La Cámara Baja aprobó el proyecto que prevé implementar en Salta el Sistema de Juicios por Jurados. “Vamos a poner un plus y vamos a cambiar la dirección, será el ciudadano el que va a llegar a la Justicia”, expresaron.
Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo Provincial para implementar el juicio por jurados.
“No solo es la evolución y la madurez de una sociedad, sino que es la decisión política de un gobernador de enviar un proyecto para su tratamiento y lograr que iniciemos la práctica del juicio por jurado en la provincia de Salta. Si bien seríamos la catorceava provincia en implementarlo, esta provincia lo va a establecer de manera puntual para lo que es el artículo 80 del Código Penal que se refiere a delitos graves”, expresó la diputada Socorro Villamayor, al momento de informar el proyecto.
La legisladora detalló que “no va a haber un juez especial ni nombramientos especiales”, sino que se va a hacer un sorteo en los tribunales de juicio de la provincia para definir el juez que dirigirá el juicio y que, de la misma forma, se designarán los integrantes del jurado.
“Siempre hablamos de que la Justicia debe llegar a la familia, a la sociedad, que debe estar cerca del ciudadano; en este caso vamos a poner un plus más y vamos a cambiar la dirección, es el ciudadano el que va a llegar a la Justicia para que a través de su sentido común, determine la culpabilidad o no”, indicó.
En ese sentido marcó la necesidad de que jueces, fiscales, defensores y abogados, se “capaciten en intercomunicación con el jurado” para expresar de manera clara y comprensible, la terminología técnica propia del derecho.
Por su parte, la diputada Patricia Hucena destacó que la modalidad de juicio por jurados –al ser integrado por 12 ciudadanos- “da una mayor legitimación social a la sentencia”, enfatizando en que la selección de los integrantes se realiza mediante “procedimientos transparentes, limpios y siempre públicos”.
“Supone no sólo el derecho del imputado a ser juzgado por sus pares, sino el derecho del pueblo a juzgar, es el único modo de democratizar el poder judicial y además es un mecanismo para afianzar la Justicia” indicó la legisladora, y agregó “es ceder autonomía, sino reconocer ciudadanía plena a nuestros y nuestras habitantes, no quita la responsabilidad a los magistrados, por lo contrario, va a permitir el desarrollo del sistema acusatorio pleno”.
A su tiempo, el diputado Roque Cornejo consideró que la iniciativa “no es urgente”, adelantó que su bloque no va a acompañar el dictamen de mayoría, pero insistirán con un dictamen en minoría para que el sistema de juicio por jurados incorpore los delitos contra la administración pública.
“La gente nos va a decir, ¿y por qué los delitos de corrupción no? ¿Por qué el fraude al Estado, el fraude a la administración pública, cometido por los políticos, por aquellos socios de los políticos, amigos de los políticos, cómplices de los políticos, no van a ser juzgados por el ciudadano, por su pueblo, por sus vecinos, por sus contribuyentes?”, cuestionó.
A su vez señaló como innecesario “darle un maquillaje a la Justicia” considerando que “el poder judicial es la institución que tiene mejor imagen”. “Si vamos a trabajar en la imagen de las instituciones, trabajemos puertas para adentro primero, ¿no?”, insistió.
También resaltó que “la legitimidad está en la idoneidad con lo justo, lo normado y con el derecho positivo, no con el jurado”, por ello solicitó elevar la edad mínima de los integrantes del jurado de 18 a 22 años y exigir como requisito, estudios secundario finalizado.
Seguidamente, el diputado Santiago Vargas respondió las críticas de su par señalando que a nivel nacional “también tiene en agenda el tema y lo están discutiendo en el Congreso de la Nación”.
“En la Nación tenemos un millón de problemas respecto a lo presupuestario en salud, en educación, y no por eso se dejan de discutir estas cuestiones que hacen a la institucionalidad de uno de los poderes de la Nación”, indicó.
En ese sentido, mencionó que realizó una consulta externa sobre la iniciativa a los abogados Roberto Rallin y Francisco Oneto, quienes destacaron, entre otras virtudes del sistema del juicio por jurado, la garantía en la independencia de podres.
“En algún momento Cristina Kirchner hablaba de esta congregación judicial o de este pueblo judicial que tiene sus propios intereses, y acá tenemos a políticos que inciden o tratan de incidir, tenemos operadores políticos que quizás no tienen ningún cargo, pero que están dentro del Poder Judicial como lobistas. Y Rallin nos dice, el juez es un empleado estatal y como todo juez quiere mantener su empleo”, insistió.
A su tiempo, la diputada Sofía Sierra advirtió que “el ciudadano no fue consultado sobre la carga que se le está por imponer”, puntualizando en la “falta de garantías” para quienes serán miembros del jurado, por lo que solicitó la vuelta a comisión del proyecto.
“El proyecto no resguarda adecuadamente la seguridad del jurado porque el jurado va a ser sorteado y se va a publicar en el boletín oficial el nombre por departamento, según el artículo 18 del proyecto, nos parece un error y entendemos que quizás con una notificación personal al que haya sido sorteado estaría de sobra” indicó y agregó “no se han previsto garantías para la seguridad del jurado durante la audiencia del juicio cuando se prolonga más de un día, el jurado regresa a su casa a hacer vida normal y el oficial de custodia que temporalmente tiene que tener el jurado no puede ser de la fuerza de seguridad pública”.
