Comunidades wichis de Rivadavia Bnada Sur, denuncian a abogado jujeño, Omar Quintar, por haberse apropiado de miles de hectáreas utilizando hombres armados. Además alertaron sobre la muerte de niños por falta de atención médica.
La información fue publicada por Página 12 en la edición de hoy. Da cuenta desalojos violentos, ataques de bandas armadas y un empresario que se adueñó de quince fincas con complicidad política y judicial. Vernardino Pizarra, uno de los referentes wichí, declaró que “Desde hace tres años que comenzamos a tener problemas. Alambraron fincas, colocaron portones y cerraron los caminos vecinales que dirigen hacia el río Bermejo”, consta en la denuncia de 2009, realizada por Demetrio Campos, cacique de la comunidad Misión Wichí. Son más de una decena las denuncias presentadas por las comunidades originarias, pero ninguna prosperó. La fiscalía de Pichanal (juzgado de Orán) las cajoneó de manera sistemática.
“En la última década se hizo regla un paisaje atípico en Rivadavia Banda Sur: alambrados, tranqueras con candados, carteles de “prohibido pasar”. Y comenzaron a patrullar bandas armadas. La situación se repitió en los parajes El Chañaral, La Soledad, El Cocal, Las Llaves y San Felipe, entre otros. Las comunidades vieron impedido su derecho básico a transitar, cazar, recolectar miel, pescar, obtener los elementos para sus artesanías. Las comunidades wichí perjudicadas son El Chañaral, La Esperanza, El Cocal, Brealito, San Felipe y Fiscal 30, más de 300 familias”, precisa el medio nacional.
Los wichí denuncian que el abogado jujeño Omar Quintar se apropió de quince fincas. Sólo la estancia Las Llaves tiene 5000 hectáreas, que pertenecen desde hace más de cien años a la familia campesina Argañaraz. Entre las víctimas directas estuvieron las comunidades wichí Chañaral y Breal, que fueron expulsadas de sus campos. La comunidad Breal incluso contaba con un cementerio en el lugar, prueba irrefutable de posesión y derechos sobre el territorio.
La última denuncia se realizó en la comisaría N°1 de la ciudad de Salta porque las víctimas no recurren a la comisaría de Rivadavia y al Poder Judicial de Orán porque no actúan. “Los políticos son cómplices”, afirmaron los denunciantes quienes aseguran que Quintar cuenta con apoyo del juez de Paz local, Luis Romero, el intendente Leopoldo “Polo” Cuenca, y también tiene vínculos con el senador provincial Mashur Lapad, el político con más poder del departamento y uno de los más influyentes de la provincia.
Quintar desmintió las denuncias en su contra. Se definió como un “conservacionista” y señaló que lo atacan “quienes quieren desmontar todo”. Sostuvo que cuenta con muchos lotes pero una sola finca, señaló que hizo “mucho por los indígenas” de la zona (desde caminos hasta trabajo) y negó la existencia de bandas armadas. “Me prendieron fuego una topadora, robaron tranqueras y alambrados; tuve que contratar tres serenos”, justificó. Según Quintar, acumula tierras para “proyectos turísticos”.
A los conflictos territoriales se sumó la muerte de niños por falta de atención primaria de salud. En julio de 2015 murieron cuatro en diez días. Bianca Acosta, de 18 meses de vida, e Ismael Sarmiento (de 3 años). Luego falleció María del Carmen Laguna, de 1 año, cuando era trasladada a Orán para cambiarle una sonda. Murió en el camino porque la ambulancia municipal no tenía oxígeno. El Ministerio de Primera Infancia señaló que se trató de “una falla de salud”.
Las comunidades precisan que existen solo dos médicos para 10.000 habitantes, con el agravante de “discriminación y maltrato” con los pueblos originarios. “Hubo muchos casos de niños muertos por desnutrición, por mala atención. Siguen muriendo niños y adultos. La situación es muy grave”, afirmó el vocero wichí.
