Jean-Michel Bouvier reiteró su pedido para que Santos Clemente Vera sea absuelto y aseguró que se debe investigar a Urtubey, al ex director de seguridad Aldo Saravia y al ex juez de instrucción Martín Pérez.
La situación procesal de Vera, un baqueano salteño que colaboró con la policía en la búsqueda de pistas en la reserva natural donde se hallaron los cuerpos, está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza un recurso de queja presentado en 2017 por su abogado defensor, José Humberto Vargas, y el abogado Manuel Garrido, presidente de la organización Innocence Project.
Esa presentación, que ya obtuvo en junio de este año un dictamen parcialmente favorable de la Procuración General de la Nación, podría lograr en los próximos meses que Vera quede en libertad.
Bouvier, uno de los principales impulsores de esa campaña, denunció públicamente desde el inicio de la investigación los errores graves que, según su criterio, se cometieron durante la etapa de instrucción del caso, el uso de apremios ilegales contra acusados y testigos de la causa por parte de la Policía de Salta y la falta de pruebas contundentes para justificar que se revoque la absolución de Vera, todavía preso en el penal salteño de Villa Las Rosas.
En una entrevista con el portal Infobae Bouvier se refirió a la injusticia que aun reina en torno a los terribles femicidios de su hija y de su amiga y cargó contra ex funcionarios provinciales y contra el Poder Judicial de Salta:
—¿En qué momento del proceso tuvo usted la certeza de que Clemente Vera era inocente? ¿Qué fue lo que lo convenció?
—Me shockeó cuando el juez de Instrucción, Martín Pérez, pocos días después del descubrimiento de los cuerpos en el mirador de la Quebrada de San Lorenzo, insistió en que lo acompañara a la escena del crimen. A pesar de mi reticencia a contaminar la escena, él quería mostrarme la posición del cuerpo de mi hija Cassandre cuando fue descubierto. Todavía me arrepiento de haber cedido a mi dolor y de haberlo seguido. El arrepentimiento aumentó cuando supe que, unos días después de mi visita, se encontraron en la escena elementos que incriminaban a Daniel Vilte. En 2014, el juicio oral demostró que estas pruebas habían sido plantadas por agentes de policía, sin que se revelase por orden de quién. Si yo hubiera sido deshonesto, podría haber plantado allí algún elemento sustraído a algún notable de la provincia, incluyendo al gobernador, a quien conocí a mi llegada a Salta con el embajador francés y el cónsul general de Francia en Buenos Aires. La incompetencia de los investigadores quedó probada. Sólo uno me cayó bien: el comisario Néstor Piccolo, que se opuso al juez que tenía apuro por cerrar el expediente. Su supuesto suicidio a finales de 2011 y las tácticas dilatorias del juez me convencieron de que las élites dirigentes de la provincia de Salta negaban la verdad a su pueblo y a las familias Bouvier y Moumni.
—¿Por qué cree que la Justicia sostuvo la culpabilidad de Vera entonces?
—Es necesario recordar que los tres jueces del juicio oral en 2014 han sido ejemplares. Su veredicto los honra ya que sólo uno de los tres principales acusados fue condenado a cadena perpetua. Los otros dos, Daniel Vilte y Clemente Vera, fueron liberados por falta de pruebas o por el beneficio de la duda. Quisiera señalar que, si el juicio hubiera tenido lugar en Francia, ambos habrían recibido una importante indemnización en euros por los daños sufridos durante casi tres años de prisión en ese momento. La Argentina es deficiente en esa materia y debe corregir esta anomalía institucional. Tan pronto como se pronunció el veredicto, expresé a la presidenta Kirchner y al gobernador Juan Manuel Urtubey mi inmenso escepticismo sobre el gran punto negativo del juicio: la “verdad real” faltó a la cita.
¿Como se puede justificar que dos jóvenes mujeres deportistas, una de ellas mi hija Cassandre, que había pasado largas temporadas en países muy peligrosos como Guatemala, Honduras y El Salvador, puedan ser violadas y asesinadas por un solo hombre a cinco metros de un lugar frecuentado asiduamente por cientos de turistas? La señora Fernández de Kirchner me reconoció que eso era imposible. Ella coincidió con la idea de que los asesinos y cómplices aún están en libertad. Reconoció la necesidad de continuar las investigaciones, de explotar los ADN no identificados descubiertos por los expertos franceses que el juez de instrucción de Salta se había negado a incluir en su expediente y muchos otros puntos no explorados. ¡El gobernador Urtubey, en cambio, se quedó callado! Un signo de obvia vergüenza. Para mí, las decisiones que siguieron al veredicto de 2014 y que llevaron al nuevo encarcelamiento de Clemente Vera en 2016, sólo tienen un objetivo: añadir un segundo culpable para “demoler” mi argumento. Se trata de sentencias de naturaleza política tendientes a satisfacer, en febrero de 2016, al hombre que en diciembre de 2015 nombró al Presidente de la Corte Suprema de la provincia de Salta.
Bouvier, junto al abogado defensor de Vera y la organización Innocence Project, impulsan la libertad de uno de los condenados por el doble crimen
—¿Cuál es su expectativa respecto del recurso presentado ante la Corte Suprema? ¿Siente que de alguna manera una aceptación puede llegar a reparar lo que ocurrió con Vera?
—El recurso está totalmente justificado. La liberación de Clemente Vera es esperada en primer lugar por él, pero también por su esposa, sus hijos y toda su familia. Todos fueron castigados con él. Argentina debe compensar a Clemente Vera y a Daniel Vilte por los años de prisión injustamente sufridos. Todas las decisiones provinciales deben ser revocadas y la investigación debe recomenzar de cero con un juez de instrucción que sea reconocido por su profesionalidad, probidad moral y capacidad para resistir la presión de donde sea que venga. La cooperación judicial franco-argentina debe ser ejemplar y reforzada. Yo no tengo ningún resentimiento personal contra Argentina. A pesar del perpetuo sufrimiento del duelo, amo a las mujeres y hombres de ese país fraternal. Pero tengo un deseo personal: el asesinato o la desaparición de un extranjero en su país debe ser tratado sistemáticamente por la Justicia federal y no por la provincial. Estoy seguro de que todas las familias francesas rotas por el asesinato o la desaparición de uno de sus parientes en Argentina comparten este deseo. Tengo un pensamiento especial para la familia francesa de Mathieu Martin [N.d.R: se refiere al turista francés que desapareció en agosto de 2018 cuando viajaba como mochilero a la localidad de Iruya], también en enorme conflicto con el Poder Judicial de Salta.
—¿Qué piensa usted ocurrió con Cassandre y Houria y por qué cree que hasta ahora no se ha podido dar de forma certera con los culpables?
—No tengo una teoría. No soy fan de las teorías conspirativas. Soy un hombre racional. Necesito hechos comprobados para hacer una acusación contra un hombre o una mujer. Sin embargo, en cada una de mis visitas a Salta, he escuchado y leído denuncias que incriminan, sin prueba alguna, a los “hijos del poder” en general y, a veces, más específicamente, a uno u otro jefe de los dos clanes que monopolizan los poderes políticos, económicos y otros en la provincia. Nadie puede estar seguro de que la verdad, toda la verdad, esté siendo investigada. El paso del tiempo no ayuda en nada al caso. Las memorias se están oscureciendo y cada vez es más difícil reunir pruebas materiales de culpabilidad o complicidad indiscutibles. Pero la obligación de una justicia digna de ese nombre es utilizar, con eficacia, discernimiento y honestidad, todos los medios necesarios para descubrir la “verdad real”. El Poder Judicial de Salta no lo hizo por los asesinatos de Cassandre y Houria. Incluso se burló de los derechos humanos, deshonrando a la Argentina, su país que ha dado al mundo entero una imagen impresionante por haber mirado con lucidez y determinación su historia más oscura y haber juzgado a los torturadores y a sus patrocinadores con firmeza pero con respeto a sus derechos. Espero que la provincia de Salta emprenda una nueva investigación y que nadie se libre de ella, incluyendo, de ahora en adelante, entre otros, al ex gobernador Urtubey, al ex director de seguridad Aldo Saravia y al ex juez de instrucción Martín Pérez, que deberán ser interrogados por los investigadores.
