El Consejo Superior de la U.N.Sa. suspendió los concursos de la Facultad de Humanidades hasta tanto no sanee sus números. Incertidumbre sobre el origen de los rojos y entreveros administrativos signan un escenario que comenzó con el cese -por cajero- de la mitad del sueldo a cuatro docentes mujeres de esa unidad. (Eusebio Marai)
Ni Kafka ni Camus. Ni Orwell. Ni Masliah. Mediante la resolución 340 del 2013 se suspendieron los concursos de la Facultad de Humanidades. Concursos consustanciados, por venir, ya llamados… todos. El criterio adoptado por el Consejo Superior para la decisión de tal impacto académico se basa en el supuesto de que esa unidad da cargos o dedicaciones sin chequear si hay o no fondos para ello.
El problema, que ya se había manifestado en diciembre pasado, entre el gobierno total de la universidad y humanidades -en aquel momento con aditivos de género- tiene dos vertientes. O muchas más. La compleja, escasa o vaga información -los sistemas de información que se manejan en la casa de estudio para determinar partidas o pago de sueldos- y, evidentemente, la inefable voluntad política de dar solución cooperada a los problemas.
El encuadre escandalizado acerca del rojo de Humanidades se origina en esta ocasión en el caso de las cuatro docentes afectadas por un descuento en sus salarios desde hace unos meses, a quienes, en la última sesión del consejo, se resolvió pagar bajo la figura del legítimo abono -trabajo ya hecho es un derecho-, pero, con presupuesto de funcionamiento de la facultad.
Las educadoras se desempeñan en cargos de auxiliares, regulares con dedicación simple, y habían recibido un aumento de dedicación gestionado por la Escuela de Ciencias de la Educación y autorizado por el Consejo Directivo mediante Res. H N° 2133/12. El descuento se produjo, según nota del claustro docente “sin que se revoque, modifique, ni sustituya el instrumento legal a partir del cual se concede el aumento de dedicación hasta diciembre de Dos mil trece”. El escrito sostiene que la reducción salarial se efectuó sin que medie notificación: en los primeros días de julio se dieron con que no se les había abonado la dedicación semiexclusiva (veinte horas semanales) sino una remuneración equivalente al cargo simple (diez horas semanales).
El intríngulis normativo que habilitó estos descuentos se encuentra en una norma que dictó el Consejo Superior (288/13) al comenzar agosto y regula los llamados a concurso y el otorgamiento, o no, de dedicaciones, que son las cargas horarias que tiene cada docente en la universidad.
El dilema es que la norma se aplica a un escenario que le preexiste y que algo que podría haber tenido una solución interior, con orígenes financieros en la propia unidad, pasó al plano mayor, donde se pone en escena un banquito, y allí sentada, la facultad. Que dicho sea de paso, es el único enclave opositor a la actual gestión rectoral. “Mi humilde opinión es que un problema sencillo, simple de resolver desde lo financiero y lo administrativo se transformó en un embrollo, en algo complicado por decisiones administrativas que seguramente están tomadas con una mirada política también” indicó el magister Sergio Grabosky, secretario administrativo de la Facultad de Humanidades. La falta de cooperación suficiente para con la Facultad se evidencia para el funcionario en que iban a “las oficinas contables y de personal y todo el camino que se consensuaba después no daba el resultado que supuestamente iba a dar”.
Respecto de la opacidad en la información y la indeterminación de criterios, Silvia Castillo, docente y consejera de Humanidades explicó que “una de las preguntas que el claustro de auxiliares hace por nota a las autoridades de la facultad y la universidad es qué pasa cuando a una persona se le deja de pagar, qué se hace con los montos y cuándo se produce “desfinanciación” en la planta, porque en la facultad hay 17 casos que tienen aumento de dedicación, pero sólo a cuatro se les dejó de pagar”.
Todos los caminos
Los tres frentes están cruzados y se retroalimentan: el no pago a las docentes, la normativa que implementará la universidad para disponer llamados a concurso y la suspensión de los concursos en una facultad. Estos motivaron reuniones docentes convocadas por ADIUNSA -el sindicato-, discusiones, presentaciones, despachos, dictámenes, acciones judiciales y hasta cruces verbales y gestuales en la última sesión del Consejo Superior.
Los argumentos esgrimidos en el CS desde el riñón compacto y jerárquico más afín a la gestión del rectorado se refirieron a la irresponsabilidad de los funcionarios que otorgan cargos sin que estén financiados, los desórdenes en las formas en los expedientes de estos casos, y la idea de que la universidad no para a la gente en la calle para darle trabajo porque necesite trabajar.
La calidad y necesidad académica y los derechos laborales tienen otro enfoque del que olvida que detrás de los recibos de sueldo hay personas. “No se piensa en el estatuto que dice que los cargos no pueden ser simples y todos los cargos que se concursan en las sedes son simples. No hay una política académica frente a lo financiero, sino al revés” señaló Castillo.
La manifiesta voluntad de crear eficiencia en el manejo presupuestario no se traduce en transparencia o acceso a la información que es pública. “Lo que puede hacer la facultad a nivel ordenamiento es conocer los números de manera exhaustiva y lo otro es pedir a Miguel y Jorge Nina, -uno en la parte contable de la universidad y otro en Personal- que informen por qué se habla de un rojo. Pero no aclaran, no lo especifican y les pedimos que si señalan un número informen cómo obtienen ese número” indicó Grabosky.
Así, la decisión por mayoría de suspender los concursos en Humanidades reviste una parcial intervención y vulnera derechos de quienes estarían en condiciones de concursar, afectando su carrera docente, o los de cualquier otro que quisiera. La consejera Catalina Buliubacich, en el Superior fundamentó que “no se puede introducir sobre tablas un problema de esa magnitud” por las consecuencias políticas, académicas y financieras.
Estado de excepción
¿Hay alguna posibilidad de que la puesta en discurso del rojo de Humanidades venga a legitimar un estado de excepción que habilite el control político de los recursos de las Facultades? La propuesta hasta ahora difundida para la resolución 288 que se encuentra en Comisión de Interpretación y Reglamento, presidida por el decano de Ciencias Exactas, Carlos Puga, establece que la aprobación de llamados a concurso deberá contar con la aprobación del Consejo Superior. Si es un control sólo financiero o también académico no está claro.
Para Jorge Ramírez, secretario de Adiunsa, “el Estatuto de la universidad sostiene que los criterios de asignación de dedicaciones deben acordarse según las necesidades y objetivos de cada módulo académico”. Pero además es de tener en cuenta la capacidad de gestión centralizada a partir de un informe con fecha 10 de setiembre de 2012 elaborado por la Secretaría Administrativa y Coordinación Administrativa, Contable y Financiera de la Universidad en el que se dice que hay una ‘imposibilidad de determinar la cantidad de cargos totales existentes si bien se ha efectuado un control a través de los actos administrativos que ha emitido el Consejo Superior’.
La preocupación de muchos docentes de todas las Facultades, es que estas nuevas normas se orienten a la centralización de las decisiones, al debilitamiento, sino avasallamiento de la autonomía universitaria.
