Observe las figuras de la foto e intente descubrir diferencias neurálgicas entre ellos. No se esfuerce más. Ni un vidente podría lograrlo. Un episodio de nuestra historia lo confirma: Salta Forestal, el fragmento de un todo provincial que Ulloa, Romero, Urtubey y Macri celebran entusiasmados. (Daniel Avalos)
Aclaremos rápido que la no mención al exgobernador Hernán Cornejo no obedece al rasgo invisible del mismo sino a aspectos de otro tipo: no haber dejado más huellas en la historia provincial que la de un periodo confuso, caótico, con planes de gobiernos ambiguos y una gestión caricaturesca en tanto especie de degradación con respecto a lo que le antecedió y luego le siguió.
Aclarado el punto detengámonos en los hombres de la foto. Se reunieron en la inauguración del museo al prócer salteño Martín Miguel de Güemes, quien ingresó a la Historia nacional por haber ayudado a forjar, conservar y consolidar hace 200 años nuestro país, subordinando al anhelo de soberanía nacional el resto de las pasiones y la vida misma. Hombres que de cuando en cuando hicieron algunos esfuerzos para diferenciarse aunque las diferencias giraban en torno a asuntos nimios, de esos que no amenazan la matriz productiva que forjaron en la provincia enriqueciendo a pocos y precarizando a muchos. Lo podemos pincelar con el caso de Salta Forestal, que en tanto fragmento de la historia provincial, colorea los detalles de una totalidad que le otorgó sentido: el triunfo del neoliberalismo en la provincia.
Ese triunfo comienza a inscribirse con el hombre de pelo canoso, jopo rebelde y que fue gobernador de facto entre 1977 y 1983 cuando la dictadura que lo catapultó al poder corrió despavorida tras el desastre de Malvinas. Un Roberto Augusto Ulloa que ahí nomás conformó un partido cuyo rasgo esencial en sus orígenes fue considerar al justicialismo como lo absolutamente otro. Y allí empezó la aventura electoral que la web del Centro de Estudios Nueva Mayoría permite reconstruir al menos para la categoría diputado nacional: 7,7% de los votos en 1983 para dos años después saltar al 22,7%. En 1987 baja la performance, aunque con el 19,7% advertía que se había transformado en una fuerza sólidamente instalada en el tablero político provincial. De allí que en 1989 le disputara a la UCR el rol de segunda fuerza provincial: mientras el PJ triunfa con el 39,7% y la UCR alcanza el 25,8%, allí, a corta distancia, la denominada Confederación Federalista Independiente que lideraba el PRS cosechaba el 25,6%. Dos años después logra lo que ocho años atrás parecía imposible: triunfar en las elecciones a gobernador de 1991 con el 53,3% de los votos frente al 36% que obtuvo el PJ.
Con legisladores nacionales propios, con el control de la cámara provincial y con Ulloa en el gobierno; el PRS hizo lo que su ideología le ordenaba: sumarse entusiastamente a las radicales reformas neoliberales impulsadas por Menem aunque haciendo mal lo que Menem y el justicialismo hicieron lamentablemente bien. Lo que no podrá negársele al exdictador es que lo intento y que para ello se valió de dos de las herramientas jurídicas fundamentales del menemismo: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado.
La primera, en nombre de la crisis, disponía la suspensión de subsidios y transferencias estatales a las empresas y sociedades del Estado profundizando su descapitalización; la segunda autorizaba la intervención de las mismas a fin de elaborar criterios y cronogramas para su privatización. Roberto Augusto Ulloa así lo hizo. En 1993 declaró sujetas a privatización diversas empresas, incluida Salta Forestal (Decreto 60 del 23/01/93). Un año después dispuso su privatización (Decreto 754 del 25/04/94). La estrategia neoliberal fue exitosa y el eslogan que impulsaron la dictadura y el menemismo comenzaba a imponerse también acá: achicar el Estado era engrandecer la provincia.
Ulloa, sin embargo, vacila, se sofoca con palabras y es incapaz de derrotar las resistencias populares sin la ayuda de los fúsiles empleados durante la dictadura. Es entonces cuando emerge Juan Carlos Romero quien montándose sobre el desencanto de la población con Ulloa, contando con el apoyo del propio Menem y la confianza de los agentes económicos, se dispone a lograr lo que el PRS no podía hacer: profundizar la entrega de la provincia a los agentes privados. Evitemos desandar el recorrido electoral de Romero en aquellos años. Concentrémonos en señalar cómo finalmente puso a Salta Forestal en manos de actores privados mientras el episodio graficaba la consolidación de una política arboricida que provocó en sus cultores hábitos precisos: monte que veían, monte que tumbaban.
Lo primero puede resumirse fácil: asegurando que la provincia requiere al agente privado para generar riqueza que luego se derramará sobre la sociedad, Romero se impone la tarea de seleccionarlos. Allí aparece la familia Olmedo: en 1997 conforma la firma ECODESARROLLO S.A.; en 1998 presenta un proyecto de licitación por Salta Forestal que el gobierno provincial declara de interés público (Decreto 1140/98); en 1999 gana la licitación (Resolución 188/99 del Ministerio de la Producción) para, finalmente, tomar la posesión del predio en julio del 2000. El episodio, decíamos, es un fragmento particular de una totalidad que le otorgó sentido y que acá podemos cuantificar: 609.320 hectáreas desmontadas entre 1998 y el año 2006. La información surge de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que, a pedido de auditores nacionales, en el año 2013, detalló que entre 1998 y 2002 las hectáreas desmontadas en Salta fueron 194.386 y que entre los años 2002 y 2006 la cifra se estiró a las 414.934 hectáreas
La conducta arboricida de Romero fue tal, que bien podría considerárselo el impulsor de Ley de Bosques. Al menos así lo confesó quien por entonces era diputado nacional e impulsor de la misma: Migue Bonasso quien en su libro El Mal asegura que dos momentos del gobierno de Romero fueron claves para la ley: el primero ocurrió en abril de 2005, cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural” y rematados en lotes subdivididos en siete parcelas; el segundo ocurrió en noviembre del 2007 cuando Romero aprovechó la demora en el Senado para aprobar la ley y autorizó el desmonte de 478 mil hectáreas. Ante ello, el 21 de noviembre del 2007 el senado nacional dio la media sanción que mezquinaba desde junio de ese año cuando el proyecto fue aprobado por los diputados de la nación. La ley reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que se realizara un ordenamiento territorial que debía establecer qué selvas debían preservarse, cuales podían desmontarse parcialmente y cuáles eran los bosques que podían talarse sin restricciones.
Por entonces Urtubey ya comandaba los destinos de la provincia. Conformó un frente con varias fuerzas políticas aunque la principal de ellas era el PRS que Roberto Augusto Ulloa había fundado. Partido que desde su alianza con el propio Urtubey agoniza en el sentido de luchar desesperadamente para no dejar de existir. Pero dejemos ese lado de la historia para recordar que Urtubey nada hizo para modificar la matriz económica que Ulloa enunció, Romero ejecutó y el actual mandatario resguardó incluso con artilugios que la Auditoria General de la Nación denunció en un informe rubricado en octubre de 2013 aunque publicado en la web del organismo nacional recién en mayo de 2014.
Los auditores se habían hecho eco de las denuncias por desmontes ilegales en la provincia y se abocaron a analizar la ley de bosques que el propio Urtubey hizo aprobar en diciembre de 2008 y de la que los auditores dijeron lo siguiente: que la ley salteña contemplaba “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331” por la que Bonasso tanto había trabajado. El artilugio posibilitó que las áreas catalogadas con el color rojo se volvieran amarillas y las pintadas de amarillo se convirtieran en verde con un recurso administrativo sencillo: que el dueño de las tierras solicitara una recategorización que el gobierno “U” autorizaba en forma exprés. En abril de 2014, distintas organizaciones denunciaron que el artilugio había provocado el desmonte de más de 400.000 hectáreas, de la cuales 120.000 se ubicaban en zonas protegidas.
Las repercusiones del informe de la auditoría nacional disciplinaron la inclinación a tumbar montes y en eso se estaba cuando en el ballotage presidencial de noviembre de 2015, el otro hombre de la foto -Mauricio Macri- se convirtió en presidente y los dueños del país y de la provincia suspiraron aliviados. A quince meses de aquel suceso, la firma ECODESARROLLO que administra Salta Forestal celebra que el Estado provincial con Urtubey a la cabeza le condone una deuda de casi 300 millones para quedarse con las peores 81.000 hectáreas del predio que mayoritariamente se entregaran a otros agentes privados que presurosos irán a ocuparlas porque saben ya que el mismo Estado recategorizará el uso del suelo con la venia de la Casa Rosada. En fin, no se trata de un círculo vicioso. Se trata de un espiral de saqueo que va girando sobre su eje aunque cada vuelta suponga colonizar una porción mayor de la provincia.
Habrá que admitir que todos cargamos con algunas culpas al respecto. Desde esa oposición política que careciendo de inventiva se resiste hasta renovar viejos y altisonantes principios que sólo deslizan a sus practicantes a las acciones imprácticas; hasta la sociedad civil de la que formamos parte y se asemeja a un rebaño que prefiere la servidumbre al desorden, aun cuando los cabrones que dirigen a las cabras las lleven hacia a un precipicio y se apresten a indicarnos que debemos saltar al agua.
