La muerte de Vicente Cordeyro, excomisario hallado sin vida en San Lorenzo, desató una romería de oportunistas políticos que olfatearon en la tragedia una oportunidad electoral. Desde los libertarios Zapata y Orozco hasta el eterno “indio” Godoy y la reaparecida Bettina Romero, todos encontraron en el dolor ajeno un escenario para exhibirse como cruzados de la moral pública. Pero detrás de los discursos sobre “transparencia” y “justicia”, se esconde el mismo instinto de siempre: la rapiña del dolor.

 

En política, hay quienes hacen del oportunismo una ciencia y del dolor una estrategia. El caso de Vicente Cordeyro, envuelto en sombras, misterio y sospechas judiciales, no solo agitó las aguas de San Lorenzo, sino que destapó un comportamiento ya típico en la fauna política local: el uso obsceno del sufrimiento ajeno como combustible de campaña.

Ni bien se conocieron los primeros resultados de la investigación, los autodenominados custodios de la república, los libertarios salteños Carlos Zapata y Emilia Orozco, corrieron a exigir la intervención de las fuerzas federales. No porque hubiera indicios de delitos federales ni razones jurídicas válidas: lo hicieron porque la tragedia —con su inevitable carga mediática— ofrecía una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar.

El pedido, vestido de republicanismo, fue en realidad una descarnada operación de marketing político. Con frases tan rimbombantes como vacías —“garantizar la transparencia”, “proteger la independencia judicial”, “fortalecer las instituciones”—, los diputados buscaron disfrazar con institucionalidad lo que no fue más que una genuflexión ante el poder central.

En su afán de “defender la justicia salteña”, terminaron pidiendo que la investigación provincial quede bajo el ala de Patricia Bullrich, es decir, bajo la estructura del propio gobierno nacional al que responden. Es el viejo truco del centralismo envuelto en papel federalista: la colonización disfrazada de colaboración.

Pero no era justicia lo que buscaban, sino cámaras, titulares y micrófonos. La tragedia de Cordeyro fue apenas el decorado ideal para un número ensayado, una puesta en escena donde cada gesto moralista encubre una ambición electoral.

El luto como estrategia de distracción

El libertarismo criollo —esa extraña coctelera de dogma liberal, moral de ocasión y evangelismo tuitero— encontró en el caso Cordeyro un nuevo escenario para su puesta en escena. Carlos Zapata, diputado nacional y vocero de la indignación selectiva, salió a reclamar justicia como si la tragedia ajena fuera una franquicia política. A su lado, Emilia Orozco replicó el guion con idéntica energía, disfrazando su oportunismo con gestos de solemnidad impostada.

Detrás de los reclamos por “transparencia” y “seguridad”, lo que se esconde no es un amor repentino por la institucionalidad, sino una jugada de manual para cambiar de tema. Porque mientras en Buenos Aires el escándalo por los vínculos del empresario Fred Machado —acusado de lavar dinero del narcotráfico y de financiar a referentes libertarios como José Luis Espert— amenaza con salpicar a todo el espacio, en Salta los libertarios se esfuerzan por proyectar una imagen de pureza y cruzada moral.

El patrón es claro: cuando el barro llega a la puerta propia, hay que buscar un pantano ajeno para ensuciar. Zapata y Orozco no reclaman justicia por Cordeyro; reclaman pantalla. Y en esa lógica perversa, cuanto más confusa la tragedia, mejor: el caos siempre rinde en términos de visibilidad.

En el fondo, el “pedido de intervención federal” no es más que una maniobra distractiva, una cortina de humo con aroma a campaña. Pretenden que el país hable del “misterio salteño” y no de sus propios vínculos con empresarios acusados de lavar dinero narco. Es la versión libertaria del viejo juego político: señalar la mancha del otro mientras se esconde el propio derrame.

La memoria selectiva del indio

Otro que olfateó la carroña fue Manuel Santiago “Indio” Godoy. Con tono de patriarca moral, se despachó diciendo que la justicia salteña tiene una “deuda enorme” con la sociedad. Enumeró casos resonantes: Melitón Bustos, Barrionuevo, Martearena. Todos correctos. Pero convenientemente olvidó mencionar el más emblemático: el caso de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, torturadas y asesinadas en 2011.

Su silencio no es casual. Fue durante el gobierno de Urtubey —del cual él fue pieza clave— que ese caso se convirtió en un símbolo mundial de impunidad y desidia judicial. Godoy también omitió el caso de Luján Peñalva y Yanina Nuesch, otro expediente incómodo de la era urtubeicista, donde el propio gobernador salió a cerrar toda hipótesis alternativa a la del “pacto suicida”.

¿Y qué hizo el indio, con sus ١٦ años como presidente de la Cámara de Diputados y su asiento en el Consejo de la Magistratura? Exacto: nada. Firmó designaciones de jueces y fiscales que hoy denuncia como parte del problema. Fue testigo y cómplice del mismo sistema que ahora finge cuestionar.

Cuando le tocó enfrentar un escándalo cercano —como el robo millonario a José “Pepe” Alferi, su hombre de confianza en la Cámara—, su respuesta fue de manual: “Que la justicia se ocupe”. Hoy, paradójicamente, pide explicaciones a esa misma justicia a la que antes blindaba con su silencio.

La resurrección oportunista

Y en medio de ese desfile de moralistas reciclados, reapareció Bettina Romero. La exintendenta, que había desaparecido del radar tras una gestión que terminó sepultada bajo su propia ineficiencia, eligió el caso Cordeyro como trampolín para volver a escena.

Desde su cuenta de X, apuntó contra el intendente Emiliano Durand por haber criticado a la diputada Orozco. Lo acusó de autoritario y se solidarizó con la legisladora libertaria. Todo muy emotivo, todo muy conveniente.

“Mi solidaridad con @MariaEmiliaOro. Ella, como muchos, solo pedimos la verdad”, escribió Bettina, como si en su paso por la Municipalidad hubiera reinado la transparencia. Pero la amnesia selectiva es otro de los vicios de la política salteña.

La exintendenta aprovechó la ocasión para repasar su gestión —esa que los salteños prefieren olvidar— y defender su “respeto irrestricto por la oposición y los periodistas”. El detalle menor es que bajo su intendencia se multiplicaron las denuncias por censura y distribución arbitraria de la pauta oficial.

Y como si el guion necesitara un toque de ironía final, Bettina cerró su reaparición con un mensaje casi espiritual: “La política no es un ring, es servicio, respeto y diálogo”. Palabras que suenan a epitafio de su propia carrera, pero que en tiempos de campaña pueden reciclarse como mantra.

Más curioso aún es que la misma Bettina, tan preocupada ahora por el “avance del narcotráfico”, haya dado cobijo en su gabinete al ex secretario de Seguridad Benjamín Cruz, señalado por sus vínculos con el falso abogado Darío Monges, asesinado por narcos en 2022.

O peor, que haya sido mencionada por el propio Fred Machado en una entrevista radial con Reynaldo Sietecase, en la que reconoció que formó parte de la larga lista de invitados a su boda, por los vínculos con su padre el senador Juan Carlos Romero. Como es sabido, en el tablero político actual, las contradicciones no invalidan los discursos: los alimentan.

Los buitres de bien

La política salteña tiene una extraña habilidad para convertir cualquier tragedia en un escenario de autopromoción. Y el caso Cordeyro no fue la excepción: fue el espejo más nítido de un sistema que ya no distingue entre ética y marketing.

Los discursos sobre la “república”, la “transparencia” o la “seguridad” funcionan como los perfumes caros en un cuerpo en descomposición: apenas disimulan el olor.

En el fondo, todos los actores de esta tragicomedia comparten la misma pulsión: la de hacer del dolor ajeno un insumo electoral. Son aves de rapiña con credenciales partidarias, carroñeros de ocasión que sobrevuelan cada muerte buscando un retuit, una cámara o un voto más.

Y si algo deja claro este episodio es que en Salta la política ya no se alimenta de ideas, sino de cadáveres simbólicos: los de la verdad, la coherencia y la decencia. El cuerpo de Vicente Cordeyro aún espera justicia. Pero sus verdugos políticos —los vivos— ya se cobraron su parte.