El 24 de noviembre se realizará la junta médica para establecer las causas de la muerte de Santiago Maldonado. Las conclusiones no establecerán las circunstancias en que se produjo.
Santiago era mochilero. Su cuerpo apareció luego de 77 días, sin vida. No así su mochila y el teléfono celular que tenía el 1 de agosto, cuando acudió a la comunidad mapuche de Cushamen a dar su apoyo porque la mitad de sus weichafe (guerreros) estaban presos en Bariloche, tras la represión a la protesta por la prisión de su líder Facundo Jones Huala. Ambas pertenencias de Maldonado nunca aparecieron, pero no es el único enigma de una de las historias más tironeadas por cierta prensa. Sin esperar las conclusiones de la junta médica que tendrá lugar el viernes 24, siguen las operaciones dictadas desde el Ministerio de Seguridad para encubrir el accionar de los gendarmes, que habrían sido los últimos en verlo con vida. Y la investigación judicial se parece más a un rompecabezas mojado y con piezas destruidas. El aparato judicial y las campañas mediáticas han devaluado la palabra de los testigos por ser mapuches, los uniformados aún habiendo incurrido en contradicciones siguen callando sobre los minutos finales de la vida de Maldonado, y en ese contexto las informaciones del lentísimo avance de la causa continúan siendo utilizadas para desacreditar a los que sí hablaron, como el amigo que llamó Santiago luego de desaparecido.
El hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa, en la cual no pocos festejan ante resultados parciales de la autopsia como si el caso ya estuviera resuelto exculpando a la Gendarmería, tal como pretende el Gobierno. Pero una lectura diferente de esos mismos datos lejos de cerrar nada, abre cada vez más interrogantes que este diario recogió de cinco fuentes del caso. “Es un duelo infinito, estamos estancados”, dijo Sergio Maldonado”, al plantear sus dudas sobre la aparición del cuerpo sin vida de su hermano.
Maldonado había llegado en abril a El Bolsón, y se hizo amigo de Ariel Garzí, quien reconoció en uno de los tantos videos que circularon la mochila negra que llevaba el 31 de julio. Lo habían llevado Ailinco y Claudina Pilquiman hasta la Pu Lof en Resistencia, donde pasó la noche en la casilla de guardia, sin pegar un ojo por el constante hostigamiento a tiros de los gendarmes. Ya de día, cuando comenzó el avance represivo, Santiago corrió hacia el río pero en un momento volvió sobre sus pasos a buscar su mochila. Esa imagen pertenece al 1 de agosto, mientras los gendarmes requisaban a mujeres y niños, quemaban colchones, casillas, ropa y juguetes, y secuestraban herramientas de trabajo, entre otras pertenencias de los mapuches. La mochila que aparece en esa foto nunca más apareció, según confirmaron tres fuentes del caso. No era ninguna de las que secuestró el 18 de septiembre el juez federal Guido Otranto, apartado del caso por insuficiencia de imparcialidad, ni tampoco es la misma que aportó la familia al nuevo juez Gustavo Lleral. ¿Alguien le preguntó a Gendarmería por la mochila y el celular que tenía Santiago el día que desapareció? ¿Por qué nunca devolvieron lo que robaron a los mapuche? ¿La justicia ordenó peritaje alguno sobre esos elementos? ¿Otranto no la encontró en el rastrillaje de los 800 kilómetros del río Chubut?
Tal como había hecho en su momento ante el juez Otranto –y a pesar de haber sido detenido e imputado, y de haber sido hostigado en cinco oportunidades por la policía de Río Negro– Ariel Garzí se volvió a presentar en forma espontánea ante Lleral para ponerse a su disposición y pedirle que tomara en serio la prueba que ya aportó al expediente: la captura de pantalla donde consta que el 2 de agosto a las 15:23 se comunicó con la línea chilena de Santiago +05693XXXX486, la comunicación fue atendida y duró 22 segundos. Fue durante los primeros días de agosto, y a pesar de estar acompañado por el defensor oficial Fernando Machado, en el pasillo Otranto le preguntó si venía por la recompensa. “Vine porque quiero que aparezca mi amigo”, le respondió Garzí. La empresa chilena respondió no haber recibido ninguna llamada entrante desde el número de Garzí. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que no hay constancias en el expediente de ninguna llamada atendida por las líneas que usaba Maldonado en fecha posterior a su desaparición. Lo cual no implica que el amigo faltó a la verdad. La llamada se produjo pero una posibilidad es que haya impactado en otro celular, como cuando las comunicaciones se cruzan, lo cual sucede en ocasiones si el abonado no tiene crédito. Garzí insistió que la llamada sí impactó, y se basa en los documentos de Telefónica que el experto Ariel Garbarz vio en septiembre en el expediente. Es cierto que la empresa chilena Wom informó que no existió en ese país, pero ellos sostienen que “fue entrante en Esquel y saliente en El Bolsón, detectada por antenas argentinas no chilenas”. En ese sentido es que Garzí argumenta que las pertenencias de su amigo, la mochila y ese celular, se las llevaron los gendarmes y por eso es lógico que haya sonado en Esquel. Garbarz aún no fue aceptado como perito de parte en la causa y viene denunciando que la fiscal Silvina Ávila le consultó sobre cómo proteger los datos de las comunicaciones celulares pero luego no lo recibió más y tampoco tomó las medidas que él sugirió. Sobre la llamada de Garzí, Lleral acaba de pedir información adicional a Estados Unidos.
¿Habrán tenido en cuenta los investigadores el mensaje de texto que mandaron los mapuches aquella mañana diciendo “se llevaron al Brujo”? El número de la línea que lo recibió consta en la causa. Lo que también forma parte ya del expediente es el contenido del teléfono de Santiago, donde aparecen murales, tatuajes, músicos callejeros y filmaciones de asambleas populares en Chile sobre reclamos de tierras de campesinos y trabajadores. Arte y solidaridad.
El 27 de octubre se publicó la declaración del prefecto Leandro Ruata, responsable del rastrillaje del río que diez días antes había dado con el cuerpo de Maldonado, y, además, quien había tenido la iniciativa que convenció al juez Lleral sobre la necesidad de hacer un nuevo operativo. Ruata dijo que la profundidad no superaba 1,40, que el agua era cristalina, que por ahí ya habían buscado en los anteriores procedimientos y que no había pozos, de esos que sí hay en otros tramos del río. En tanto, el sitio Cadena del Sur publicó las declaraciones testimoniales del prefecto Juan Carlos Mussin, quien en coincidencia con Ruata declaró que la profundidad del río no superaba el metro y medio en agosto y que no había pozones en la zona donde se lo vio con vida a Santiago. Sin embargo, un matutino publicó que “los buzos”, sin identificarlos, habrían afirmado que en el lugar donde estaba el cuerpo sin vida había “un pozo de 2,4 metros, entre vegetación, raíces y ramas de sauce”. Hasta el momento, nada indica que el juez tenga previsto careo alguno ante esta contradicción. El medio es el mismo que lanzó la versión del puestero de Epuyén y la falsa retractación del testigo E.
En el cuerpo de Maldonado fueron encontradas algas unicelulares, de la familia de las diatomeas, lo que implicaría que Santiago estuvo en el agua desde su desaparición. Una alta fuente del caso confió a PáginaI12 que también podría tener que ver con que Santiago era vegetariano, y que si acaso fuera de la flora acuática del río Chubut habría que verificar si corresponde a el sitio específico donde fue encontrado.
El cuerpo de Santiago apareció enganchado a una rama, que lo atrapó bajo el agua y estaba entre su cuerpo y su cinturón, por la espalda. Es decir, así habría permanecido sumergido durante todas estas semanas, y de esa manera lo encontró uno de los buzos de la Prefectura, a setenta metros de lugar donde los mapuches lo había visto por última vez. “Positivo con reservas”, fue el mensaje que envió por handy. Ahora bien, cuando el juez convocó a Soraya Maicoño, Andrea Millañanco, Sergio Maldonado, Andrea Antico y Verónica Heredia el cuerpo ya estaba flotando en la superficie del río, e incluso era visible desde la barranca. ¿Quién ordenó desengancharlo y por qué nadie presenció esa maniobra?
Estas son las dudas que carcomen al mayor de los Maldonado: “Hipotéticamente murió ahogado, pero, ¿cómo?, ¿Por qué cae ahí? ¿Murió en ese lugar o en otro lado? ¿Dónde estuvo el cuerpo? Si hubiera estado 77 días en ese lugar, ¿qué hicieron en todos los rastrillajes?, ¿Por qué no lo vimos nosotros que pasamos por allí? El lugar se veía de todos lados. Cuando desapareció había 30 centímetros de agua allí y cuando lo encontramos estaba enganchado de una ramita de un centímetro de espesor”. Durante las horas posteriores al hallazgo, todos los presenten le insistían a Lleral que no podía ser, que ese cuerpo no estaba allí apenas tres días atrás. El magistrado no respondía y no tomó ninguna medida para verificar tal hipótesis ni completó el allanamiento a la estancia Leleque, tal como había previsto en la orden que él mismo firmó el 13 de octubre.
Santiago pudo haber sabido nadar y ahogarse igual, aunque hiciera pie. No estaba paseando, ni se cayó. Su muerte sucedió en un operativo de más de 100 gendarmes que ingresaron al territorio mapuche de forma ilegal, con camionetas y un camión de la fuerza. Fue perseguido a poca distancia por un pelotón de una docena de uniformados con escopetas que disparaban hacia el río, con la orden expresa de detener manifestantes.
El subalférez Echazú fue herido y, sin embargo, fue fotografiado riéndose. ¿Sus heridas pudieron haber sido causadas por Santiago mientras se defendía? En tal sentido, están siendo sometidas a análisis de ADN las uñas del joven, así como la tonfa retráctil encontrada en uno de los bolsillos de su pantalón, que según sus amigos era de él. Creen que pudo haberla llevado para su autodefensa.
Algunos gendarmes regresaron a sus bases en la madrugada del 2 de agosto, las camionetas fueron lavadas invocando un “reglamento” que los obliga a hacerlo y un Eurocargo aparece en fotos con parte de la lona mojada. Sin embargo, ni la fiscal ni los jueces del caso profundizaron sobre los alcances de ese accionar y las fuertes contradicciones entre las declaraciones de los jefes y gendarmes, y sus jefes el comandante Juan Pablo Escola, su superior, Diego Balari, y el funcionario de Seguridad Pablo Noceti. ¿Alguno fue indagado? Noceti gritó que “ni muerto” entregaría su celular. Los mapuches ya hablaron, el cuerpo lo está haciendo, pero ya se cumplió el ciclo de pedirle pruebas a las propias víctimas.
Es muy probable que los resultados finales establezcan que Maldonado perdió la vida por ahogamiento, así lo indica el agua que llegó a sus pulmones cuando aún estaba respirando. Esta conclusión preliminar disparó la instalación de que como murió ahogado entonces fue un accidente y los gendarmes no tuvieron nada que ver. Los abogados con experiencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos coinciden en que la causa final de muerte de una persona víctima del accionar de las fuerzas de seguridad de ningún modo explica la mecánica ni el motivo de la misma. Los casos ocurridos durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura cívico militar ponen en evidencia mecanismos de neutralización de responsabilidades para proteger a los agentes del Estado, y son casi siempre los mismos: se ahogó, lo chocó un auto, murió por inanición, tal como demuestran las causas por las desapariciones y muertes de los jóvenes Iván Torres, Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón, Franco Casco. ¿El caso Maldonado es diferente? En sus preparadas declaraciones testimoniales los gendarmes admitieron que llevaron armas de fuego, y quedó expuesto que querían “cazar al negro”, agarrar a uno, “darle corchazos para que tengan”.
“Va a llevar su tiempo establecer la causa de su muerte, se habla tanto, muchas veces sin saber”, dijo el juez Lleral días atrás. Él y la fiscal abren el paraguas ante un casi inevitable cambio de carátula, que quizás ni siquiera sea desaparición forzada seguida de muerte, como propicia la abogada de la famillia Maldonado, pero que no necesariamente vaya a mejorar la situación procesal de los gendarmes. Quienes festejan la posibilidad de que se haya tratado de una “muerte accidental” no advierten que la calificación podría terminar en homicidio, con todos los agravantes que implica que haya sido cometido en medio de semejante situación represiva. Los caminos penales son insondables, pero algunas experiencias sirven para pensar escenarios posibles: en la causa por la muerte de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años cuyo cuerpo apareció flotando en las oscuras aguas del Riachuelo en 2002, tres policías fueron condenados a prisión perpetua por su homicidio y su privación ilegal de la libertad.
Fuente:Página 12
