La ministra de Seguridad explicó que las casas de estudios serán las que decidan si avanzan con el arancelamiento y enfatizó la necesidad de reforzar la seguridad migratoria para que no ingresen personas con antecedentes

El martes por la tarde, el vocero Manuel Adorni sorprendió al anunciar que el Gobierno enviará un proyecto de reforma migratoria al Congreso en el que se tratará el arancelamiento universitario para extranjeros, el cobro por la atención médica para no residentes y la expulsión del país a delincuentes que hubieran migrado a la Argentina. Por la noche, en LN+, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dio algunos detalles sobre cómo se podrían implementar estas iniciativas.

Consultada por Luis Majul y Pablo Rossi al respecto, Bullrich enfatizó que se tratan de “decisiones de carácter político” que desde hace tiempo que el Gobierno venía anticipando y señaló: “Va a haber distintos instrumentos”. “En el caso del arancelamiento a los extranjeros en las universidades, está el Consejo Superior de las universidades, que podría permitir que lo implementen”, explicó la funcionaria y opinó: “Es algo muy justo, porque los argentinos pagamos los impuestos, y con esos impuestos necesitamos brindar educación a nuestros ciudadanos”.

En ese sentido, reflexionó: “Aquellos que quieran venir a estudiar a la Argentina y formarse podrán hacerlo pagando un arancel, que por supuesto no será lo mismo que una universidad privada, pero que significará un retorno a los ingresos de la gente. De lo contrario, se forman profesionales que estudian aquí y luego ejercen en otro país. Era una decisión que había que tomar y ya está tomada”.

Según explicó la funcionaria, uno de los apartados que se deberían tener en cuenta a la hora de otorgarle la residencia a un ciudadano extranjero es “si tiene voluntad de quedarse”, pero que incluso las propias casas de estudio serán las encargadas de decidir si finalmente deciden avanzar o no con la iniciativa. “Las universidades irán adaptando las circunstancias, para evaluar si realmente son personas que están residiendo o solo obtienen el documento para estudiar”, definió.

“Hay un consejo de educación superior que reúne a las universidades, ese sería el lugar donde se puede habilitar a las universidades, y cada una puede tomar su decisión. Hay muchas que van a tomar esa decisión. Esperamos que entiendan que reciben el dinero de los ciudadanos y lo tienen que cuidar”, resaltó Bullrich.

Asimismo, ponderó la estructura con matriculación y cuotas que usan las privadas. “Las universidades privadas hacen de eso un negocio rentable porque les conviene que vengan extranjeros: pagan matrícula, alquilan cerca en el barrio, se abren restaurantes, crece la zona. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con las universidades públicas?”, se preguntó.

Por otro lado, sobre la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país adelantó que se están “conformando las figuras penales para poder lograr expulsiones rápidas. Tenemos muchas expulsiones exprés”. Sin embargo, detalló que todavía “hay cosas que cambiar”, ya que “el delito cometido en un país se tiene que cumplir en ese país”. “En la Argentina hay un sistema donde, a la mitad de la pena, se pueden ir”, criticó y abogó por un cambio sobre esta norma.

Bullrich estimó que en caso de que los delitos no requieran de cumplir una pena larga en prisión “la expulsión puede ser inmediata”. Además, remarcó la intención del Gobierno de reforzar las fronteras y las migraciones: “Lo otro es que nadie con antecedentes pueda entrar a la Argentina. Lo habíamos implementado, se eliminó. Bastante tenemos con los delincuentes argentinos, no necesitamos sumar extranjeros”.

Por último, reflexionó en torno a la reciprocidad que otorga el pago de impuestos y la obtención de algo a cambio: “No hay impuesto sin representación. Si los extranjeros no pueden votar a presidente ni tienen injerencia en la política, y no pagan impuestos porque vienen en un tour sanitario a recibir un beneficio, se genera un desfasaje y una pérdida de valor”.