El Concejo Deliberante de la ciudad de Orán enfrenta una grave crisis institucional desde el 1 de octubre, cuando quedó paralizado sin poder realizar sesiones ni tomar decisiones clave. La situación está marcada por la falta de quorum y la no aceptación de renuncias, lo que ha generado tensiones entre los concejales. En este contexto, el Defensor del Pueblo de Orán, Hernán Mascietti, presentó una denuncia penal contra la presidenta del Concejo, Alejandra Pato, y el exsecretario legislativo Carlos Manzur, acusándolos de abandonar sus puestos de trabajo.

Mascietti destacó que esta crisis tiene consecuencias políticas y sociales, ya que la ciudadanía de Orán no está viendo la actividad de sus representantes. Aunque los funcionarios renunciaron, sus dimisiones no han sido aceptadas formalmente, lo que genera un vacío institucional. El Concejo no ha sesionado desde hace semanas y no se han tratado los expedientes acumulados, agravando la inoperatividad del cuerpo legislativo.

Además de la denuncia penal, el Defensor presentó otra ante la Auditoría General de la Provincia de Salta, solicitando una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión del Concejo. A pesar de la gravedad de la situación, Mascietti rechazó la posibilidad de una intervención desde la Legislatura Provincial, señalando que esto sería vergonzoso para Orán y abogó por una solución política para que los concejales asuman sus responsabilidades.

La falta de acción del Concejo ha sido calificada como un incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que podría desencadenar una investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Complejos de Orán. Esta inactividad ha provocado un escándalo que ha captado la atención pública, con comparaciones injustas con otras ciudades como Aguas Blancas o Rosario, que enfrentan problemas relacionados con el narcotráfico, aunque Orán aún no ha llegado a esos niveles de violencia.

El Defensor del Pueblo y otros actores políticos instan a los concejales a resolver la crisis, convocando una sesión para aceptar las renuncias pendientes y designar nuevas autoridades. De lo contrario, advierten que la intervención de la Legislatura será inevitable. La situación sigue generando un intenso debate, mientras se espera una reunión clave para el próximo jueves que podría ser la última oportunidad para evitar un colapso mayor.