Enero y febrero fueron meses complicados para el gobierno provincial que tuvo que enfrentar numerosos episodios de una crisis cuyo fin es aún incierto. A los cierres de ingenios y despidos en San Isidro y El Tabacal, se le sumó la enorme emergencia sanitaria en el norte de la provincia a raíz de las precipitaciones estivales y el desborde de la cuenca del río Pilcomayo, que esta semana recrudeció con el video difundido en redes sociales que muestra el lamentable espectáculo del modus operandi para entregar donaciones a las comunidades originarias damnificadas.
Mientras tanto, otro de estos episodios acontece en la ciudad subtropical de Tartagal y sus alrededores, donde hace más de un mes y medio que el servicio de agua potable o bien no funciona, o abastece agua de pésima calidad para los más de 80 mil habitantes. A esto se suma el insuficiente servicio eléctrico para la demanda existente.
Un problema estructural
La prensa local ha utilizado mares de tinta y desgastantes horas al aire para dar a conocer año tras año más o menos las mismas declaraciones de reciclados funcionarios provinciales y legisladores cuando reverdecen en el norte de la provincia brotes de un problema estructural que atraviesa la región de este a oeste.
San Martín, Orán, Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Sur y Norte, entre otras localidades que forman parte del chaco salteño, se encuentran sumidas en un profundo y evidente atraso en el desarrollo económico y en la calidad de vida de la mayor parte de su población.
Este atraso socio-económico combina en su génesis numerosos elementos. Solo con intenciones descriptivas enumeramos algunos de ellos: a) una explotación desmedida de los recursos naturales, especialmente bosques, que repercute de manera directa y de forma negativa sobre la bio-diversidad del lugar; b) una clase política organizada en partidos de cuño tradicional, como el P.J., P.R. o la U.C.R., que se han mostrado incapaces de dirigir políticas que permitan transformar la realidad de manera radical y brindar soluciones que no se pierdan cuando sus acuerdos por arriba con los gobiernos de turno se desvanecen; y c) una humillante explotación y opresión de mujeres y hombres que lleva ya varios cientos de años, entre ingenios azucareros, extracciones de petróleo, plantaciones varias, desarrollo de producción ganadera, etc.
Que en febrero de 2018 el derecho inalienable del acceso irrestricto al agua potable de calidad y en cantidad sea una realidad ajena para gran parte de los que viven en el norte provincial, es un problema de Estado que como vemos hunde sus raíces en el mismo proceso complejo y contradictorio de constitución de las relaciones entre mercado, gobierno y población en la región. No obstante esto, cómo decíamos más arriba, las declaraciones de funcionarios y legisladores son más o menos las mismas siempre, puesto que los problemas técnicos que se les presentan y sobre los cuáles la prensa cuestiona, son más o menos siempre los mismos.
Queda entonces a la vista de todos, que este problema de Estado –que se nos presenta como un episodio de una crisis en el gobierno de Urtubey- necesita ser abordado con una política correcta para luego ser resuelto en sus aspectos técnicos. De lo contrario, como la experiencia lo demuestra y la prensa lo ha registrado tozudamente, de prevalecer la técnica y agreguemos administración y/o gestión por sobre la política, funcionarios y legisladores podrían estar cosiendo parches hasta el fin de los tiempos o el nuevo período estival.
Son los negocios
Este miércoles 7, hubo una nueva movilización en Tartagal, donde un grupo de vecinos autoconvocados volvió a elegir las calles como método para presionar a los gobiernos municipal y provincial, exigiendo soluciones concretas.
Sara Esper es abogada y una de las voceras y referentes de este grupo cuyas movilizaciones en el últimos mes y medio han llegado hasta las pantallas de canales nacionales, cuando llevaban ya casi 24 días sin servicio de agua potable y corriente.
“Se necesitarían 800 millones de pesos para realizar mejoras de infraestructura en la planta del dique Itiyuro, pero la plata no está, porque el gobierno nacional no va a liberar los fondos debido a que el gobierno de la provincia no le presentó un proyecto, es decir que ambos ejecutivos están al tanto pero no ofrecen respuestas”, nos afirma Esper y señala además que “esta situación nos pone frente a un delito penal y por eso he realizado una denuncia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia y ahora esperamos que el juez Martínez Frugoni y el fiscal den curso a la investigación”. Mención aparte, la casualidad, que quiso que mientras la abogada presentaba la denuncia en el juzgado correspondiente, ocurriera un robo en su vivienda.
¿Y la luz?
Conocedora de primera mano de la maña de funcionarios y legisladores por “poner parches”, Esper declara totalmente fútil la presentación de un amparo colectivo contra Aguas del Norte que realizaron los diputados Ángel Mario Oscar (Partido de la Victoria) y Manuel Oscar Pailler (Frente Ciudadano para la Victoria), y se inclina firmemente por el reclamo y la denuncia en las calles. “Si en el mejor de los casos hacen lugar al amparo, ¿qué se logra? El gobierno se cierra, puede meter tres pretextos y acá seguimos sin agua, y soy una convencida de que si no hay una pueblada esto va a seguir así, y estoy tan convencida, que cada vez que salimos a las calles volvemos y tenemos agua corriente con buena fuerza y tiende a solucionarse el problema de la luz”
Tal como señalábamos, el abastecimiento de agua potable está estrechamente ligado al servicio eléctrico y este es otro problema que necesita ser abordado a través de la política antes que en sus aspectos técnicos. ¿Pero qué sucede que esto no es posible? ¿Sólo es falta de voluntad política?
“Pepe” Barraza es trabajador de la empresa de transporte eléctrico TRANSNOA, reconocido activista y exmilitante de una fuerza de izquierda, y en diálogo con Cuarto Poder, se preocupa por señalar que “el agua y la luz desde hace mucho tiempo son tomados como “unidad de negocio”, más que como servicio público esencial” y agrega luego que “todo está orientado a ver de qué manera las empresas de electricidad y agua sirven para generar ganancias muy importantes sin importar demasiado el servicio. Algo que se refleja en el norte de Salta, como en los departamentos de Orán y San Martín, donde tenemos sobre todo en San Martín, agua con barro, que no es potable, que uno tiene que consumir agua envasada para preservar la salud y evidentemente todo esto es oneroso y muchas familias no lo pueden hacer. Es un conjunto de problemas que van unidos por esta particularidad que es tomar todo como negocio sin importar las consecuencias que generan al conjunto de la población”
Para terminar de pintar este brevísimo cuadro sobre la pésima calidad de los servicios de agua y electricidad en el norte provincial, hablamos con Casandra Sand, periodista y activista trans de Tartagal, quién puso sobre el tapete la realidad de las comunidades originarias: “Nosotras acá desde la “Radio Voz Indígena” estamos vinculados directamente con las comunidades originarias y sabemos muy bien que ahí es apremiante la necesidad de agua potable, como también la falta de energía eléctrica, muchas de las comunidades no pueden acceder a la energía eléctrica porque el Estado nunca ha cumplido con las tareas planteadas en la Ley n° 26.160 para regularizar la situación legal de las comunidades y eso hace que las empresas prestatarias no les brinden el servicio, y son las comunidades las que se tratan de garantizar por sus propios medios el tendido eléctrico y el agua”
¿Y Aguas del Norte?
Estos testimonios contrastan enormemente con la política de ajuste sobre las tarifas de servicios que los gobiernos nacional y provincial vienen llevando adelante, puesto que si el servicio es tan paupérrimo a pesar de los enormes y abultados subsidios, ¿por qué las tarifas aumentan?.
Desde Aguas del Norte la última solicitud presentada al Ente Regulador de Servicios Públicos fue para incrementar a partir de marzo un 21,96% la tarifa para el usuario común, para “compensar la reducción de ingresos que registrará la empresa, a raíz de que el gobierno eliminó a partir de este año el subsidio a la tarifa, que representaba un aporte anual de 198 millones de pesos”. La solicitud fue admitida por el Ente Regulador y a partir este mes los usuarios deberán abonar el aumento en las boletas, incluidos por supuestos los usuarios de Tartagal y alrededores.
Consultamos a Lucio Paz Posse, actual presidente del Directorio de Aguas del Norte, abogado, empresario y dirigente agropecuario, respecto a la delicada situación en el norte provincial. En primer lugar, Posse nos advierte que “está en ejecución el proyecto de acueducto Yacuy 2°etapa y una nueva cisterna en Villa Güemes, más obras complementarias; y en el dique Ytiyuro una nueva toma de aducción en el embalse El Limón junto a una planta potabilizadora. Obras cuyo monto asciende a unos 200 millones de pesos” y deja entrever que uno de los principales problemas, además del clima que no favorece las tareas, es el crecimiento poblacional y el desfasaje con la infraestructura disponible hoy en día.
Pero Paz Posse, que fue candidato en las últimas elecciones legislativas por el frente Unidad y Renovación de Urtubey, también indica que “las obras exceden a cualquier presupuesto provincial, y si tuviésemos un verdadero federalismo en el país las obras estarían”. Incluso yendo en contra de su propio escepticismo político en el “federalismo”, el funcionario presentó la semana pasada ante la CAF y el Fondo Fiduciario Nacional “el plan para una nueva planta potabilizadora”.
Como se puede apreciar, las soluciones técnicas están a la orden del día y prevalecen sobre la política; de hecho, la única acotación política del funcionario es un escuálido cliché sobre el “federalismo” en Argentina, una suerte de excusa siempre disponible.
Sin lugar a dudas, el acceso al agua potable y de calidad en Tartagal y sus alrededores, un problema de Estado que permanecerá presente por mucho tiempo más, siempre y cuando no sea abordado de manera integral. De existir la intención, debiera empezarse por brindar a la problemática, una perspectiva que parta de hacer partícipes a los usuarios y trabajadores de los servicios y las empresas, en el proceso de diagnóstico y evaluación de la situación y en la planificación a su vez, de los soluciones. Soluciones que se darían a su vez, de manera política, y también técnica.
