Le piden al Coordinador de las Fiscalías Federales, Eduardo José Villalba, que actúe y permita libre circulación. Aseguran que esas protestas perjudican a la población. Y si bien entienden la necesidad del diálogo, manifestaron que hace falta que la justicia haga respetar la Constitución.
Francisco Vidal, de la Asociación Prograno; Joaquín María Elizalde, de la Sociedad Dural Salteña; Juan Carlos Segura, de la Cámara salteña de la Construcción; Ricardo Javier Cerusico, de la Cámara de Comercio Exterior de Salta; y Gustavo Di Mecola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta (entre otros), presentaron una carta ante la Fiscalía Federal.
En la nota presentada expresaron profunda preocupación por la falta de acción por parte de las Fiscalías Federales con respecto a los continuos cortes que se llevan a cabo desde hace tiempo en las Rutas Nacionales N° 51, 34, 86, 9, 50, 68 y 16. Según los denunciantes, estas vías de comunicación son de vital importancia para la provincia de Salta y los cortes han obstaculizado el tránsito durante los últimos 20 años, privando a los habitantes de las localidades y trabajadores de poder ejercer su derecho constitucional de circular libremente.
En la misma nota, los denunciantes también manifestaron su preocupación por una intervención del Fiscal Coordinador de las Fiscalías Federales, Eduardo José Villalba, en respuesta a una consulta de la Gendarmería Nacional.
También se quejaron en la nota presentada al Fiscal Coordinador de las Fiscalías Federales, Eduardo José Villalba, de otro detalle. “Nos preocupa aún más la información que hemos recibido acerca de una intervención suya en respuesta a una consulta de la Gendarmería Nacional, el pasado 7 de junio, en la que se discutía el enfoque a seguir ante el corte total de ruta que se llevaba a cabo en San Antonio de los Cobres con cuatro días de bloqueo, en donde se sometió como rehenes a los ciudadanos que circulaban y habitantes de esa zona. Según se conoció, usted se ofreció como vocero de los reclamos y sugirió a los manifestantes que se retiren para el caso de que el gobierno no ofrezca soluciones satisfactorias. Se entendió que podrían continuar con la medida de fuerza, y así ocurrió, prolongándose dos días más con un corte total. No es menor resaltar la respuesta contundente que recibió usted por parte de la referente de dicho piquete, quien le ordenó que tramite el petitorio, cortándole el diálogo inmediatamente. Nos resulta alarmante que ante la comisión de hechos delictivos, la Coordinación Federal o la Procuración General de la Nación promuevan este tipo de intervenciones y expongan a los fiscales a extorsiones, como las acontecidas”, dijeron.
En la misiva también aseguran que, si bien entienden la importancia del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, les preocupa que ante estas situaciones las respuestas de los fiscales “se prolonguen indefinidamente, perjudicando a un sinfín de ciudadanos que no tienen la posibilidad (como sí la pueden tener los que reclaman) de recibir vuestro llamado, gestionar sus petitorios y asegurar su cuidado”.
“Si considera que los funcionarios públicos, incluyendo gobernantes, legisladores e intendentes, no están cumpliendo con sus responsabilidades, le instamos a que tome las medidas legales correspondientes contra ellos. Sin embargo, le solicitamos encarecidamente que no se tomen a los ciudadanos salteños y argentinos como rehenes en aras de alcanzar únicamente acuerdos elegantes”, enfatizaron los integrantes de estas asociaciones y cámaras.
Los denunciantes también destacaron la preocupación por la presencia de individuos que actúan con fines políticos o con el único propósito de generar enfrentamientos y caos en la provincia, sin tener un verdadero interés en los reclamos legítimos de los salteños frente a las injusticias que pueden estar sufriendo. Añadieron que estas acciones perjudican aún más y dificultan la búsqueda de soluciones efectivas y pacíficas, y pidieron que se actúe en consecuencia para defender las instituciones democráticas contra aquellos que utilizan estas protestas como medios para promover sus agendas políticas y desestabilizar el orden de paz.
Asimismo, resaltaron que la Constitución establece un país republicano y federal, con derechos para todos, y cuenta con instituciones democráticas y mecanismos de control para asegurar una convivencia pacífica. Hicieron hincapié en la importancia de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de todos los argentinos, sin priorizar los intereses de unos sobre los de otros ni generar privilegios injustificados.
Por último, los denunciantes pidieron al Fiscal que demuestre una actitud de respeto hacia las leyes y la Constitución. En caso de que no esté en condiciones de dar respuestas ante este tipo de hechos, solicitaron respetuosamente que dé un paso al costado, ya que ejercer una función como la suya implica velar por los intereses generales de toda la ciudadanía. Además, le requirieron que tome medidas urgentes para resolver esta situación, en línea con el mandato constitucional y garantizar una convivencia pacífica.
