«Esta procuración tiene una postura muy firme, acá no hay códigos paralelos, la Iglesia es una institución de derecho público y como tal tiene una obligación mayor, no se trata de colaborar sino de proporcionar las pruebas que tiene en su poder», dijo el fiscal general a Télam.
Cornejo, quien asumió el pasado 16 de mayo, explicó que presentará un nuevo requerimiento de prueba en el que se pedirá la inconstitucionalidad del concordato, cuya nulidad reclaman víctimas de abusos de religiosos católicos y dos organizaciones no gubrenamentales (ONG) internacionales.
El concordato, firmado durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía (1966-1970), le reconoce a la Iglesia una «jurisdicción» sobre la Argentina.
Aunque el texto no especifica hasta dónde llega esa jurisdicción, lo concreto es que cada vez que la Justicia pidió acceso a investigaciones canónicas en casos de abusos cometidos por religiosos chocó con la negativa del Vaticano.
La decisión de Cornejo de pedir la ilegalidad del acuerdo de 1966 responde a la negativa del arzobispado de Salta a entregar las pruebas que haya recolectado en el proceso canónico que se le sigue al sacerdote José Carlos Aguilera por abuso sexual «gravemente ultrajante, agravado por ser ministro de culto», delito que investiga la justicia salteña.
A fines de abril pasado, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Salta, María Luján Sodero Calvet, había pedido la documentación al arzobispado salteño, que respondió que la solicitud debía hacerse al Vaticano.
