Por A. Bogado

El pronunciamiento del presidente del Colegio de Abogados, Humberto Pedro Burgos al final de uno de esos días grises del otoño que ponen triste, y luego de la náusea generalizada que produjo el fallo de la Justicia Federal que por poco le da la gracias por “coimear” al exjuez Raúl Reynoso y sus secuaces, algunos de ellos increíblemente absueltos; trajo una brisa de aire fresco. Hacía tiempo que se esperaba que el Colegio se pronunciara sobre la alocada aventura emprendida por los jueces de la Corte de Justicia, en la denominada “Operación quedarse para siempre”: Consistente en la intención de que, por un fallo judicial de un Tribunal integrado en su totalidad por jueces el Tribunal de Impugnación más tres jueces, dijeran que la cláusula de la Constitución de la Provincia que determina que el mandato de los cortesanos dura seis años, es inconstitucional.

Más allá de la misiva, Burgos reafirmó sus dichos de que percibió el malestar generado luego de las elecciones de jueces y abogados para integrar el Consejo de la Magistratura, en la que las abogadas y abogados que votaron por la lista Justicia Independiente afirmaban que en realidad, habían vencido a dos maquinarias temerarias. Por un lado, la del oficialismo del propio Colegio; y por otro, la avasallante presencia del presidente Catalano, quien dicho sea de paso, cambió el recuento de voto electrónico que se utilizó en la elección de los consejeros jueces, por el recuento manual. Todo bajo la secreta esperanza de que sus aliados de la lista Unidad encontraran en el papel más abogados que hubieran votado, en una elección de baja participación que evidentemente alarmó a Burgos. Al cambio, podría recrearse la vergonzosa elección en la AFA de 38 a 38.

Volviendo a la inamovilidad de los jueces, el Colegio de Abogados fue mucho más lejos en su iniciativa, porque se presentó en el expediente de los jueces reemplazantes y pidió directamente la nulidad de todo el proceso, expresando que una sentencia judicial no puede dejar sin efecto ningún artículo de la Constitución. Luego de esa presentación, los jueces reemplazantes entraron masivamente en pánico, no sólo porque saben que están prevaricando desde el inicio, es decir actuando en contra de la Constitución por la que juraron, sino porque se les avecina de manera inminente una catarata de acciones penales que podrían salpicar no pocas esquirlas en la interminable serie de desatinos que vienen cometiendo.

Eso no es todo. La presentación del Colegio desnudó definitivamente las intenciones de los jueces de la Corte, que dicho al pasar, nunca se pronunciaron respecto de la acción. Se limitaron a excusarse y mantener silenzio stampa, al decir del Coco Basile. Eso recuerda un viejo dicho andaluz: cuando el rumor se hace veraz, la mentira vuela rapaz.

Ya nadie puede ocultar que quienes creen que los cargos le pertenecen, son en realidad los autores de toda la maniobra que desenmascaró el Colegio, ante un estridente silencio de parte del arco político y los gritos insistentes de otro sector, que desde hace tiempo denunció la trampa montada para violar la Constitución. Lo que no tomaron en cuenta los armadores de la trampa, es que en los silenciosos y en los gritones de la política, los escándalos de la Corte empezaron a molestar y a generar inquietud en un año electoral extraño. Todavía nadie termina de definirse y hay quienes quieren quedarse para toda la vida. Que loco, ¿no? -diría nuestro gobernador presidenciable-.

Pero no quedó ahí la cosa. El pronunciamiento del Colegio denuncia también la irregular conformación del Tribunal Ad Hoc que reemplaza a la Corte y la extrañísima exclusión de la Cámara Civil, en un sorteo que nadie supo cuándo ni cómo se hizo. Se trata de prácticas arcaicas que únicamente van quedando en nuestra querida Salta, porque hasta en las provincias vecinas una cosa así pudo acarrear la destitución inmediata de todos los protagonistas. Lo que quedó claro después de que Humberto Pedro Burgos asumió por fin, la defensa de la Constitución en nombre del Colegio de Abogados es que la sustentación y la legitimidad de los jueces de la Corte quedó sin red de contención.