La jueza de Violencia Familiar y de Género, Carolina Cáceres Moreno, en una resolución histórica ordenó al arzobispo de Salta y a tres sacerdotes hacer capacitaciones en género.

Andrea Sztychmasjter

En una resolución judicial histórica, en una provincia donde el poder clerical decide gran parte de las disposiciones sociales de los y las salteñas, la magistrada Cáceres Moreno respondió con una resolución con perspectiva de género de 87 páginas el intento de cierre de las actuaciones judiciales contra el Monseñor Mario Antonio Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.

Cáceres Moreno, ordenó sostener las medidas de restricción de las monjas del Convento e intimar a Cargnello y a los otros tres sacerdotes a que hagan capacitaciones en género e inicien un tratamiento psicológico.

Tal como lo había adelantado el abogado del arzobispo, Eduardo Romani y al cumplirse el plazo, el abogado apeló la resolución emitida el viernes último en nombre del arzobispo y Ajaya, mientras que Pablo Pfister lo hizo por De Elizalde y Carlos Cornejo Costa por el vicario judicial.

Durante la semana el letrado brindó entrevistas mediáticas donde no solo cuestionó la perspectiva de género de la resolución judicial a la que consideró estar “teñida por cuestiones ideológicas” sino que además cargó directamente contra el accionar de la jueza al señalar se produjo “una agresión gratuita” contra la cabeza de la iglesia católica en la provincia. Así como también indicó que la fiscala penal de Violencia Familiar y Género 3, Gabriela Davalos, pese a “ser mujer” consideró que las denuncias por violencias machistas no configuraron delito penal.

“En su momento, es decir en el año 2022, la juez de violencia de género corrió vista de las actuaciones a la fiscalía para que analice las denuncias, y determine si las mismas configuraban la sospecha de la comisión de un delito que ameritara ser investigado por la justicia penal. Y la fiscal -una mujer- respondió que de las actuaciones no surgía esa situación. Es más, en otras dos oportunidades más, volvió a girar las mismas actuaciones a la misma fiscalía, y las tres veces la respuesta fue la misma, por eso el tema jamás llegó al fuero penal, ni se formuló imputación alguna”, manifestó el abogado de la curia.

Probada las violencias

En la reciente resolución la magistrada concluyó “que las carmelitas han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años”, es decir desde que Cargnello es arzobispo y realizó un profundo análisis descriptivo de los términos de violencia y poder. Para ello citó a Hannah Arendt, filósofa alemana de origen judío, conocida
principalmente como ensayista política, una de las pensadoras más
influyentes del siglo XX.

“Tenía una visión muy particular del poder y la
violencia. Para esta autora, a contrario de un sector importante del
pensamiento político, la violencia no se identifica nunca con el poder, ni
tampoco es capaz de producirlo; más bien, serían fenómenos contrarios”, describe la resolución al citar a la filósofa : “El poder y la violencia se oponen el uno a la otra; allá donde uno domina, la otra está ausente. La violencia aparece cuando el poder peligra, pero si se
permite que siga su curso, lleva a la desaparición del poder. Lo cual implica que es
un error pensar que lo opuesto de la violencia es la no violencia; hablar del poder
no violento es una redundancia” (Sobre la violencia, Hannah Arendt)

En tanto que la jueza para explicitar las concepciones de violencia de género en su resolución, se vale de las conceptualizaciones desarrolladas por la antropóloga Rita Segato, al entender que la violencia de género no es un problema aislado o que pueda entenderse de manera individual; es un fenómeno social y cultural complejo que atenta contra la autonomía, libertad y dignidad humana de la mitad de la población.

La jueza así señala que “En términos sociales y antropológicos, se trata de conductas cometidas a partir de aquello que Rita Segato denomina ‘mandato de masculinidad’: una imposición de violencia y dominación sobre el sujeto masculino, que debe erguir su potencia frente a los demás varones, espectacularizarla frente a los otros; “el mandato de masculinidad es algo que simultáneamente le da una investidura a aquellas personas que cargan un cuerpo masculino y, al mismo tiempo, para mantener esa investidura tienen que hacer una lista grande de sacrificios”. Explica la antropóloga que uno de esos sacrificios es titularse cotidianamente, de modo de evitar que los pares de su grupo corporativo de masculinidad -sus cofrades- sospechen su falta de compromiso con este mandato: “es un momento en el que un hombre no puede demostrar que se titula como hombre sin un control territorial y es allí donde el control sobre el cuerpo de la mujer, como territorio, se torna objeto de su titulación”

(Entrevista a Rita SEGATO. Recuperado de: https://www.pressenza.com/es/2018/09/lamasculinidad-es-un-título-la-feminidad-no-rita-segato/

Cáceres Moreno en su escrito detalló los hechos de violencia recurrentes que padecieron las monjitas, tales como «la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica». Asimismo, «lo actuado por Monseñor Mario Antonio Cargnello y el Sacerdote Lucio Francisco Ajaya en ocasión del velorio de la hermana M. en el cual las denunciantes padecieron violencia de género del tipo física y psicológica», describió.

El eje del conflicto entre las carmelitas y el Arzobispado es el apoyo de las monjas a la devoción por la Virgen del Cerro y su vínculo con María Livia Galliano, la mujer que desde 1990 dice que “ve y escucha” a la virgen.