En Tartagal una de las pocas médicas que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo es perseguida por el abogado de un médico denunciado por la profesional por abusos. Un juez de garantías, un fiscal y una concejala detrás de la maniobra.

El caso de la profesional médica con pedido de detención en Tartagal llegó a medios nacionales por la gravedad del asunto. Durante el día viernes se realizaron convocatorias conjuntas en Salta y Buenos Aires para repudiar la detención de una de las pocas médicas en tierras norteñas en cumplir con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el Congreso Nacional.

Solo en el Hospital Materno Infantil el 95% de los profesionales se pronunció objetor de conciencia para no cumplir con la ley. En el interior provincial se complejiza aún más. En Salta hay sólo 19 profesionales de la salud para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos se desprenden de un informe presentado por la directora de Salud Materno Infantil de Salta, Susana Velazco. Entre hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia hay apenas 19 profesionales que podrían llevar a cabo la práctica.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, fue quien requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de la médica del Hospital Juan Domingo Perón.

En 2018 el juez Mariscal Astigueta se encontraba en el centro de la polémica por su nulo accionar respecto al dramático caso de la niña wichí de 12 años, víctima de múltiples abusos sexuales y violentada institucionalmente por una inexplicable demora en la interrupción del embarazo que le correspondía por ley.

El entonces juez de Corte Abel Cornejo pidió la apertura de un procedimiento de remoción contra el juez y apuntaba a «la falta de individualización y aprehensión de los presuntos responsables» del ultrajante abuso que  «podrían configurar la causal de mal desempeño, retardo de justicia y falta de cumplimiento de los deberes» en la actuación del juez de Garantías 2 de Tartagal y del fiscal penal de ese distrito.
Reunido, el Jury de Enjuiciamiento cinco integrantes votaron para que no se realizara la investigación: los senadores Silvina Abilés (Partido de la Victoria) y Jorge Soto (PJ), los integrantes de la Corte Guillermo Catalano y Guillermo Posadas, y el abogado Guillermo López Mirau. Abilés había dicho hace unos años que si no fuera por el protocolo restrictivo salteño “Salta sería una fábrica de abortos”. En esta ocasión agregó que “nunca se abrió un jury cuando hay un solo caso denunciado” y que “no existía una gravedad suficiente para seguir con el jury”.

La impunidad reinaba para el juez que hoy vuelve a cometer otra acción en contra de la justicia que dice representar como funcionario.

Un médico abusador    

En un comunicado desde la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir salieron a respaldar a la médica en lo que consideraron una injusta detención y alertaron la gravedad de la situación puesto que el abogado que la denunció es el mismo letrado que defendiera a otro médico denunciado por la profesional por abusos.

Se trata del médico Marcelo Gustavo Cornejo, de 64 años, acusado del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de una menor. Según surge del decreto de imputación ofreció a la víctima practicarle un aborto por la suma de $20 mil o, en caso de que no pudiera pagar, que aceptara mantener relaciones sexuales con él tres veces por semana. La menor sostuvo que en esas circunstancias, el médico la sometió a tocamientos sin su consentimiento.

Tras la radicación de la denuncia y la declaración testimonial de la menor, la fiscala penal María Lorena Martínez, llevó a cabo la audiencia de imputación contra el acusado. La menor también declaró en cámara Gesell.

Por otra parte, el Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de la fiscala para realizar un allanamiento en el consultorio del imputado, que permitió el secuestro de documentación y un dispositivo de almacenamiento que se encuentran bajo análisis.

La Red señaló que el abogado patrocinante de los denunciantes contra la médica, Andrés Rambert Ríos, es el mismo que “defiende al médico Marcelo Cornejo”, que “se encuentra imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, siendo nuestra compañera la que lo denunció de oficio”.

Cornejo continua trabajando en el Hospital mientras que la doctora se encuentra privada de su libertad y perseguida por cumplir con una ley.

“Aclaramos, además, que ningún juez dio lugar a las presentaciones de los familiares ya que por ser un supuesto delito de instancia privada es la supuesta damnificada quien tendría que haber radicado la denuncia. Por lo tanto, el fiscal y el abogado defensor no hacen más que fogonear a la opinión pública en contra de un procedimiento respaldado por la ley”, sostuvieron las personas integrantes de la Red. Se manifestaron también en contra de “la prensa amarillista que dio lugar a quienes intentan manipular la información con el solo objeto de dar protagonismo a grupos antiderechos y a tener más audiencia, cuando en el medio hay una paciente expuesta y una médica injustamente acusada”.

Una concejala poco sorora                                                                                                                                      

Desde la Red también repudiaron los “agravios vertidos hacia nuestra compañera por la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza”. En el comunicado la Red agregó que esta edila actúa en la actualidad como empleada de la Secretaría de Niñez y Familia de Tartagal (aunque se presenta como directora del organismo en Salvador Mazza), y, de paso, recordó que Subelza se anotó en su momento «para ser beneficiaria del IFE previsto para quienes menos tienen”.

Asimismo, la Red señaló que la comunicación de Subelza con la prensa está llena de falacias con el único objeto de “amedrentar” a quienes desde la Salud garantizan derechos sexuales y reproductivos y, también para “tergiversar el acceso a la información veraz y oportuna de la población en general para lo cual no se ha privado de exponer los datos personales de la joven que solicitó el acceso a una ILE”. Este último fue otro de los actos que repudió por la exposición mediática de la intimidad de la joven.

 

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