El gobernador Gustavo Sáenz prometió “rebencazos” para todo aquel que se oponga al federalismo y entre los principales candidatos a recibirlos estaría su ministro de Producción, Martín De Los Ríos. El funcionario del poncho impregnado al hombro desestimó la posibilidad de aumentar las regalías mineras de 3% a 5%, tal como prevé una de las modificaciones a la ley bases. ¿Federalismo para la tribuna?

Kim Im Porta

Un justificativo tan recurrente como trillado a la hora de referirse a la flexibilidad de la actividad minera, es la necesidad de dar un “buen mensaje” al mundo de las inversiones. De acuerdo a este razonamiento, la propensión a invertir en la provincia es inversamente proporcional al nivel de beneficios que sus habitantes esperan de ella. Esto último abarca desde la contratación de mano de obra local, hasta el porcentaje de regalías que percibirá el Estado provincial.

Fue ese mismo argumento el que utilizó el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, para descartar un aumento de las regalías mineras que hoy están fijadas en 3%. La posibilidad de elevar ese porcentaje a 5% se da a partir de una modificación introducida por el senado durante el tratamiento de la ley bases, ratificada esta semana por la cámara baja de la Nación.

“El verdadero impacto de la inversión minera es mucho más que un punto más o menos de regalías. Esto tiene el contrapartido de ser un pésimo mensaje al mundo inversor”, justificó el ministro en diálogo con FM Ya. Y agregó que “dar la señal al mundo de la minería, de modificar de pleno la estabilidad financiera de las entidades fiscales, el mensaje es muy malo”. En resumen, la sola posibilidad de ampliar el ridículo porcentaje que percibe el estado por las explotaciones mineras que se desarrollan en el territorio, según De los Ríos, “pone en riesgo una serie de inversiones”.

Como siempre, el impacto real de las medidas fiscales en la creación de condiciones para la inversión resulta imposible de medir en forma seria. Cuesta imaginar a los capitales multinacionales resignando la posibilidad de explotar una de las pocas áreas del planeta donde se concentran grandes cantidades de litio por dos puntos porcentuales de recaudación. De igual manera, la historia reciente demostró que la ausencia de regulaciones no deriva precisamente en cataratas de inversiones. En boca de las autoridades locales, la preocupación por no enviar un mensaje negativo a los inversores resulta sencillamente inverosímil.

¿Qué dice el nuevo régimen de regalías?

La inclusión de la suba de regalías -que obtuvo visto bueno del jefe de Gabinete Guillermo Francos- fue presentada por el senador santacruceño José María Carambia y fue lo que destrabó la negociación para que la Ley Bases pueda discutirse en el Senado. La propuesta de Carambia, considerado como un “dialoguista”, allanó el camino para que el proyecto avance. Así, el Ejecutivo aceptó subir del 3% al 5% las regalías en boca de mina que podrán percibir las provincias mineras.

“Hoy celebramos el avance en la modificación de la Ley de Minería: las regalías aumentarán un 80%”, había manifestado por entonces Carambia en sus redes sociales y agregó que esta modificación, que se refleja en el artículo 22, de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, “marcará un hito al elevar las regalías del 3% al 5%. Este incremento, tendrá un impacto directo en las arcas de cada provincia productora, promoviendo un mayor desarrollo regional y bienestar para nuestras comunidades”.

Hasta ahora, esa normativa determina que “las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”.

El lobby resiste

Tras el dictamen favorable que añadía el artículo propuesto por el legislador santacruceño, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) rechazó la propuesta y argumentó que eso contradice los principios fundamentales de la Ley Bases y del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

“Ante las discusiones en torno a la Ley Bases y la posible modificación de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, desde CAEM queremos señalar que un aumento en el porcentaje de las regalías va en contra de los esfuerzos previos por crear un entorno más competitivo para el país”, indicaron a través de un comunicado.

Además, señalaron que la Ley de Inversiones Mineras busca ser un paraguas que brinde certezas a las empresas dispuestas a realizar importantes inversiones productivas a largo plazo en Argentina. “Modificar esta herramienta clave tendría consecuencias en la confianza en nuestro país como destino de inversiones y tendría efectos contrarios a los que se busca promover con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, enfatizó la CAEM.

Federalismo de cartón

En un contexto de ajuste, recorte de partidas extraordinarias y paralización de la obra pública a nivel nacional, el planteo del ministro De los Ríos parece ir a contramano del mantra libertario “no hay plata”, según el cual, las administraciones provinciales están empujadas a generar sus propios recursos. La prédica del ex-dirigente PRO también contradice los planteos del primer mandatario provincial volcados la semana pasada en la TV nacional. En diálogo con LN+ el gobernador prometió despertar a “rebencazos” al poder central y aleccionar con el mismo método a todo aquel que se oponga al federalismo.

Las proyecciones del gobierno provincial dan cuenta que hacia 2026 los ingresos por regalías mineras rondarían los 71 millones de dólares anuales. Con la legislación vigente desde 2021, la distribución de las regalías en Salta pasó de 50% al 11,25% para los municipios productores. El 6,25% va para el resto de los municipios que integran el departamento donde se realiza la explotación. Un 2,5% se destina al resto de los municipios de la provincia mientras que el 10% debería ir a un fondo de promoción minera sobre el que todavía no hay novedades. El 70% de los fondos van a las arcas provinciales.

La provincia alberga 37 proyectos mineros que se encuentran en distintas etapas de construcción y buscará elevar esa cifra en los próximos meses. En julio saldrán a la venta los pliegos para iniciar el proceso de licitación nacional e internacional a fin de adjudicar nuevas concesiones en 37 mil hectáreas del Salar Arizaro, uno de los 14 yacimientos ubicados en la provincia.

Con un costo de producción aproximado a los 4 mil dólares por tonelada, el precio de mercado para el producto se estableció en los últimos meses en 20 mil dólares por tonelada, pero promedió los 40 mil dólares en 2023 y llegó a superar los 90 mil dólares en 2021, cuando la salida de la pandemia hizo explotar la demanda a partir del incremento de fabricación de autos eléctricos accionados por baterías de litio.