Una comunidad tupi guaraní reclama por 150 viviendas que se debían construir mediante el IPV e IPPIS pero desde hace meses la obra está paralizada. Denuncian que hubo coimas y malversación de fondos. Cortarán la ruta en Tartagal.
El reclamo de varios miembros de esta comunidad se hizo patente el martes pasado cuando fueron hasta Tartagal para dar a conocer su realidad. A varios les tiraron abajo las viviendas de madera para construir unas de material que nunca fueron terminadas, según puede leerse en la nota publicada por el Nuevo Diario que recopila varios testimonios de las personas perjudicadas.
Se sabe que a los trabajadores de la obra no les pagaron, por lo que se paralizó la construcción desde febrero. En una primera instancia la obra estaba pautada para terminarse en 4 meses, pero hasta ahora, y con el correr del tiempo, no se ha finalizado nada. Denuncian que hubo “coimas y malversación de fondos y corrupción”.
Según indicaron los representantes de la comunidad Tupi Guaraní Piquirenda, la obra se lleva a cabo por un acuerdo entre el IPV, el IPPIS y una Cooperativa contratada. Oscar Vilarica comentó que “las viviendas quedaron a medio hacer” y tras una largo peregrinar para que fueran terminadas hasta ahora no han obtenido respuestas. “Nosotros queremos que se pague la obra que se ha realizado, porque tenemos hasta la capa aisladora y no tenemos más material para seguir”, agregó Hipólito Fabián, otro de los perjudicados quien además pidió que se resuelva la situación que perjudica a muchas personas que actualmente están viviendo hacinadas en habitaciones provisionales (hay hasta 10 personas metidas en una pieza), en espera de que se resuelva su situación.
