Los incidentes en Morillo dieron pie a un operativo para colocar en los medios nacionales y provinciales un enemigo social: los piqueteros violentos. La parcialidad del relato policial, los servicios adicionales y la miseria social son los ingredientes de un caso que deja mucha tela para cortar. (F.P.)
Una nueva represión se desató en el marco de un reclamo por puestos de trabajo. El escenario fue El Chirete, un paraje ubicado a 45 kilómetros de la localidad de Morillo y todo termino con un terrible saldo: 10 heridos por balas de goma, entre ellos un niño de 3 años y 2 policías quemados.
Fue el desenlace de una protesta que venía larga data, con el peor de los resultados para los lugareños que pedían ser incorporados a las obras que lleva adelante la empresa Vertua, la misma que se encuentra ejecutando la construcción del Gasoducto del Noreste conocido como GNEA, en la etapa que cruza Salta desde Campo Duran a Formosa.
Mucho se habló sobre los policías rociados con combustible y se intentó instalar la siguiente idea: piqueteros violentos incendian a policías. Para esto, hicieron circular un video donde se veía solamente el momento en el cual una de las personas rocía con combustible a dos de los efectivos y con una antorcha que tenía en la otra mano, iniciaba el fuego. El fragmento difundido dura apenas 30 segundos y está filmado por efectivos con la intención de seguir a los manifestantes.
Así, la conversión de una noticia en un ataque ideológico con una definida cobertura quedó en evidencia. Luego de esto, una exacerbada insistencia en mostrar imágenes donde se ven las quemaduras de los policías dominó el panorama de los medios. Esto fue el pie para que los funcionarios responsables de la seguridad en la provincia se despachen con todo contra los “piqueteros violentos”. Bajo este impacto, ofrecieron declaraciones antológicas: el ministro de Seguridad dijo que estábamos en presencia del accionar de delincuentes e inmediatamente recibió la adhesión del jefe de Policía, Marcelo Lami, quien conjeturó que los manifestantes en realidad “no tenían la intención de buscar trabajo”.
No sólo se buscó generar una imagen negativa de los manifestantes, sino también avanzar con todo el peso de la ley sobre ellos. En tal sentido Cornejo D’Andrea, dijo que “el Chaco Salteño es tierra de nadie” y por tal motivo el gobierno va a “poner a disposición las herramientas y recursos que hagan falta para identificar y detener a los responsables del ataque”. Y quizás sin darse cuenta soltó una frase que dejo traslucir su determinación: “los vamos a buscar hasta debajo de las piedras”, dejando en claro que cuando se meten con hombres de su fuerza, las consecuencias pueden ser severas.
La operación activada empezó a hacer aguas cuando se divulgó otro video donde se muestra el inicio de la represión. El video por sí mismo es una muestra abrumadora que desmiente el relato policial construido de manera parcial.
“¿El gobierno le dio orden de que maten a la gente?”, dice desesperada una mujer a los policías que estaba apostada en el ingreso a la empresa Vertúa. La desprolijidad en la cámara se nota pero el lugar donde se encuentran los uniformados es filmado claramente: tienen puestos cascos, algunos cachiporras, otros escopetas y todos llevan puestos chalecos antibalas. Hay efectivos del GOPAR e Infantería que son los grupos de choque policiales. De un lado uniformados equipados para un combate; del otro hombres, mujeres y niños en una ronda. Llega una camioneta blanca, los pobladores continúan al medio, entonces el jefe del operativo dice: “corramos a la gente para que puedan pasar los vehículos”. Una línea de efectivos avanza con sus escudos y chocan contra los manifestantes. La tensión crece, se escucha como preparan sus armas largas. A los segundos retumba la detonación de las balas, se ve como golpean con la cachiporra a uno que cae. Luego de eso, se escuchan gritos. Entonces, un hombre con una botella de combustible rocía a los policías y con una antorcha que tenía en su otra mano prende el fuego. Luego un concierto de balas, con gritos de fondo, domina el sonido de la brutal escena.
El video es concluyente: la violencia comenzó del lado policial. A sabiendas de esto cabe preguntarse, ¿por qué esa actitud en las fuerzas de seguridad? Quizás, la revelación más importante de este hecho sea que los efectivos cumplen tareas adicionales para la mencionada empresa, y por lo tanto, están dispuestos a todo con tal de preservar ese ingreso de dinero.
Si bien el impactante episodio tal vez pase a la historia como un caso extremo de violencia, su cobertura, las declaraciones alrededor y las revelaciones surgidas muestran la tónica de la sociedad en la que vivimos y colocan sobre la mesa la situación de tensión y desocupación que se vive en el norte salteño. Esto no fue analizado por los medios. El operativo de construcción de un enemigo social, en cierto modo, produjo su efecto.
El corazón de las tinieblas
El título de la obra maestra de Joseph Conrad (El Corazón de las Tinieblas, 1902) grafica bien a un departamento donde el Estado ha llegado sólo fracasar. Se trata del departamento de Rivadavia al que pertenece Morillo, antes famoso por informes nacionales que evidenciaba el alto grado de desnutrición que existe en ese lugar habitado y ahora famoso porque en una protesta la lucha entre policías y desocupados incluyo el uso del fuego.
Según el Censo 2010, los residentes en el departamento eran 30.429 personas que residen en tres municipios: Rivadavia Banda Norte (9.754); Rivadavia Banda Sur (8.866) y Santa Victoria Este (11.809). De las 6.656 viviendas habitadas según el Censo; 2.412 son ranchos y otras 465 son casillas de madera. En esas precarias viviendas viven 13.462 personas: es decir el 45% de la población.
Si los optimistas que siempre existen argumentan que las 16.540 personas restantes que viven en alguna de las 3.711 casas escaparon de la pobreza de los que habitan ranchos o casillas… se equivocan. Otras cifras permiten afirmar que muchos de los que habitan esas casas son igual de pobres que los miles que habitan las construcciones más precarias. De los 7.154 hogares (tecnicismo censal para identificar familias nucleares que pueden habitar una misma construcción) sólo 1.472 cuentan con sanitarios con descarga de agua, mientras los restantes 5.682 carecen de ese tipo de descarga y hasta de retrete.
De esos hogares, 4.825 no tienen heladeras (67,5%); 6.681 no conoce las computadoras (93,5%); y 7.042 no posee un teléfono de línea (98,5%). Esa son algunas de las características del escenario en donde el nivel de desnutrición llega al 10% según el Anuario Estadístico 2012 publicado por el propio gobierno provincial. Porcentaje escalofriante, pero similar al de las personas mayores de 10 años que no saben leer ni escribir: 2.384 sobre una población total de 21.981, representando casi el 11% de la misma.
