El Gobierno derogará la actual Ley de Alquileres aprobada en octubre de este año “Le ha hecho daño al mercado inmobiliario”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, y sostuvo que se promoverá “la libertad de las partes en contratos privados” y que “habrá novedades” en el corto plazo, mostrando una clara postura contraria a la defensa de los derechos de inquilinas e inquilinos en nuestro país.

Por Andrea Sztychmasjter

En su conferencia de prensa diaria desde Casa Rosada, el portavoz del presidente Javier Milei criticó la actual legislación sobre la que aseguró: “Entendemos que le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”. 

Las palabras del funcionario van en línea con lo que ya había anticipado Milei, durante la campaña e incluso cuando ya había resultado electo presidente: el líder ultraderechista había comentado, en diferentes entrevistas, que la normativa vigente por la que se rigen más de 8 millones de inquilinxs hay que “derogarla y entender que es un contrato entre partes”-

Maximiliano Vittar – Coordinador del Movimiento Inquilino Nacional sostuvo que en este contexto hay una paralización del mercado inmobiliario sumado a la profundización de la crisis, retracción de la oferta, de la ilegalidad y señaló que los abusos y los problemas para alquilar se extienden desde La Quiaca hasta Usuahia. En ese sentido señaló que el debate no se puede reducir y debe ampliarse a políticas acorde a las necesidades habitacionales.

“No podemos seguir discutiendo ley de alquileres si ley de alquileres no, porque lo que ha habido un consenso del arco político que el problema no es la ley sino el contexto económico y que no se ha avanzado en la aplicación de un órgano de control”, sostuvo Vittar.

Describió que esta situación lo que ha demostrado es que “al mercado inmobiliario no le gusta que le impongan condiciones. Nosotros creemos que si hay un acuerdo en que el problema es la situación macroeconómica, y la falta de autoridades de aplicaciones porque no sirve de nada que el congreso trabaje si después no se cumple en la ley.”

La Ley de Alquileres, n° 27.737, fue modificada el pasado 10 de octubre en el Congreso de la Nación. La misma establece que, el plazo mínimo de contrato es de 3 años, con una actualización semestral a partir del coeficiente casa propia y la prohibición de publicar los alquileres en dólares. ¿Puede ser derogada?

La derogación de la legislación vigente implica el envío de un nuevo proyecto de ley al Congreso. Allí, La Libertad Avanza cuenta con minoría tanto en la cámara de Diputados como en la de Senadores, lo que supondría una dificultad al momento de aprobar una modificación. 

Sin embargo, el presidente podría ordenar la derogación de la Ley mediante decreto, aunque no evitaría que posteriormente pase por el Congreso.

En ese marco el Coordinador del Movimiento Inquilino Nacional que la clase política sigue poniendo excusas para dar soluciones a los y las inquilinas del país.

“Estas medidas ya se adoptaron en nuestro país, en los años 70 se con Martinez de Oz se desregularizaron los alquileres y se dolarizaron las viviendas y se produjeron beneficios fiscales para la construcción de viviendas y lo que ocurrió es que como inquilinos pasamos a destinar el 4 % de nuestro salario al 50% y además que se construyan viviendas por arriba del crecimiento poblacional y no se haya replicado en la cantidad de propietarios, todo lo contrario cada vez se va reduciendo la cantidad de propietarios en el país”.

2 millones de viviendas vacías en el país

Las estadísticas del censo 2022 consolidan las estadísticas que la construcción de casas supera el índice de aumento de la población. Lo que conlleva que el factor especulativo se presente en el eje de la actual crisis habitacional. 

Se demuestran a lo largo de los censos, que cada vez hay más viviendas en la Argentina para una población que crece menos que el nivel que la construcción. En 1991, en la relación vivienda-hogar, había una vivienda cada 3,6 personas. En 2001 fue cada 3,1 personas, en 2022 hay una vivienda cada 2,6 personas.

“Podemos ver que es falso el discurso del mercado inmobiliario que dice ‘hay que construir para solucionar el problema, porque las viviendas están, y todos podríamos acceder a ellas”. Falta una política que incida en la distribución –sostuvo Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados al medio Página 12 y agregó que esto debe darse para sacar del rol de “vivienda ociosa o desocupada”, a esta gran cantidad inmuebles.

Intervención estatal

Maximiliano Vittar señaló que en países de todo el mundo el Estado interviene con diferentes herramientas para garantizar el acceso a la vivienda a la población, tales como la regulación de los alquileres temporales, impuestos a la vivienda ociosa y compromiso y decisión de legisladores.