ALEJANDRO SARAVIA
Como un reflejo del denominado por Milei “Pacto de mayo”, que supuestamente se iba a firmar en Córdoba el 25 de mayo pasado si la llamada “Ley Bases” se aprobaba, el gobernador Gustavo Saenz, aprovechando que el próximo feriado nacional es el 17 de junio, en homenaje al héroe salteño, convocó a su vez a un acuerdo provincial denominado “Pacto de Guemes”.
El primer hito de ese derrotero, por ahora solo mediático, fue una fotografía con los exgobernadores provinciales, a la sazón, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey y el propio Saenz. La foto en cuestión nos remonta al hecho palpable que los tres gobiernos de los fotografiados insumieron 30 años de historia provincial reciente. Los tres gobernadores, es obvio, pertenecientes a un mismo signo politico, de modo que lo primero que esa foto muestra es la existencia del tantas veces denunciado régimen político hegemónico de esta provincia.
A un tiempo, por estos días un estudio realizado por el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) presenta para el
primer trimestre de este año una tasa de pobreza del 65% en el Gran Salta (sin interior). Este estudio fue realizado por Roxana Maurizio, investigadora del CONICET en el Instituto
Interdisciplinario de Economía política de la UBA y Jorge Paz, investigador del CONICET y profesor de Desarrollo Económico de la UNSa.
Está claro que los responsables de esos números son las tres personas de la foto inaugural a que aludimos arriba. Para contextualizar, recordemos que según el indicador de pobreza,
en la Argentina habría llegado en el primer trimestre de 2024 al 55,5% de la población y la indigencia pasó del 9,6% al 17,5% en el mismo período, de acuerdo a las estimaciones del
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Es decir que esos desastrosos números nacionales se potencian, aún más, en nuestra provincia.
Como bien recordaba alguien, en 1939, el filósofo español José Ortega y Gasset pronunció una conferencia en la ciudad de La Plata, bajo el título de “Meditación del pueblo joven”. Allí, Ortega, dijo, al comienzo, textualmente…”¡Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas, directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal…”
El así llamado “Pacto de Guemes” pretendería remedar, seguir los pasos, del caudillo, pero no sé si logra el cometido. En efecto, Guemes no hizo tanto aspaviento cuanto tuvo que
enfrentarse a Rondeau, en esos momentos Director Supremo.
Señala Rafael Bielsa, el jurista, el abuelo de estos que andan dando vueltas por el mundo, que lo que impropiamente se denomina poderes concurrentes no es otra cosa que aquellas
materias en las cuales tanto la Nación como las provincias pueden ejercer sus atribuciones sin necesidad de acuerdos entre sí. Se trata de la acción simultánea de la administración
nacional y provincial (y en ocasiones también municipal) en la gestión de “intereses comunes” de orden económico, y de progreso y bienestar general.
Tengamos presente las enseñanzas, a su vez, de Carlos Gervasoni, otro jurista, que en una interpretación amplia del federalismo argentino, concebido como un elemento clave del
síndrome de debilidad institucional que aqueja al país, se destacan sus distorsiones, inequidades y complejidades, y sus perjudiciales consecuencias, como la incongruencia entre el tamaño demográfico-económico de las provincias y su peso político (con extrema sobre-representación legislativa de las escasamente pobladas), el alto desequilibrio fiscal vertical, y la arbitraria e inequitativa distribución de los recursos fiscales entre ellas, de modo que unas pocas provincias económicamente “productivas” y políticamente más democráticas, que concentran la mayor parte de la población (como Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe), pierden legislativa y fiscalmente frente a una alianza entre la presidencia y numerosas (pero demográficamente minoritarias) provincias “rentísticas”, económicamente dependientes de las transferencias federales y políticamente autoritarias.
La crónica inestabilidad macroeconómica argentina, las agudas desigualdades territoriales en el desarrollo, y la persistencia de “feudos” provinciales se explican en parte por la peculiar configuración de nuestro federalismo.
Más que un pacto pedigueño, considero que de una vez por todas se debería afrontar un régimen racional de coparticipación, en deuda desde 1996, y aprender a aprovechar la riqueza potencial de una provincia cuya población se hunde en la miseria. Produce hartazgo escuchar hablar de la riqueza de nuestra provincia en la que, en realidad, sus pobladores se mueren de hambre.
