A siete años de su vencimiento, el gobierno dio inicio a las reuniones para actualizar el mapa de ordenamiento territorial. Durante 2020 se desmontaron casi 21 mil hectáreas y este año comenzó con el pedido de siete firmas para arrasar otras 28 mil. 

La conformación del órgano asesor está reglamentada por decreto y lo integran representantes del sector académico, organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones de productores e Instituciones del Estado vinculadas a territorios con Bosques Nativos.

El conjunto de profesionales y referentes ambientales tendrá a su cargo nada menos que la actualización de todas las capas de información vinculadas a: las áreas de valor de conservación, corredores ecológicos, paisajes sustentables, correlación regional interprovincial y posibles cambios de categoría. Sobre este último punto es que han hecho hincapié especialistas en medio ambiente, comunidades campesinas, originarias y organizaciones ambientalistas. Se calcula que no se pasarán hectáreas a verde.

Durante el segundo mandato de Juan Manuel Urtubey se dieron numerosas recategorizaciones prediales que habilitaron el grueso de los desmontes no permitidos por la ley provincial. Todos ellos estuvieron amparados en dos decretos derogados más tarde: 2211/10 y 3136/11. Para anticiparse a los planteos venideros, la provincia promete un proceso «participativo y transparente», aunque con serios obstáculos para la participación comunitaria.

Según consigna el reporte oficial, en la reunión se propuso la unificación y ampliación del Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el Consejo Asesor de Revisión de OTBN y la Mesa de MBGI (Manejo de Bosques con Ganadería Integrada), sumado a la posibilidad de incorporar otros actores, quienes deberán manifestar su voluntad y solicitar por escrito en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, su inclusión a la mesa. En lo que refiere al proceso participativo, se prevé la consulta previa, libre e informada a comunidades originarias y criollas, a través de talleres virtuales y/o presenciales, de acuerdo a la conectividad de cada lugar. Los documentos y talleres serán también redactados en las lenguas wichí, guaraní y castellana.

Si las audiencias públicas ya evidenciaban la enorme desconexión entre los organismos del estado y las comunidades que habitan el monte, la virtualidad no hace otra cosa más que acentuarla. Para poder formar parte de ellas, los participantes deben escribir un mail a la dirección suministrada por el gobierno y, posteriormente, aguardar una respuesta con el permiso correspondiente. Todo esto en un entorno en el que la conectividad apenas se circunscribe a los municipios y a algunos parajes, y el acceso a dispositivos electrónicos en comunidades que habitan el monte es todavía más escaso.

El esquema vigente además sostiene enormes inequidades entre pequeños y grandes terratenientes para el aprovechamiento racional del suelo. Tanto la ley nacional 26331 como la provincial 7543 prevén planes de manejo sostenible y hasta la posibilidad de acceder a fondos nacionales para mejorar sistemas productivos en áreas nativas de pertenencia privada. Pero la normativa provincial impone requisitos dominiales casi excluyentes para los pequeños productores.

El artículo 35 de la Ley de Bosques establece que se destinarán fondos para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos, sean públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de conservación. El beneficio consiste en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de acuerdo a la categorización de bosques nativos, generando la obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo y Conservación que deberá ser aprobado en cada caso por la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable anualmente sin límite de períodos.

En el plano provincial, se exige a los propietarios el dominio pleno o perfecto de las tierras, lo que ineluctablemente redunda en perjuicio de pequeños productores que, en muchos casos, no son dueños legales de la totalidad de sus extensiones. El privilegio, en cambio, es para los grandes terratenientes que encuentran mayores facilidades para mantener su documentación al día. Este aspecto de la requisitoria provincial, no es exigido en ningún artículo de la ley de Bosques.

La respuesta de Greenpeace

Frente a la invitación del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, la ONG ambientalista respondió con una dura carta en la que manifestó su disconformidad con la forma en la que se llevarán a cabo las audiencias. «No participaremos de una discusión virtual con el objetivo de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), considerando que esto no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación», sostiene el comunicado. Y agrega: «La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del OTBN debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos».

Finalmente la ONG destacó que desde la sanción a fines de 2007 de la normativa forestal nacional hasta el año 2019 en la provincia de Salta se desmontaron 628.307 hectáreas. En tanto que, durante el año 2020 y a pesar de las restricciones se desmontaron 20.962 hectáreas.

Funcionario: juez y parte

El incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bosques impone sanciones onerosas en caso en que las provincias no cuenten con un sistema de penalidades. El artículo 29 indica que se aplicarán supletoriamente tres tipos de sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: a) Apercibimiento; b) Multa entre trescientos (300) y diez mil (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda; y c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.

La realidad en la provincia es que las sanciones rara vez llegan a concretarse y la restauración de hectáreas deforestadas es prácticamente una ilusión. Las multas, medidas en irrisorios litros de naftas, pasaron a formar parte de la estructura de costos de los productores.

Al escaso nivel sancionatorio de la secretaría de Ambiente de la provincia se suma la condición de doble agente de su titular Alejandro Aldazábal. En uno de los proyectos desmontadores que se discutió en la audiencia del pasado 28 de enero, perteneciente a la empresa Cresud, el estudio de impacto ambiental y social y el pedido de cambio de uso del suelo tenía la firma del mismísimo secretario.