Ruiz. La presentación fue elevada por el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.
“Resulta sumamente problemático para el Estado de derecho que se criminalice a quien cumple la normativa vigente, simplemente porque algunas personas no estén de acuerdo con dichas normativas”, se sostiene en el escrito.