El miércoles, el Concejo Deliberante retoma su actividad discutiendo quiénes serán las autoridades. Las actuales cabezas tienen la mira puesta en convertirse en diputados provinciales. (Franco Hessling)
Mañana miércoles 22 de febrero retomará la actividad legislativa en el municipio capitalino. Será la sesión preparatoria, en la que se reabren discusiones al respecto de quiénes serán los referentes por comisión y las autoridades del Concejo Deliberante. Los referentes de las distintas bancadas asumen distintas posiciones en torno a esta cuestión.
En diciembre último, ya en medio de controversias sobre la permanencia de las autoridades, se optó por la ratificación de cara al receso. La presidencia está en manos de Ricardo Villada, que accedió al cargo a través de la alianza Salta Nos Une (SNU) de Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo, la vicepresidencia primera es de Frida Fonseca del Partido Justicialista (PJ), y la segunda de Andrés Suriani, parte del PRO.
“Voy a plantear que se renueven las autoridades”, anticipó la propia Fonseca y luego clarificó el basamento de su intención: “Siendo éste mi tercer período como concejal, tengo vocación de pelear por una banca en la Legislatura”. Este año se renovarán parte de ambas cámaras provinciales y la totalidad de integrantes del Concejo Deliberante capitalino. Con un sistema que solo tiene oxígeno en unos pocos municipios del país, el cuerpo legislativo de la capital plantea mandatos de solo dos años y con renovaciones íntegras en cada elección.
En el municipio gobernado por Gustavo Sáenz, otrora candidato a vicepresidente por el Frente Renovador de Sergio Massa, este año se disputarán los veintiún escaños del Concejo Deliberante, que en su composición actual está integrado por seis de SNU (romerismo y olmedismo), cuatro del Partido de la Victoria (PV) -que ingresaron apoyando la candidatura a gobernador de Juan Manuel Urtubey-, tres del Partido Obrero (PO), tres del PJ (urtubeicistas), tres del PRO, y dos de la Unión Cívica Radical (UCR).
El PO sostuvo su oposición al régimen mediante el cual se designan a las autoridades, que no se condice con el caudal de votos que obtuvo cada fuerza. Presentan un detalle de su posición ante sus pares pero no participan de la elección. Alberto Salim de la UCR, que es un unibloque porque es de la línea radical opositora a la conducción de Miguel Nanni, vaticinó que habrá “problemas para ratificar las autoridades porque no hay consenso” y también repudió el sistema: “Nuestra posición es que las autoridades estén entre los que más votos de la población recibieron”; sin embargo, adelantó que participará de la votación.
Romina Arroyo, de SNU proveniente de la extracción olmedista, afirmó que si existe la posibilidad de que se cambien las autoridades, “se discutirá en los días previos a la sesión preparatoria” y se apresuró a recalcar que “cualquier decisión que tome irá de la mano de la gestión de Gustavo Sáenz”. Desde el entorno de Villada reconocen las pretensiones de pelear por una diputación en el Palacio Legislativo, aunque, a diferencia de Fonseca, considera más estratégico permanecer en el cargo.
Los que ahondan la especulación aseguran que el manejo del cuerpo legislativo encierra ciertos beneficios para encarar una campaña, y explican que la hasta el momento vicepresidenta primera es consciente de ello pero está encerrada en otras presiones. El bloque del PV exige formar parte del tridente de autoridades.
A nivel de bloque, el único que votó en oposición a las autoridades actuales fue el PV. Es decir, un ala de los que acompañaron la última candidatura a gobernador de Urtubey se alió abiertamente al romerismo, al olmedismo y al PRO local, es decir el bloque del PJ, mientras que la otra facción U -el PV- quedó fuera de la distribución de cargos en la conducción del cuerpo deliberativo. El PV, con cuatro escaños, tiene sed de revancha.
“Fuimos el único bloque que votó en contra de las autoridades”, rememoró la concejal Lihué Figeroa del PV. Éste bloque viene de un cierre de 2016 agitado: la votación para vivar el ataque de las fuerzas militares a las formaciones irregulares del ERP en Manchalá, promovido por Suriani del PRO, dividió las aguas. Figueroa está referenciada con los movimientos que bregan por los valores de verdad, memoria y justicia, particularmente en lo que respecta a la última dictadura corporativo-militar iniciada en 1976. Repudió la iniciativa del edil del PRO, aunque sus compañeros de bancada -David Leiva, Mario Moreno Ovalle y Luis Hosel- fueron de los que apoyaron el negacionismo.
Virginia Cornejo del PRO, consideró que estaría de acuerdo con que continuaran las mismas autoridades porque “Villada le puso orden al Concejo”. Guiño para Ricardo. Sin embargo, no descartó que el agitado año electoral sea un escenario propicio para desafectar de tales responsabilidades a quienes tengan aspiraciones de ocupar una banca en la Legislatura de la Provincia.
Agenda legislativa para 2017
Consultados por los proyectos que impulsarán este año, los ediles de las distintas fuerzas políticas coincidieron en recaer principalmente en las enmiendas que quedaron sin tratamiento o truncadas el año pasado, o en aquellos temas que ya se han venido trabajando.
En el primer grupo, el concejal unibloque de la UCR, Salim, subrayó que “el año pasado quedaron algunas cosas pendientes”, y mencionó su moción de discutir “la habilitación de las cadeterías, porque las agencias pretenden que los cadetes sean independientes sin tener que hacerse responsables de cargas sociales”.
Foffani, del PO, resaltó que “hasta que cerró 2016, el Ejecutivo no envió los términos de la prórroga del contrato con Agrotécnica Fueguina, no sabemos qué arreglaron y porqué se continúa la relación con una empresa que no cumplió el contrato anterior y contra la que se está llevando a cabo una causa penal”. Además planteó que se buscará que el Ejecutivo municipal no dilate la regularización de dominios de tierras para que aquellos barrios vulnerables puedan tramitar su acceso a los servicios básicos (agua, luz y gas natural).
La única mujer del PV, Figueroa, consideró que será importante discutir un régimen de becas para estudiantes de instituciones públicas porque actualmente es sólo para los que asisten a establecimientos privados. Además destacó el proyecto para ampliar los aportes a centros vecinales de Hosel, y el de arte en los barrios de Leiva, sus compañeros de bloque.
Cornejo (PRO), Arroyo (SNU-omedismo) y Fonseca (PJ), parte del gran interbloque que se unificó para erigir el tridente de autoridades que manejó el Concejo el año pasado, corrieron mejor suerte con sus iniciativas, la mayoría consiguió aprobación.
Cornejo se comprometió a bregar para que se cumplan sus proyectos aprobados sobre ordenamiento del tránsito y reconfiguración del esparcimiento nocturno; Arroyo afirmó que para este año promoverá la segunda edición de unas jornadas de Perspectiva de Género para legisladores, y buscará que se abra la oficina de violencia de género del Concejo. En tanto que Fonseca aclaró que seguirá comprometida a las “problemáticas sociales”, y enumeró entre ellas la violencia contra la mujer y los consumos problemáticos.