Mientras en Salta se realizaba la procesión del Milagro en Buenos Aires el ministro Alfonso Prat Gay presentaba el Presupuesto 2017. Una vez más viola la Ley de Bosques y asigna a las provincias menos dineros de los que corresponden para el cuidado de los recursos naturales. Gonzalo Teruel
Como cada año, mientras en Salta las calles se colman con miles y miles de personas en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro en Buenos Aires el ministro de Economía concurre al Congreso y presenta el Presupuesto para el ejercicio siguiente.
“El lunes, mientras Salta se llenaba con 850 mil peregrinos procesionando con el Señor y la Virgen del Milagro, el ministro de Economía, Axel Kicillof, presentaba en el Congreso el proyecto de Presupuesto para el año próximo” contó, por caso, hace un par de años Cuarto Poder. Esta vez, la situación fue parecida aunque con cambios menores: la presentación no fue un lunes sino el pasado jueves y el ministro no es ya Kicillof sino Alfonso Prat Gay.
Las repercusiones, más o menos, las mismas. La oposición denuncia que es un “dibujo” del Palacio de Hacienda y el equipo económico replica que es, apenas, una herramienta de trabajo y no una verdad revelada. Pero amén de la fecha existe otra coincidencia: la falta de recursos destinada por la Ley de Presupuesto al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
El Presupuesto 2015, el último elaborado y efectivamente ejecutado por Kicillof y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, destinó $232.450.000 (doscientos treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos) al Fondo de Bosques y otros $14 millones al complementario Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos. Y el Presupuesto 2017, el primero confeccionado para ser instrumentado por Prat Gay y el gobierno de Mauricio Macri, asigna $270 millones al Fondo de Bosques y $27.300.000 (veintisiete millones trescientos mil pesos) al Programa de Protección de Bosques.
“Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, en virtud de lo establecido por el Artículo 31 de la Ley N° 26.331, un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MILLONES ($270.000.000) y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 27.300.000)” ordena textual el artículo 16 del Presupuesto 2017 y añade “Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, a ampliar los montos establecidos en el párrafo precedente, en el marco de la mencionada ley”.
En ambos casos estos fondos (casi $250 millones en 2015 y casi $300 millones en 2017) son insuficientes para garantizar el cuidado de los recursos naturales y, sobre todo, violatorios de lo que manda la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos sancionada hace casi 10 años.
La “Ley Bonasso” como popularmente se conoce a la Ley de Bosques en homenaje a su principal impulsor, el periodista y ex diputado Miguel Bonasso, establece de manera taxativa que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción no puedan poner en producción el territorio en cuestión, debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
Pero nunca se integró de manera correcta y, de acuerdo a datos de la Dirección de Bosques de la Nación, en 2010 se asignaron $94 millones, en 2011 $230 millones, en 2012 algo más de $270 millones, en 2013 y 2014 otros $230 millones, en 2015 poco más de $228 millones, y este año $242 millones.
Consultado por Cuarto Poder, Hernán Giardini de Greenpeace reconoció que no le sorprendió la nueva desatención presupuestaria de la Ley Bonasso y anticipó que durante el fin de semana la organización ambientalista analizará los datos oficiales para calcular de cuánto es el faltante de los fondos que, por ley, deben destinarse al cuidado de los bosques. En ninguno de los años anteriores los envíos alcanzaron siquiera el 10% de lo que manda la ley para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y este, según parece, no será la excepción.
“Los envíos nacionales apenas llegan al 6% de lo que manda la ley y en el caso de Salta son apenas 90 centavos por hectárea” graficó la secretaria de Ambiente, Irene Soler.
Salvajes unitarios
Pese al cambio de gobierno y la sucesión de Mauricio Macri a Cristina Fernández de Kirhcner la lógica de concentración de recursos en el gobierno federal en detrimento de las administraciones provinciales continúa. “En los últimos 7 años, con el incumplimiento de la Ley de Bosques el gobierno nacional se apropió de $18.400 millones pertenecientes a las provincias” estimó a comienzos de año la prensa especializada.
Y describió que en esos años (la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010) “el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos $20.350 millones pero apenas desembolsó $1.485 millones”.
Como diputada provincial, la actual secretaria de Ambiente Irene Soler, denunció que sólo “en el período que va desde el año 2010 al 2014, la nación se apropió de más de $8.800 millones que debería haber asignado a las provincias por sus bosques nativos” y consiguió que la Legislatura aprobara una declaración para que “los legisladores nacionales insten a la nación a asignar los fondos que corresponden a las provincias”.
Antes, como senadora nacional Sonia Escudero hizo lo propio en el Congreso y reclamó los fondos que corresponden por legítimo derecho a Salta, la provincia con mayor superficie boscosa a conservar. Y el propio gobernador Juan Manuel Urtubey, en octubre de 2011, ejerció una tibia protesta y envió una carta al entonces titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, recordándole el contenido de la Ley 26.331 y el sistemático incumplimiento del Poder Ejecutivo.
“El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de su más valioso instrumento, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” escribió el mandatario salteño y detalló que “Hasta el momento, la constitución de Fondo ha sido parcial (…) Las provincias reafirmamos el compromiso con la protección de los bosques nativos y le planteamos a los miembros del Congreso la necesidad de sustanciar efectivamente el Fondo incluyendo en el Presupuesto lo establecido por la ley”.
Ninguno tuvo mayor éxito con sus reclamaciones y los dineros que llegaron a la provincia fueron siempre escasos.
“Nosotros planteamos este problema en las últimas reuniones del Cofema (el Consejo Federal de Medio Ambiente) y reclamamos que nos paguen lo que nos corresponde” explicó Irene Soler a Cuarto Poder y subrayó la buena voluntad de las provincias que propusieron a las autoridades nacionales un “aumento gradual de los fondos para llegar en 4 o 5 a lo que manda la Ley de Bosques”.
En el Cofema, además, las provincias pidieron a la Auditoría General de la Nación que deje constancia en sus informes (además de los problemas en el control de los desmontes) del sistemático incumplimiento en el envío de fondos por parte del gobierno federal.
La funcionaria confirmó el pedido realizado semanas atrás a los legisladores nacionales para que introduzcan en la discusión parlamentaria modificaciones al Presupuesto y destacó que el diputado Pablo Kosiner y la senadora Cristina Fiore se comprometieron a hacer las presentaciones correspondientes.
En efecto, Kosiner, miembro de la comisión de Presupuesto, sugirió que podrían hacerse cambios al proyecto oficial porque las fuerzas parlamentarias están muy parejas y, según estimó, habrá negociación.
Los números “importantes” del Presupuesto 2017
El proyecto oficial de Presupuesto para el año próximo prevé el crecimiento de la economía y también del gasto público y del déficit fiscal.
Entre las principales variables macroeconómicas proyectadas por Prat Gay y sus colaboradores se destacan un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%, un aumento del 22% del gasto público, y un déficit fiscal del 4,2%.
Y, además, una inflación de entre 12% y 17%, y un tipo de cambio nominal (paridad peso/dólar) de $17,92.
