Los pobladores de Anta denuncian que, a fuerza de lobby, documentos falsos y amenazas, la firma Agropecuaria Andorrana S.A. intenta apropiarse ilegalmente de tierras. La mencionada firma, vinculada a sectores del poder real en Salta, acumula serios antecedentes por disputas territoriales.
Jerson De Cecco
En el este provincial, una fuerte controversia en torno a la posible apropiación ilegal de tierras por parte de la empresa Agropecuaria Andorrana, ha suscitado la atención de todos. Se trata de una firma de capitales andorranos que cuenta con varias fincas en el departamento de Anta. Fue asentada en el Juzgado de Minas y en lo Comercial de la provincia en septiembre de 1997. La denominación original fue Pyrenees Sudamericana SA, pero en octubre del año 2010 la misma modificó el nombre por el de Agropecuaria Andorrana. Desde entonces, el crecimiento patrimonial de la firma ha escalado de manera colosal.
Los vecinos del departamento Anta denunciaron la utilización de documentación falsa para la ocupación del catastro N° 801, que abarca una enorme extensión territorial. En la presentación judicial, los denunciantes aseguran que: “la firma busca extender ilegalmente los límites de la mencionada matrícula. Para ello, utiliza todo tipo de vías, como la intromisión en inmuebles ajenos, las permanentes amenazas, el pago de adicionales a la policía local para la “custodia” en su accionar. Este es un modo de operar conocido y ejecutado a la perfección por quienes forman parte de la empresa, quienes serían una antigua asociación ilícita dedicada al robo de tierras”.
De acuerdo con la denuncia, la empresa sería conocida no solo por la apropiación de tierras, negocio que habría consolidado a través de múltiples prescripciones veinteñales, sino también por un supuesto modus operandi que incluiría amedrentamiento y hostigamiento constante a los pobladores de la zona. La empresa podría estar empleando ex funcionarios provinciales como representantes legales, quienes, aparentando estar aún en funciones, llevarían a cabo desalojos simulados y otras acciones irregulares con el fin de tomar posesión de las tierras.
Los daños derivados del accionar de la empresa podrían ser invaluables. Se estima que Andorrana podría haber desmontado ilegalmente alrededor de 10.000 hectáreas, incluyendo 2.100 hectáreas de un inmueble ajeno a su propiedad, del cual se habría desalojado ilegalmente a una familia residente. Estas acciones, de confirmarse, no solo perjudicarían a los pobladores, sino que también afectarían el interés público al violar leyes ambientales y de propiedad.
Actualmente, la justicia de Anta estaría tomando cartas en el asunto, con resoluciones penales que habrían corroborado la falsedad de las denuncias presentadas por Agropecuaria Andorrana S.A. y confirmado su posible accionar delictivo. Estas resoluciones señalarían que la empresa no tendría derechos sobre uno de los catastros vecinos al N°801, que habría intentado apropiarse mediante la intromisión ilegal.
Gente bien
El presidente de la sociedad, al menos en los registros digitales disponibles, es Carlos Alberto López Sanabria. Entre 2006 y 2012 fue presidente del aristocrático Club 20 de febrero, desde donde supo tejer nexos políticos que tributarían a sus negocios, como el que mantiene hasta hoy con el exministro de la corte, Horacio Aguilar.
En 2014, un episodio enfrentó a López Sanabria, con el expresidente de la Cámara de diputados, Manuel Santiago “Indio” Godoy, hecho que fue plasmado en un artículo de este semanario.
El diario de la familia Romero había denunciado que la hija del Godoy usaba en un juicio por tenencia de tierras planos supuestamente falsos que perjudicaban a una firma que preside López Sanabria y a la que el medio gráfico presentó como víctima de una estafa. “Santiago Godoy reaccionó de una manera menos iracunda a la habitual, aunque descerrajó un pistoletazo verbal estruendoso: aseguró que la nota sin firma publicada en El Tribuno era una operación orquestada y pagada por Carlos Alberto López Sanabria, del que Godoy dijo también que contaba con influencias en la Secretaría de Medio Ambiente cuyo secretario era Gustavo Paul, quien permitió recategorizaciones prediales a familiares del ex presidente del Club 20 posibilitando desmontes ilegales”, relata el artículo de Cuarto Poder del 20/12/14.
En esa investigación, también se menciona un precedente que daría sentido a las actuales denuncias que recaen sobre la empresa: El del catastro 176. “El mismo, aseguran, fue obtenido ilegítimamente mediante el cambio de coordenadas que le habrían permitido a la firma apropiarse de 52.000 hectáreas entre terrenos fiscales y privados. De ese total, 15.000 habrían sido vendidas engrosando la cuenta de la firma mientras el resto fueron objeto de una ocupación efectiva que no se privó de la violencia efectiva o velada para con los menos pudientes que vivían en esas tierras. El plano, incluso, fue declarado ilícito por la Cámara de Apelaciones y la Corte de Justicia de Salta en la segunda mitad de la década del 80 por lo cual se obligó a la entonces firma Pyrinnes a devolver tierras”.
