LUCAS SORRENTINO

En el marco de una investigación por la desaparición de elementos de asistencia de los galpones municipales, se allanó este viernes el domicilio de Emilio Fayón, exfuncionario municipal y primo de Bettina Romero. En el lugar se encontró mercadería y otros bienes para la ayuda social que habían sido retenidos.

Tras una denuncia presentada por la actual gestión por el vaciamiento de los galpones municipales, el Ministerio Público Fiscal allanó el domicilio de un exfuncionario de Bettina Romero. Se trata del ex jefe de Asistencia Crítica, Emilio Fayón, quien además es primo de la exintendenta y sobrino del Senador Nacional Juan Romero.

En el allanamiento se logró incautar mercadería, sillas ortopédicas, calzados y ventanas; entre otros bienes y productos con fines sociales.

La investigación estuvo basada en los movimientos de entrada y salida de bienes en los depósitos municipales, a través de auditorías, relevamientos, y testimonios de personal
involucrado en la gestión de los depósitos.

De esa forma, los investigadores detectaron irregularidades como la falta de documentación de respaldo, inexistencia de equipos informáticos y la ausencia de cámaras de seguridad. El operativo se dio en medio de la polémica nacional por los alimentos retenidos en galpones del ministerio de Capital Humano.

Emilio Fayón se desempeñó simultáneamente como asesor de su tío, el senador Juan Romero, como jefe de la Panadería Social del municipio y como jefe del programa de Asistencia Crítica y de Ciudadanos en Situación de Riesgo.

Despilfarro durante la gestión Bettina
A comienzo de año, el intendente de Salta, Emiliano Durand, hizo una denuncia contra la ex intendenta Bettina Romero, a quien acusó de usar la Panadería Social como un negocio
personal y político. Según Durand, durante la gestión de su predecesora, se entregó diariamente miles de pesos en pan, facturas, masas finas y sándwiches a sus allegados, sin ningún criterio social. “Se acabó la joda”, sentenció el nuevo jefe comunal en un video que difundió por sus redes sociales.

En tanto que la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta, Daiana Ovalle, brindó más detalles sobre la situación y anunció las medidas que tomará la nueva gestión
para revertir este escenario. Afirmó que el intendente decidió recortar la producción que se destinaba a ex funcionarios y punteros políticos, y que la Panadería recuperará su función social de asistir a instituciones y personas en situación de vulnerabilidad.

Ovalle explicó que al revisar los papeles y el funcionamiento de la Panadería, se encontraron con que había cientos de casos de particulares que retiraban grandes cantidades de pan sin justificar su destino. “No sabemos si lo vendían, lo regalaban o lo tiraban”, expresó la funcionaria, quien sospechó que la finalidad no era social, sino un negocio. Luego aclaró que a partir de ahora, no se entregará producción a particulares, salvo por alguna causa excepcional y por única vez.

“Los funcionarios que quieran festejar el cumpleaños comprarán su torta de alguna panadería, pero de ningún punto de vista van a recibir de la Panadería Social”, dijo Ovalle.

La herencia

Hace unos meses, cuando se multiplicaron las denuncias y rumores sobre el accionar de la Panadería Social durante la gestión de Bettina Romero. En ese momento, Emilio Fayón realizó declaraciones públicas y reconoció que funcionarios retiraban pan de la dependencia, aunque aseguró que se destinaba a actividades sociales del municipio.

Luego de que la actual gestión municipal denunciara en sus redes sociales presuntas irregularidades en la administración de la Panadería Social, Emiliano Fayón intentó tirarle unos palitos a la gestión de Durand. Fayón quien fue presidente de Panadería Social durante la gestión de Bettina Romero, apuntó, además, a las condiciones en las que recibieron Panadería Social al iniciar la gestión a fines de 2019.

Según afirmó, se detectaron irregularidades, denuncias por facturas apócrifas, una deuda de 15 millones de pesos, sumado a sueldos y cargas sociales sin pagar. “Empezamos a tomar cartas en el asunto, sucede la pandemia y no había ingresos”, remarcó Fayón en alusión a la suspensión de la Copa de Leche, lo que significaba el 80% de sus ingresos. Regularizada la situación, que llevó al conjunto de trabajadores a llevar medidas de fuerza, se puso en marcha el Plan Unidos.

Fayón reconoció que los funcionarios retiraban el pan de Panadería Social dado que “eran encargados de actividades propias del municipio”, como actividades deportivas, actividades
de merenderos, cumpleaños. “¿Está mal hacer eso? ¿Brindarle a la gente con la misma calidad que se brindaba a todos?”, cuestionó el ex funcionario al tiempo que indicó que se brindaba un desayuno en la mayoría de las dependencias municipales. “La situación económica después de la pandemia, un medicamento cuesta más de 10 mil pesos. Brindarle al empelado municipal un desayuno creo que no está mal tampoco”, enfatizó Fayón.

Y continuó: “Los dirigentes barriales, que el intendente tiene, es el motor del barrio, es el que sabe la necesidad del barrio. Junto con el funcionario se encargaba de llevar tortillas para un evento deportivo, para un campeonato de fútbol. Todo ese fue un trabajo del funcionario municipal, dirigentes, muchas personas independientes de los barrios, porque también teníamos pedidos independientes a diario”.

Violencia y amenazas en las altas esferas:
El testimonio de Leonardo Mauricio Liseca

El año pasado, Cuarto Poder dio a conocer un estremecedor testimonio que involucra a figuras prominentes de la política local. Leonardo Mauricio Liseca, un desmalezador que
trabajaba bajo contrato para el municipio, relató un episodio de violencia y amenazas que sufrió a manos de Juan Esteban Romero y Emilio Fallón.

El inicio del conflicto
Todo comenzó cuando el contrato de Liseca fue rescindido antes de tiempo. Indignado por la decisión, Liseca decidió presentarse en las oficinas municipales para buscar una
explicación. La respuesta que recibió fue que la directiva venía “de arriba”, específicamente de Juan Esteban Romero, hermano de la intendenta.

Liseca, sin recibir el pago por las jornadas trabajadas, decidió enviarle mensajes a Romero expresando su descontento. La respuesta del hermano de la intendenta fue contundente:
“Ehh loquito… que te pasa? No sé de qué me estás hablando, pero así de guapo por teléfono lo hace cualquiera. Cuando quieras nos juntamos y lo arreglamos personalmente”.
Frente a esta respuesta, Liseca accedió a encontrarse con Romero, acordando reunirse a las 17 horas en la sede de FUNDARA, ubicada en Bolivar y General Güemes. Según el
testimonio, al llegar al lugar, Liseca se encontró con Juan Esteban Romero, Emilio Fallón (primo de Romero y Director de la Panadería Social), y Aroldo Tonini, ex secretario de Ambiente, quien procedió a cerrar la puerta del salón.

Sin mediar palabra, Romero le dijo a Liseca: “Hacete el pesao ahora” y le propinó dos golpes de puño, uno a la altura de la oreja y otro en el pómulo, causándole un corte en el interior de sus labios. Producto de la golpiza, Liseca perdió el equilibrio y cayó al suelo, donde Romero continuó agrediéndolo, esta vez con golpes en la nuca. Fallón también aprovechó para darle una patada en el hombro. En ese momento, Tonini intervino diciendo: “Ya Juan, ya está”.

Amenazas y coacción

Liseca, aprovechando la intervención de Tonini, intentó retirarse, pero Romero le ordenó que se sentara. Al volver a dirigirle la palabra, Romero le preguntó: “¿Por qué laburas para el puto de David (refiriéndose a Javier David, entonces candidato a diputado)?” y al responderle Liseca que “ellos son los que me están por dar las máquinas para cortar el pasto”, Romero le advirtió: “Cuando yo me entere que te entreguen las máquinas, vos solo venís a dármelas, o yo mando a que te la quiten”.