Aquellos segundos años 70

La aparente intención de convertir a la comuna más próspera de nuestra provincia en una mera oficina de cobros, no parece ser muy del agrado de un sector de los salteños. Principalmente del sindicalismo. Al mando de uno de estos gremios, el dirigente César Molina cuestionó la unilateralidad de la gestión de Titi Romero y la equiparó con un toque marcial como de los años 70. Más precisamente, de la segunda mitad de esa década.
Si bien el Ejecutivo capitalino ya se libró hace un tiempo de ocupaciones como la recolección de residuos, taxis/remises y el transporte masivo, el cuestionamiento actual se dirigió a Tránsito, inspecciones comerciales y Planta Hormigonera. Casi que no haría falta la designación de un intendente, casi que proyectó Molina, también conocido como “el primo de Godoy”.
De acuerdo a la evaluación del cacique de la Asociación de Empleados Municipales de Salta, la cesión de cada vez más funciones al Estado provincial implica un mayor riesgo para el empleo en nuestra ciudad, también menos control sobre los servicios que solventa el ciudadano salteño. Inocentes palomitas.
Salvo el voto electrónico, no habría mejor ejemplo de acto irrelevante que una próxima convocatoria cívica de ir a comicios en la categoría Intendente, se infiere en base a lo expuesto por el representante de los obreros municipales. Como un Marty McCfly enviado a fecha inconveniente, Molina preguntó si “¿Estamos en tiempo del proceso (militar)?”, dijo retóricamente este miércoles en una entrevista con FM Aries.
En este arresto puede que de impaciencia, el sindicalista de los anaranjados dejó picando el misterio con el que concluyó la última reunión con la alcaldesa. Cuando es posible que algún asunto de extrema urgencia –moquillo diagnosticado a Ponchito o Copa América de bridge- hayan intervenido en el horizonte de Titi Romero, al subirse el tapanarizboca. Y irse, diría un escriba demasiado afecto al choque de letras. Aunque algún subalterno suyo debió haber ofrecido precisión luego del cordial saludo con el que la Intendenta asegurara el viernes pasado a trabajadoras de Tránsito que “la reunión se da por terminada”.
En cambio, el portavoz derivó su expectativa en la reunión que este jueves le programó la Secretaría de Trabajo del gobierno provincial, pero Molina adelantó que las medidas de fuerza continuarán. No se trata de un asunto menor, tampoco circunscripto a la eliminación de fuentes de trabajo, aclaró.
Al considerar “un mamarracho” a la gestión del titirromerismo, arengó a los concejales a invocar la Carta Municipal, con el fin de evitar el traspaso a la órbita provincial de más funciones que involucionarían a la principal ciudad de nuestra provincia. En términos republicanos y de funciones y servicios prestados al vecino de la Capital. Según Molina, la privatización o tercerización de prestaciones es el norte de la administración Romero.
Al latir de esa antesala como de un telegrama colacionado, el Centro Cívico Municipal con un ahorro a rajatabla en herramientas, insumos y uniformes. A lo mejor, por este olvido los de ADEMUS le refrescaron algunos spots de campaña que habían prometido mejor porvenir a los obreros municipales.