A casi dos semanas de que se reglamentara la Ley Argentina Digital, el Congreso de la Nación pondrá en funcionamiento la comisión bicameral encargada de monitorear su implementación y la de la Ley de Medios. La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), será la autoridad de aplicación de esta nueva ley de telecomunicaciones.
En una reunión programada para este martes, los legisladores darán cumplimiento a la ley 27.078 que establece el reemplazo de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (de la Ley de Medios) por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.
El cuerpo, que será permanente, estará integrado por ocho senadores y ocho diputados en proporción directa con el peso de cada bloque en las respectivas cámaras legislativas. Será presidido por la jujeña Liliana Fellner.
Al adquirir las funciones de la Bicameral de la Ley de Medios, la nueva comisión asumirá el rol de proponer al Poder Ejecutivo los candidatos para la designación de tres miembros del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de tres miembros del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) y del titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todos estos cargos ya están ocupados, informó el sitio el Parlamentario.
Pero ahora deberá proponer al Ejecutivo los candidatos para la designación de tres miembros del directorio de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), que será la autoridad de aplicación de la nueva ley de telecomunicaciones.
La Ley Argentina Digital declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista.
Asimismo autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión -excepto la satelital- y declara a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. Sin embargo, no le da el mismo status a la telefonía móvil, lo que constituyó una de las quejas de la oposición.
La iniciativa también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional -que implica mayores costos de la llamada- y prevé velocidades mínimas de las conexiones. Además, incorpora el concepto de neutralidad de la red, esto es, que el servicio de Internet no pueda variar la velocidad o las condiciones a las que se accede a los distintos sitios web.
