Desdichadamente, a veces hay que reiterar cosas ya dichas por aquello de los oídos sordos o de las cabezas cerradas. Pero lo que sucede es que en la reforma constitucional que se tramita en nuestra provincia a partir de la semana pasada, hay dos cuestiones especialmente polémicas y es necesario fijar posición, nuevamente, respecto de ellas. Reitero, ya lo dije pero mejor insistir.

Por Alejandro Saravia

Las dos cuestiones polémicas son las relativas a la Corte de Justicia y a la Auditoría General de la Provincia, a la sazón dos organismos de control de los poderes políticos cuyos miembros integrantes, paradójicamente, son designados por el mismo poder político que debe ser controlado.

En principio no es bueno, por obvias razones, que el controlado designe al controlante. Por la sencilla razón de que el hecho de la designación marca ya una especial relación de subordinación de hecho entre el designado y quien lo designa, a menos, claro está, que entre la elección de un candidato al puesto y la designación, intermedie algún acto o acontecimiento que interrumpa esa vinculación. Puede ser un concurso; una consulta popular; una compulsa a sectores especializados en la temática a tratar; o bien la autoridad que brinda un prestigio indiscutido, una línea de conducta.

La cuestión es interrumpir esa vinculación y optar por los más idóneos, estableciendo algún procedimiento que señale precisamente eso, quiénes son los más idóneos. La idoneidad, por otra parte, es una condición ya establecida en las Constituciones nacional y provincial, pero todos sabemos cuál es la relación de nosotros, los argentinos, con las normas. Y, quien no lo sepa que lo lea a Carlos Nino. O bien que salga del frasco y camine un rato por cualquier calle.

Lo que voy a señalar ahora ya lo dije varias veces anteriormente. Pero lo voy a reiterar porque marca una dirección, un rumbo. Y como creo que andamos bastante desnorteados en ese tema, creo en su utilidad. Cuando Mitre, en 1863, posesionó en sus cargos a los primeros integrantes de la Corte Suprema de la Nación, dijo:”…Como Presidente de la Nación busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado, y que, viniendo de la oposición,  dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una total y absoluta independencia del Poder Judicial…”

Como dirían nuestros hermanos altiplánicos esas palabras son harto sustanciosas, pero por ahora nos vamos a limitar a uno o dos puntos, relacionados. Mitre no designó amigos, buscando independencia de la justicia puso personas de la oposición. Eso es lo que da a los ciudadanos seguridad de la amplia protección de sus derechos y garantías individuales. Pero también da el contralor de las demasías de los otros poderes, para usar sus palabras.

En esa dirección, los otros días, al producirse una vacante por renuncia de uno de los integrantes de la Corte Suprema, se le consultó al constitucionalista Gil Domínguez, miembro de la llamada maliciosamente Comisión Berardi -por uno de sus integrantes y defensor, a su vez, de la vicepresidenta Fernández de Kirchner- se le consultó, decía, sobre quién debería ser el nuevo o la nueva integrante y qué condiciones debería reunir. Gil Domínguez respondió que siendo varones los otros cuatro integrantes y siendo mujer la renunciante, no hay duda alguna que debería ser una mujer. Y que ésta, como todos los integrantes de la Corte, debía reunir cuatro características o requisitos insoslayables: trayectoria; prestigio; idoneidad; independencia.

Si uno analiza esos cuatro requisitos que deben reunir –insisto: deben reunir, sí o sí, los cuatro juntos, no uno de los cuatro, pícaros abstenerse- se percibe con claridad que están concatenados. Una gran trayectoria profesional, en la calle o en tribunales, da prestigio. Ambos, garantizan idoneidad, pero aún más, esos tres sumados otorgan autoridad, de la que deriva la legitimidad y, necesariamente, la independencia. Porque hay un prestigio que cuidar, una trayectoria. La verdadera independencia no surge de las garantías con que se los rodea a los jueces: inamovilidad, intangibilidad de los sueldos, etc. La verdadera independencia es subjetiva. Se vincula a la dignidad personal. Una persona indigna no va a ser independiente aunque se lo nombre para toda la vida. Y una persona digna va a serlo aún resolviendo un solo caso. Aunque dure un día.

Seguramente alguno me habrá escuchado o leído criticar a la Corte de Justicia de la provincia. Lo hago como ciudadano y, ellos, como funcionarios públicos, están para soportar críticas. Si no es muy fácil. Los intocables son otros. Son los de las castas de la India o los de Elliot Ness, pero no los funcionarios públicos. Aún más, no tengo cuestiones personales. Con algunos de ellos hasta tomaría un té con tostadas. O, si quieren algo más sofisticado, con scons.

Pero a lo que voy, y con una mano en el corazón, ¿reúnen ellos esas cuatro características? ¿Trayectoria, prestigio, idoneidad, independencia? Las cuatro, no una.

Para no alargar en demasía pasemos a la Auditoría General. No basta que sus miembros salgan de la oposición. Estamos inmersos políticamente en una realidad proteica, cambiante. Todo está en ciernes. Estamos viviendo el final de una larga transición. Y estamos inmersos en una profunda crisis. Los políticos, les guste o no, son uno de los sectores privilegiados. Se convirtieron, ellos sí, en una clase, una casta, una oligarquía. Desde los 90 en adelante la política se transformó no sólo en una forma de vida sino en una manera de enriquecimiento. Nunca vi funcionarios públicos tan ricos, que antes de serlo eran tan pobres. Hasta Milei se da cuenta y se los enrostra.

Por ello es que los integrantes de la Auditoría General deben surgir no de ese ámbito, ya que acá no se sabe quién es oficialista y quién oposición y qué intereses unen a unos con otros.  Es un cambalache. Por ello mismo es que deben surgir de un concurso objetivo de idoneidad, la que comprende dos matices: capacitación y honestidad. Al menos, hasta que la política vuelva a ser lo que era: una pura vocación de servicio.

ALEJANDRO SARAVIA