El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, consideró que la educación religiosa en Salta es discriminatoria y dictaminó que “corresponde el cese” de la misma en las escuelas públicas. Silencio en el Grand Bourg.
“El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, consideró que la educación religiosa que se dicta en las escuelas estatales primarias de Salta es discriminatoria y lesiona la libertad de culto. El funcionario se expidió sobre el tema al emitir un dictamen en el amparo que inició un grupo de padres en 2010 para que la enseñanza pública sea laica. Ahora resta la resolución final del máximo tribunal del país”. Así sintetiza la periodista Jimena Granados de El Tribuno la información al respecto.
Luego de analizar las pruebas presentadas a lo largo de estos años, Abramovich consideró que «la instrucción en una religión determinada en el horario escolar y como parte del plan de estudios ha resultado, en la práctica, en una grave interferencia en las distintas dimensiones de la libertad de religión y conciencia». El texto fue publicado el viernes por la Procuración General de la Nación y allí el funcionario señala: «Corresponde ordenar el cese de la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios, así como de la realización de prácticas religiosas como los rezos, bendiciones y oraciones en los cuadernos».
Abramovich manifestó que «la aplicación de las normas cuestionadas coadyuvó, en los hechos, a la segregación y a la consolidación de prejuicios o estereotipos en contra de las minorías religiosas, con la gravedad de que la escuela pública primaria es una oportunidad esencial para formar a los niños y niñas en la diversidad y el pluralismo religioso».
En 2013, la Corte de Justicia de Salta consideró que la educación confesional es constitucional y que los niños pueden rezar o ir a misa como parte de la jornada escolar siempre que sea dentro del horario de catequesis. Las familias demandantes apelaron entonces la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que requirió un dictamen de la Procuración General de la Nación.
En el reporte publicado por El Tribuno, se informó que esa redacción intentó consultar a la ministra de Educación, Analía Berruezo, sobre el dictamen pero no hubo respuestas al respecto.
