La Provincia acaba de anunciar que colocará 1400 nuevas cámaras, que reemplazarán y superarán las 730 que ya estaban operativas. Además de sofisticar la tecnología de vigilancia, en franca invasión de los derechos personalísimos, la ubicación que se tiene pautada para las mismas dista de manejar un criterio acorde con la seguridad pública. Nicolás Bignante
Con el objetivo de “prevenir los delitos y las contravenciones”, el Gobierno de la Provincia instalará 1400 nuevas cámaras de última generación. Se trata de 730 cámaras fijas con IR (Infrarrojo), 500 domos con y sin IR, 100 cámaras fijas para los móviles de 911, 60 cámaras con reconocimiento de patentes y 10 cámaras de escaneo facial. Las mismas reemplazarán a las que actualmente se encuentran activas y que el Gobierno adquirió en 2012, luego de idas y vueltas con la empresa Telmex Argentina. Las empresas adjudicadas para proveer el servicio esta vez son Nubicom y Datandhome, y aún resta conocer el monto que se volcará para dicho plan.
Cada vez que el poder toma decisiones bajo el argumento de la seguridad, los debates y cuestionamientos pegan de refilón o directamente pasan de largo. Pasó en 2011 con la contratación a Telmex y pasa ahora con la de Datandhome y Nubicom. Y no se trata sólo de profecías orwellianas, se trata de buen marketing y gestión estatal del miedo, componentes que pueden llevar a cualquiera a ceder parte de su privacidad con tal de saberse resguardado. Sin embargo, desde su implementación a la fecha, esta enorme red de ojos que nunca parpadean, rara vez contribuyó a la resolución de delitos complejos. Por el contrario, hoy se parece más a un soporte tecnológico al servicio del código de contravenciones. Toda una ingeniería estatal volcada a detectar “actitudes sospechosas”, trifulcas callejeras y otros ilícitos de menor rango.
La expansión irreflexiva del aparato de vigilancia estatal en la provincia sobrepasa todo límite. La cantidad de cámaras que se pretende instalar en la ciudad de Salta supera ampliamente a las que hay en partidos bonaerenses con mayor cantidad de habitantes, como Lomas de Zamora (400 cámaras), Quilmes (500 cámaras) o La Matanza (450 cámaras), este último con el triple de habitantes que Salta.
No existe un criterio claro respecto a cómo se eligieron ni se elegirán las ubicaciones de las cámaras. Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía suelen hablar del famoso “mapa del delito”, sin embargo, el actual sistema de vigilancia cuenta con cámaras en lugares curiosos: enfocando comercios, domicilios particulares, bancos o zonas de escasísimo movimiento.
Ahora bien, si de “prevenir los delitos y las contravenciones” efectivamente se trata, los barrios no parecen ser la prioridad según el actual esquema de distribución y ubicación de las cámaras. La desigual repartija de aparatos privilegia el área céntrica de la ciudad y sus más coquetos barrios en desmedro de las zonas periféricas. De las 625 cámaras que hoy se encuentran operativas en la capital salteña, 474 (el 76%) están ubicadas en los sectores 2A, 3B, 5A, 6A y 6B. Se trata de un área comprendida por el micro y macrocentro, los barrios El Portezuelo, Tres Cerritos, La Loma, y las avenidas Reyes Católicos, Uruguay, Del Bicentenario, además de las adyacencias del cerro San Bernardo y la jurisdicción de la comisaría N°2 (Pellegrini y Pje. Gauna).
Sólo en el cuadrante céntrico de la ciudad, paradójicamente la zona con menor “actividad delictiva” —siguiendo la información y jerga policial—, encontramos 274 cámaras. A menudo, ese seguimiento deriva en vistosas intervenciones de los efectivos que logran detener episodios diversos, como el robo de celulares, el saqueo de embutidos a carnicerías, el hurto a carros pochocleros, la ebriedad pública y alguna que otra gresca entre “bandas”. Muy distinta es la realidad de barriadas como Villa Asunción (Sector 1B) que cuenta con apenas dos cámaras, Barrio Limache (Sector 7A) que posee cuatro o Barrio Santa Cecilia (Sector 8A) cuya jurisdicción sólo cuenta con una. Cada tanto y con algo de suerte, los dispositivos instalados en esos rincones logran captar algún siniestro vial aislado. Pero el centro es el centro y lo importante es la prevención, ¿vio?
El gorra del Senado
Todo esto transcurre mientras a nivel nacional se debaten cambios en el Código Procesal Penal que, entre otras cosas, contemplan la posibilidad de dar un marco legal a prácticas de espionaje otrora muy cuestionadas. El autor del proyecto que ya obtuvo media sanción en Senadores es nada menos que el senador salteño Rodolfo “Tolo” Urtubey. El texto original llevaba un artículo con el nombre de “Técnicas especiales de Investigación”, que establecía la vigilancia remota sobre equipos informáticos, como así también el espionaje a través de dispositivos de localización o la vigilancia acústica en las calles. Sobre esto último el texto rezaba: “Podrá autorizarse la escucha y grabación en forma no ostensible, a través de medios técnicos, de las conversaciones privadas del imputado, que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores”. Sin embargo fue anulado antes de aprobarse el proyecto, lo que no quita que en Diputados pueda intentar introducírselo nuevamente.
Pocas parecen ser las garantías y resguardos que el ciudadano de a pie tiene ante a semejante estructura de espionaje. No hay manera concreta de establecer un control a la gestión estatal de las imágenes, salvo por los códigos de ética que los operadores de monitoreo firman al comenzar su trabajo. Los lentes de las videocámaras captan motochorros y carteristas, pero también individualizan y siguen a manifestantes, dirigentes sociales, sindicalistas, etc. Basta recordar la manifestación que llevaron a cabo vendedores ambulantes y manteros en agosto de 2016. En aquella oportunidad, fueron duramente reprimidos tras realizar un corte en calle San Martín y 11 de ellos fueron detenidos. Horas más tarde, los principales portales digitales hacían circular una secuencia de imágenes de las cámaras de seguridad cuidadosamente editadas, donde se veía al supuesto referente de los manteros bajar de una camioneta de alta gama varias cuadras antes del corte, caminar hacia la concentración y retirarse horas más tarde en el mismo vehículo. La edición incluía círculos rojos alrededor de la persona y un enfoque individualizado de los movimientos del sujeto. Poco después se conocería que no se trataba del referente de los trabajadores, sino de un tercero.
Esta detección y reconocimiento de personas será aún más fácil a partir de la adquisición de aparatos de escaneo facial, tecnología que generó debates, resistencias y preocupaciones en todo el mundo por la seguridad de los datos personales. A partir de un simple escaneo, el estado podrá acceder al historial de antecedentes de una persona, pero también a otros datos biométricos cuya utilización escapa a cualquier control ciudadano. Las mismas serían ubicadas en “lugares estratégicos” como el penal de Villa Las Rosas o el estadio Padre Ernesto Martearena. Idéntica función tendrán las cámaras de reconocimiento de patentes que serán de gran ayuda para detectar autos robados o con pedido de captura, como así también, para detectar deudores de impuestos o simplemente identificar a sus propietarios.
El botón en China
Cuando se trata de vigilar, no hay ajuste. El ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver, se encuentra por estos días en Shenzhen, China. El motivo de su viaje, según consta en la descripción del evento organizado por Huawei, es exponer sobre “la experiencia con la implementación del nuevo sistema de videovigilancia que tendrá la provincia en los próximos meses”. Así como lo lee: todavía no se implementó, pero ya hay una “experiencia” que enseñar en el país con la red de vigilancia más sofisticada y colosal del mundo. Estamos hablando de uno de los países impulsores de la tecnología de escaneo facial puesta al servicio de la “Seguridad Nacional”. El sistema chino abarca desde gafas inteligentes para policías hasta celulares con sistema de desbloqueo a través de reconocimiento de rostro. La firma Huawei, organizadora del evento, también participó de la licitación para proveer de aparatos de videovigilancia a Salta.
Si bien las actividades corresponden a los días 10 y 11 de mayo, la Provincia autorizó viáticos desde el 6 al 15 del mismo mes. Idéntica dicha tuvieron los funcionarios Marcos Kabala, Subsecretario de Proyectos y Sistemas, y Cristian Fernández, Director de Comunicaciones. Mientras por estas tierras el Gobierno hace apología de la austeridad sin aflojarle a los viajes oficiales; del otro lado del mundo, los asiáticos no pueden esperar a escuchar las historias y experiencias de esta ciudad devenida en set televisivo con más actores que espectadores.
