En 2012 un petitorio presentado por organizaciones de salteñas alertaba sobre la urgencia del retiro de armas a policías con antecedentes de violencia hacia sus parejas. A más de tres años, los casos de femicidios perpetuados por miembros de las fuerzas siguen sucediendo.(Andrea Sz)
La propuesta de diferentes organizaciones de mujeres fue realizada en un primer momento en junio del 2012, en oportunidad del tratamiento de una nueva ley orgánica de la policía. En 2014 un petitorio firmado por la Comisión de la Mujer de la UNSa, La Multisectorial de Mujeres, CLADEN Salta, Red Par y FUNIF volvía a presentarse en el marco del día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujeres.
En esta última ocasión las organizaciones salteñas habían solicitado que se considere las sanciones a policías y comisarías que se niegan a recibir denuncias por violencia contra efectivos de las fuerzas de seguridad. Así también volvían a demandar “la aplicación efectiva de la nueva Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta en lo relativo a los avances de género incorporados. Y control legislativo de dicha aplicación».
Las mujeres solicitaban además que por norma se establezca el cambio a funciones administrativas con retiro inmediato del arma reglamentaria de aquellos/as policías que ejercieran violencia sobre su cónyuge, proponiendo en el texto de la norma «de aquellos policías que ejercieran violencia contra persona con quien convive o convivió en relación de pareja o noviazgo», y establecer el régimen y escalafón especial para agentes de policía con funciones en violencia familiar dentro de la estructura orgánica y funcional, dado que no había conocimiento de su implementación.
En el documento presentado aquella vez también solicitaban que se apliquen las prácticas periodísticas con enfoque de derechos de las mujeres en la información oficial que brinda la oficina de prensa de la Policía de Salta. Y es que las mujeres detectaron «que la información oficial que emite dicha oficina de prensa en relación a los casos de violencia de género -o violencia machista- no se encuentran abordados con un enfoque de derechos de las mujeres».
Este pedido de las salteñas de larga data, era evidencia cabal de la preocupación de las mujeres por el accionar policial. El 20 de noviembre de ese año en el barrio Santa Lucía, moría Claudia Alejandra Sierralta Carrizo, en manos del Sargento Ayudante de la Policía que cumplía funciones en la Comisaría 45 de Tartagal, José Adrián Chilo. El hombre que ya poseía denuncias por violencia familiar, la mató de tres disparos con su arma reglamentaria cuándo la mujer bajaba del colectivo. Finalmente esta semana se llevó a cabo el juicio contra Chilo, que fue condenado a cadena perpetua.
Pasan los años y el peligro es latente
En las últimas semanas dos casos de femicidios fueron protagonizados por efectivos policiales. El primero de ellos tuvo lugar en Villa Estela, la agente Delia Socorro Lamas, de 32 años, fue hallada muerta de un disparo en la cabeza en su departamento. El hecho había sido definido en un primer momento como un suicidio, sustentado en la versión de Héctor Leonardo Pérez, efectivo policial y pareja de la mujer. Según lo indicado por Pérez a sus pares, la mujer se había quitado la vida con su arma reglamentaria, una pistola calibre nueve milímetros. Aunque finalmente después de tareas investigativas, el fiscal penal Pablo Rivero, que intervino en el caso, decidió imputar al policía.
Mientras que el pasado viernes, Jessica Leticia Sarapura (28) murió de un disparo también de un arma 9 mm, accionada por su novio policía, en La Caldera. Según declaraciones del efectivo Víctor «Wincho» Sánchez, el disparo que finalmente mató a su pareja, se le escapó mientras limpiaba su arma. Víctor Leonardo Sánchez, durante la audiencia de imputación, sostuvo su argumento.
“En la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1, a cargo de Pablo Rivero, Sánchez se mantuvo en sus dichos, aduciendo que realizaba limpieza en su arma reglamentaria cuando en forma accidental se disparó e impactó en la mujer y que luego, al arrojar el arma, se disparó nuevamente en el interior de la habitación que compartían. De la autopsia practicada en el cuerpo de la joven, se estableció que tenía un solo disparo que ingresó por uno de sus omóplatos y en su trayectoria ascendente, llegó a la cabeza. Sánchez continuará detenido por disposición del Juzgado de Garantías”, informó prensa oficial.
Estos casos que no son hechos aislados, puesto que durante el 2015 de 17 femicidios al menos 3 fueron realizados por policías, no solo evidencian la falta de seguimiento de las fuerzas a sus miembros sino que además demuestran el peligro latente que sufren las propias mujeres ligadas por algún vínculo a la institución policial.
En 2014 cuando el Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en nuestra ciudad, la Comisión Organizadora incluyó en la nómina de talleres el denominado “Mujeres e Instituciones de Seguridad”, en el mismo se proponía debatir entre otros puntos, la formación de las mujeres en las escuelas de las instituciones de seguridad, el cuerpo de las mujeres como cuerpos aptos para la seguridad, la sexualidad de las mujeres en las instituciones de seguridad, el acoso sexual y moral, la violencia de género y las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos en dichas instituciones.
Si bien el taller se constituyó como la primera vez en la historia de los Encuentros que se buscaba incluir las problemáticas de mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas, el día de inicio, el masivo repudio y rechazo de las mujeres participantes del Encuentro hacia éste taller y hacia las fuerzas de seguridad provincial y nacional, hicieron que finalmente el taller se levante y no funcione en la escuela y aula asignadas.
Este rechazo también quedó plasmado en numerosas conclusiones de otros talleres. Una de las críticas más fuertes realizadas hacia dicho taller, fue que las mujeres advirtieron como “una provocación”, que se realice en la misma escuela donde tenía lugar el taller “Mujeres, cárceles y sistema penitenciario”. “Nosotras estamos en contra de que funcione un taller donde está el sistema represivo, intentando organizarse para tener mejores condiciones para reprimirnos más (…) Es una provocación que se haya querido realizar ese taller en la misma escuela donde están las mujeres que se empiezan a organizar en contra de la policía, que es la que reprime en las cárceles, como también las compañeras trans que son perseguidas constantemente por su elección sexual”, reflejaba el testimonio de una mujer participante del Encuentro.
En setiembre de este año, la ley que decreta la emergencia pública en materia social por violencia de género en toda nuestra provincia caducará, puesto que fue declarada por el término de dos años. En todo el texto de la ley si bien se especifica “Garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar el problema de la violencia de género, desde un enfoque intersectorial y participativo, en los diversos niveles de gobierno”, no se hace mención específica al accionar de la fuerza policial provincial en cuestiones vinculadas a la violencia de género. A meses de cumplirse el plazo de esta emergencia, hubo al menos 5 casos de femicidios perpetuados por efectivos policiales. Varios de los efectivos ya tenían denuncias por violencia de género, sin que en ninguno de los casos las autoridades policiales dieran de baja, detuvieran, o les retiraran el arma reglamentaria.
Ayer en la marcha que la Comisión de Familiares contra la Impunidad realiza cada viernes, una importante movilización pidió por la renuncia del Ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo, y del Jefe de Policía, Marcelo Lami, por considerarlos los responsables políticos de la descomposición e impunidad de la policía provincial.
