La estrepitosa caída del ex mano derecha de Bettina “Titi” Romero hizo que esta semana todas las miradas se posaran sobre él. De integrar el trío intocable del inicio de la gestión, pasó a ser delegado como un simple ejecutor de los designios de la intendenta, su papá y su hermano. Movimientos torpes y faltos de legalidad dejan a Daniel Nallar enmarañado en situaciones de las que emana fuerte tufillo a corrupción.
El papelón de las fotomultas
Fue calificado de burro, inepto, mentiroso, hacer lobby para una empresa, o intentar consumar un negociado. Estas fueron solo algunas de las fuertes acusaciones lanzadas hacia Daniel Nallar, por parte de los concejales durante la semana. Es que en el convenio con CECAITRA que denunciáramos desde Cuarto Poder, hubo un intento claro del gobierno de Bettina Romero, de esconder un elefante en un bazar. A todas luces, CECAITRA es una especie de empresa fantasma dibujada como asociación sin fines de lucro. La empresa ha dejado mucho que desear en su paso por otras provincias, donde ya fue denunciada. Pero Nallar en su misión de ejecutor, hasta tuvo la osadía de contarles a los concejales que el periodista Jorge Lanata había cobrado 350 mil dólares para criticar las fotomultas, en un claro papel de defensa de la empresa, y no del erario municipal.
Invocando la figura de «asociación sin fines de lucro», es que se pretendía que la empresa se llevara un 45% de la recaudación en concepto de multas, pese a que el Tribunal de Cuentas, le indicó previamente al Ejecutivo que los montos percibidos por infracciones de tránsito son recursos municipales, y este convenio no se encontraba dentro de la Ley de Contrataciones.
El funcionario hizo caso omiso de las recomendaciones, y ordenó publicar en el Boletín Oficial, el Decreto de aprobación del acuerdo, pero astutamente se guardó sin publicar, el convenio.
El Tribuna de Cuentas le indicó que el acuerdo para la instalación de cámaras de fotomultas, tiene un impacto económico cierto y constatable, dejando así a la luz un negocio encubierto, y no de un convenio de “cooperación sin fines de lucro”, que es lo que Nallar intentó hacerles creer a los concejales en un reciente Plenario, mintiéndoles en la cara.
No conforme con el cúmulo de irregularidades que presentaba la medida y consciente de que las órdenes le indicaban que el negocio debía ejecutarse si o si, Nallar continuó avanzando, sin girar el procedimiento al Tribunal de Cuentas para su correspondiente control.
En resumidas cuentas, se publicó información retaceada en el Boletín Oficial, se pasó por encima del Tribuna de Cuentas, se obvio la correspondiente consulta al Tribunal de Faltas como órgano de aplicación, y tampoco se dio parte al Concejo Deliberante, a donde tienen que remitirse todas las partidas presupuestarias. Una vez más Nallar y la intendenta Bettina Romero se rieron en la cara de los concejales que alertados, y cansados de tanto ninguneo, hicieron escuchar su voz en la semana hasta el punto de casi hacer naufragar el proyecto.
Cabe aclarar que sólo se trató de un grupo de concejales el que dio pelea contra el atropello, ya que hubo unos cuantos que cesan en su función y que están en plena tratatativa, o con esperanzas de seguir prendidos de la teta del Estado municipal con algún nombramiento.
Inquietudes como el precio de las cámaras ya instaladas, teniendo en cuenta que la reposición en caso de vandalización corre por cuenta del municipio, es un secreto que también se guardó el funcionario como parte del retaceo de información pergeñado adrede. En los pasillos municipales dicen, que la orden de ejecutar el negocio con CECAITRA es tan firme, que Nallar deberá seguir intentando instrumentarla.
Las grúas, otro negocio en la mira
El convenio con CECAITRA, no es él único que tiene el municipio entre manos. Es que la familia Romero hizo de las privatizaciones su modo de vida, con empresas de las que nadie sabe quienes son los dueños, aunque todos sepamos quienes son.
Las habituales ojeras de Nallar se profundizan más por estos días ya que las ordenes que vienen de arriba no le dan tregua. El objetivo ahora es un llamado a licitación para la tercerización de grúas. Al igual que con el convenio de las fotomultas, la mira está puesta en la recaudación “compartida” con otra empresa, sin que asome algún tipo de campaña de concientización o educación vial, o se les caiga alguna idea para mejorar el tránsito.
El viejo objetivo que supo llevar adelante el funcionario de desguazar la vieja Secretaría de Tránsito, hoy Movilidad Ciudadana, continúa mas firme que nunca. Dejado atrás el fuerte enfrentamiento que produjo el anuncio de terminar con ese organismo municipal y que le valió el repudio de los trabajadores huelga mediante, ahora avanza subrepticiamente con el desmantelamiento del área.
Con esta nueva“tercerización” el ciudadano que cometa una transgresión en donde debe intervenir una grúa, deberá pagar entre 10 y 15 mil pesos adicionales, o sea, que se le sumarán a la multa establecida por la infracción. Otra mano en el bolsillo de la gente y bajo la mansedumbre de Gilberto Pereyra, el encargado del sector, que fue a dar lástima al Plenario de Concejales, porque nunca supo de qué se estaba hablando. El ex jefe de policía de Juan Carlos Romero es tan incapaz de manejar el tránsito municipal, como de guardar la distancia de frenado correspondiente para no chocar a un auto de atrás (caso que dirime una compañía de seguros por estos días).
Salvada del juicio político
Nallar, quien supo declarar muy suelto de cuerpo en los medios de comunicación que el Tribunal de Faltas era “un nido de corrupción”, sostuvo entre sus personas de confianza a la jueza de Faltas Soledad Gramajo, quien afloró al conocimiento público luego de que se dedicara a hacer campaña para el hermano de la intendenta mientras ejercía incompatiblemente su función. El escándalo los obligó a blanquear la situación haciéndola renunciar y premiándola luego con una concejalía.
Sin embargo, esa no es la parte más oscura de la concejal electa, los empleados del Tribunal la recuerdan como la presidenta con mas vicios en su función. Doscientas hojas de sobreseimientos realizados por ella, desde su juzgado, a la par de un juzgado fantasma denominado “Presidencia” (este ultimo nulo, ya que solo existen 6 juzgados) hablan del exceso de atribuciones “autopercibidas” y sentencias que por la irregularidad resultarían nulas. Varios de esos expedientes llevan solamente su firma, ya que el resto de los secretarios se habrían negado a participar de tales maniobras. Entrega de vehículos, sólo con presentar el 08 y sin ser titulares registrales, era otra de las costumbres de Gramajo. Lo cierto es que en diciembre, asumirá en el Concejo Deliberante la única jueza que dejo condenas pendientes “hasta que algún día se reglamenten en la ciudad el trabajo comunitario”, obviando el desempeño que le fue conferido al haber sido designada: educación vial y el cobro de las multas para que el infractor cambie su mala conducta.
A la ex presidenta del Tribunal, siempre se la vio acompañada de dos guardaespaldas que supieron desempeñarse como empleados contratados, “sin instrumento legal”. Tenían acceso al Sistema con el usuario de su jefa, trasladaban de aquí para allá expedientes públicos, daban ordenes y atendían gente, acorde al desempeño de su jefa, por el camino de la informalidad. Una vez aceptada la renuncia de la jueza, Nallar nombró a estas dos personas bajo Contrato de Servicio para prestar funciones bajo ordenes de Ramiro Nordera, integrante de FUNDARA y actual coordinador del Tribunal de Faltas, mas bien descoordinador ya que su horario de trabajo suele ser 1 hora por día, y algunos días. Y… sino va el jefe, mucho menos los ñoquis que dejó Gramajo, que pese a estar ahora nombrados en la Municipalidad, no trabajan. ¿Cuál será su trabajo como concejal de la intendenta Romero? Controlar, lo que ella no cumplió nunca.
Pedido de retractación
Sobre las declaraciones radiales de Nallar respecto a que en el Tribunal de Faltas “había un nido de corrupción y que şe le pedían corneas a la gente para dejar sin efecto la multa”, los empleados le solicitaron se les informe sobre la denuncia penal que debió realizar como funcionario público habiendo tornado conocimiento de tal situación, ademas de la identificación de las personas que cometieron las irregularidades que les atribuyó. Viendo afectada la Institución y el buen nombre de cada uno de los trabajadores, le solicitaron vía administrativa, que presente la documentación correspondiente o se retracte.
Obviamente, llegó la retractación del funcionario quien también mediante vía administrativa señaló que “tanto la persona de los Jueces como de los Secretarios y demás personal que desarrolla sus tareas día a día con el mayor esfuerzo, existe un pleno compromiso con la función pública”. Aclaró Nallar que el hecho relatado, ocurrió en “otra gestión”, dejando esta vez un manto de sospecha sobre los anteriores Jueces de Faltas.
La campaña de Juan Esteban
En la municipalidad todos hablan de los módulos alimentarios que se usaron para la campaña y el alquiler de un galpón para acopiarlos. Se compraron, se repartieron, y no se publicó nada, o casi nada. El monto de la compra fue por una suma de 15 millones, y el precio de cada uno, 1100 pesos. La licitación fue publicada en el Boletín Oficial con fecha posterior a la entrega de los módulos y el cobro correspondiente. Nunca se supo, “porque no se publicó”, quien ganó la licitación. La orden de que saliera publicado con fecha posterior, vino directamente de Nallar.
El fin de semana de las elecciones en las que el hermano de la intendenta se candidateaba para diputado provincial, los módulos partieron con destino a las casas electorales.
Precisamente en la última sesión, la concejal Laura García anunció que realizará un pedido de auditoria al Tribunal de Cuentas por una situación que consideró “escandalosa”. Señaló como principales responsables del ocultamiento de la información que debe brindar el municipio asegurando la transparencia del manejo de la cosa pública a la jefa de gabinete Agustina Gallo y Nallar. Control de los fondos nacionales, provinciales y propios, convenios, contratos y licitaciones, relacionado al dinero publico, quedaron en la mira de la edil que señaló que los fondos públicos no están rendidos como corresponde.
Boletín no tan oficial
La publicación de una norma o actuación en el Boletín Oficial, es un paso necesario para que esta norma pueda entrar en vigencia. Desde el inicio de la gestión de Bettina Romero, so pretexto de la pandemia, fue mutando el instrumento público a una laxitud que bordea la ilegalidad. En gestiones anteriores, la modalidad de publicación era semanal, a diferencia de la desorganización actual (diseñada estratégicamente) en la que a veces pasan diez días, sin tener novedades. Un claro ejemplo es lo acontecido con el convenio con la empresa CECAITRA. Se manejan como quieren, y sin cumplir ningún tipo de normativa.