Luego de que los vecinos de El Saucelito frenaran el desmonte de casi 300 hectáreas se pudo determinar que el lugar es una zona categorizada como amarilla, es decir, no apta para esta práctica tan de moda. El gobierno no controla y la ley avala.
Si no era porque se juntaron entre los vecinos para convocar a las autoridades y ponerse frente a las máquinas para detener el desmonte en una zona que no debería ser desmontada, ahora no estaríamos ni enterados de otra más de las sospechosas jugadas que se realizan en el chaco salteño.
La denuncia era la siguiente: un empresario de apellido Martin, a través de un contratista, se encontraba realizando desmontes con maquinaria pesada durante horas de la noche en un lugar que no debería ser desmontado.
Quien en su momento defendiera el control que realiza la provincia en cuestión de desmontes, el abogado Lucas Sacchetti, responsable del programa de Control y Fiscalización del Medio Ambiente, un par de días después de que los vecinos (y no funcionarios del estado provincial) frenaran el desmonte, tuvo que desdecirse y aceptar, luego de una visita al lugar, que la zona está, además de habitada (viven tres familias y funciona una escuela, la 4.491), en categoría amarilla. Entonces el abogado dijo que en «esto hay que volver todo a foja cero», ya que «el relevamiento es trucho».
Esta zona al estar en la categoría amarilla para desmontarse primero debe pasar por un estudio de impacto ambiental y un previo consenso de la población directamente afectada mediante una audiencia pública. La trampa, sin embargo, la propone la misma ley que ante casos de desmontes menores a 300 hectáreas no contempla la necesidad de realizar tales estudios.
