La Justicia investiga al “policía más rico de la provincia de Buenos Aires”. Actualmente es dueño de una flota de helicópteros y más de cien propiedades. Era quien manejaba las horas extras de los agentes. Se llama Néstor Omar Marín.
En los Tribunales le pusieron un nombre alejado de los tratados de Derecho, pero bien gráfico: la llaman la causa del “policía millonario”. Es una derivación del decreto que obligó a los jefes de la Bonaerense a presentar sus declaraciones juradas de bienes y el caso del comisario inspector Néstor Omar Martín ahora acumula decenas de fojas con indicios de enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, el ex responsable de Coordinación Operativa de la Policía tendría una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta sería accionista en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol.
La presentación la hizo la Auditoría de Asuntos Internos ante el fiscal penal platense Marcelo Romero. Fue pocos días después de recibir el detalle de las propiedades que declaró Martín en la Escribanía General de Gobierno. Con su firma, el jerarca declaró un total de 4.022.108 pesos, que incluyen siete propiedades inmuebles en La Plata; un helicóptero “experimental” valuado en 400 mil pesos y otros bienes. Incompatible para un funcionario que cobraba poco más de 42 mil pesos como comisario general, el último peldaño del escalafón policial. Era el integrante de la cúpula con la fortuna más abultada. Por eso, los auditores comenzaron a reunir testimonios.
Y allí se encontraron con sorpresas. Bajo reserva de identidad se presentaron testigos que aportaron más datos. Martín sería poseedor de un predio en la periferia de La Plata que fue subdividido en 101 lotes aptos para la construcción de viviendas. Además, el ahora comisario retirado sería propietario de una “flota” de helicópteros, que usaba para alquiler.
Toda la información está sujeta a verificación. Por eso Romero confirmó a Clarín que envió oficios a la AFIP; a ARBA; a dependencias de aeronavegación y otros organismos para avanzar con el expediente. Y reclamó informes al Registro de Propiedad de Nación y Provincia, al Registro de Embarcaciones, el Registro de Aeronaves, a empresas privadas de aviación y al Banco Central para certificar las propiedades a su nombre.
Por ahora, la sospecha es por “enriquecimiento ilícito”. Pero también podría derivar en otros delitos de jurisdicción federal.
Martín es un contador que pasó casi 30 años en la Fuerza, pero siempre se desempeñó en sectores administrativos. En los ‘90 estuvo como “coordinador” de la Departamental La Plata, un lugar estratégico para el manejo de fondos que no siempre tiene una auditoría contable prolija: las horas Cores; los Polad (Policía Adicional, para custodia de puntos fijos) y los viáticos policiales. Ingresó a la institución en el escalafón “administrativo”. Es decir, no tenía mando de tropa. “Nunca estuvo en la calle o al frente de una comisaría”, contó a Clarín un oficial retirado.
Pero supo vincularse con los sectores políticos y hasta judiciales en la capital bonaerense. Hasta que llegó a la Jefatura de la Policía, para ocupar la Superitendencia de Coordinación Operativa. Es decir, el mandamás de las coordinaciones de todas las seccionales provinciales. Allí estuvo casi 8 años. “Pasaban los gobernadores y varios ministros de Seguridad y Martín siempre permanecía en su puesto”, agregó el informante.
Su trayectoria tiene otro aspecto significativo: aunque pertenecía al escalafón administrativo, pudo lograr el grado de general, reservado para los jefes con mando de tropa. “El único caso similar que se conoce en la historia es el de José Lopez Rega, que pasó de cabo de la Federal a comisario general”, recuerdan.
Cuando su declaración jurada se puso bajo la lupa de Asuntos Internos fue desplazado y pasó a retiro.
En abril último, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto para que 3.000 jefes policiales presenten la declaración jurada de bienes. Tenían plazo hasta fines de julio. Algunos se demoraron y 154 fueron sancionados. Por ahora, el caso de Martín es el único con proceso judicial por enriquecimiento ilícito.ab
Fuente: Clarín