El pedido de intervención se aprobó este martes por unanimidad.

Ayer martes, durante la sesión de Diputados, el bloque mayoritario presentó el pedido de intervención del Municipio de Aguas Blancas que se aprobó por unanimidad, tras el escándalo judicial que involucra al hoy detenido intendente Carlos Alfredo Martínez, un juez y un abogado.

“Entendimos que si la justicia provincial salteña avanzaba en la detención del intendente y de otra gente involucrada era porque había evidencias de un hecho indudable que quebraba esa autoridad y ese orden institucional que debe tener quien es la primera autoridad que comanda los destinos de un pueblo”, arrancó su alocución el diputado por el departamento de General Güemes, quien subrayó que hubo “un consenso absoluto en el tratamiento de este proyecto, siempre y cuando se dieran las condiciones marcadas por la Constitución provincial y las leyes vigentes. Explicó asimismo que tras la detención de Martínez ayer al mediodía, los tiempos se aceleraron en esta presentación.

Por su parte, la diputada Socorro Villamayor dijo: “es de público y notorio conocimiento la situación crítica que atraviesa el municipio de Aguas Blancas”, y recordó que el Procurador de la provincia, Pedro García Castiella, envió a la legislatura un informe detallado sobre la situación jurídica procesal, tanto del intendente como del municipio. “No cabe duda de la situación crítica que atraviesa nuestro norte”, alertó la legisladora, resaltando además las políticas del gobierno provincial contra el crimen organizado, al tiempo que destacó la articulación con Nación a partir de la visita de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Villamayor también subrayó la facultad “excepcionalísima” utilizada desde el recinto para el pedido de intervención, y del “resguardo” a la hora de estas decisiones con mesura y en el análisis profundo sobre la existencia de situaciones de gravedad institucional.

Pedido de investigación

“Hay un riesgo institucional con un intendente detenido”, señaló a su turno la diputada Mónica Juárez, que además puso el foco de alarma sobre las recientes declaraciones del Procurador García Castiella sobre “un plan sistemático para captar municipios e intendentes de la zona de frontera” y agregó: “ante esta preocupación, solicitó que el procurador haga extensiva la investigación a la persona que puso al intendente en ese cargo”, todo esto en relación a “quienes auspician” las carreras políticas.

La media sanción que ahora espera la aprobación del Senado para la intervención municipal estipula en sus articulados que: el Intendente en ejercicio cesará en su cargo a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial estará facultado a designar al Comisionado Interventor del Departamento Ejecutivo Municipal, con las atribuciones que la Constitución y las Leyes de la Provincia confieren a los órganos intervenidos. También detalla que la intervención se extenderá hasta la asunción del nuevo Intendente Municipal que resultare electo en las próximas elecciones provinciales del año 2025.

Tras la aprobación por unanimidad, se dio lectura a una misiva enviada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien ante la toma de conocimiento de estos hechos pidió “proveer la conveniencia y aplicación de los remedios contemplados por la Constitución de la provincia”.