La UNSa recibió en enero casi 5 millones menos de los necesarios para costear sueldos. A pesar de ello, el candidato oficialista a rector, Antonio Fernández Fernández, asegura que “el presupuesto está totalmente asegurado”. (F.H.)
“El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, y candidato a Rector de la institución Antonio Fernández Fernández, afirmó que el presupuesto de la institución para el presente año está totalmente asegurado”, reza un cacofónico parte de prensa que hizo circular esta semana la asesoría comunicativa del ungido de Víctor Hugo Claros, el actual rector.
Fernández Fernández es el candidato al que apoya el rector Claros, con quien abrevaron intereses al punto tal que proyectan intercambiar cargos. Fernández Fernández buscará la rectoría y Claros aspira a convertirse, nuevamente, en decano de la facultad de Económicas. No son pocos, sobre todo los palaciegos que rodean al gran Claros, los que creen que el enroque será exitoso.
Asumiendo como cierta esa simplona lectura que hacen los laderos del rector, atemorizados de acercarle interpretaciones más realistas al irascible contador, cabe pensar que Fernández Fernández tiene serias chances de convertirse en la máxima autoridad de la universidad. Entonces, retomando la cita que abre este artículo, las afirmaciones sobre el presupuesto son preocupantes.
El legado
A este momento, marzo de 2016, ya hay elementos oficiales que permiten contradecir la afirmación de Fernández Fernández sobre la garantía presupuestaria para el presente período lectivo. De hecho, la herencia que dejará Claros -sea para el decano de Económicas o sea para alguno de los demás aspirantes al rectorado-, arrastra un panorama lúgubre.
Con el cambio en las riendas de la Casa Rosada, el 10 de diciembre pasado, las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación también se renovaron. El macrismo tuvo uno de sus primeros traspiés cuando anunció que la responsabilidad de esa dependencia la ocuparía el productor televisivo Juan Cruz Ávila, que tiene entre sus laudos recientes el programa Animales Sueltos, especializado en cosificar mujeres. Finalmente, tras abortar tamaño delirio, se asignó al abogado Albor Cantard para reemplazar Luis Caballero.
Los nuevos nombres propios no fueron la única novedad: la SPU envió en enero menos dinero del que la UNSa necesita para pagar los salarios. Para comprender tal aseveración basta con revisar los gastos en personal acumulados en los meses anteriores, siguiendo los propios registros de la SPU. En noviembre el acumulado anual se elevaba a $499.746.548, mientras que en diciembre sumaba $564.930.881; por ende, se deduce que los gastos en sueldos de enero eran $65.184.333 (el acumulado de diciembre menos el acumulado de noviembre).
Conforme consta en la resolución 3/16 de la SPU, adonde se resuelve “transferir a las Universidades Nacionales en concepto de gastos en personal del mes de enero de 2016” una suma total que supera los 3 mil quinientos millones. Seguidamente, dicho edicto presenta un cuadro que desagrega los fondos para cada una de las 51 universidades. La UNSa recibió $60.695.718.
Pasando en limpio: la UNSa necesitaba $65.184.333 para costear los sueldos de enero, pero la SPU le derivó sólo $60.695.718, es decir, un faltante de $4.488.615. Como se ve, es ostensible que la cuestión presupuestaria no está para nada saldada, y que además estaría causando un déficit en la universidad. Si la postura ante esta realidad es el ocultamiento, las consecuencias a largo plazo redundarán en el mismo derrotero que se ha dado en el Estado nacional, recortes, ajustes y despidos.
La proyección
El desfase en los sueldos de enero podría replicarse de manera continuada en todos los meses del año, si se toma en cuenta las respuestas que la SPU ha dado a las entidades gremiales y universitarias que interpusieron su sobrecogimiento ante los arbitrarios recortes.
Es que el caso de la UNSa no fue aislado ni mucho menos, otras casas de altos estudios como la de Tucumán o la San Juan Bosco -increíblemente estatal a pesar de su nombre-, recibieron recortes sensibles. La universidad de la vecina provincia habría percibido 10 millones menos de lo solicitado para abonar los sueldos de enero.
Ante ello, gremios como Conadu Histórica -en el que está alineado la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa- y autoridades más preocupadas por el personal de su universidad, interpelaron a la SPU en busca de explicaciones que justificasen el severo recorte, que, por otra parte, se dio específicamente en el concepto de sueldos, uno de los de mayor impacto a nivel social.
La flamante directora Nacional de Información y Presupuesto Universitario, Anabela Celaya, respondió los cuestionamientos dejando entreabierta la posibilidad que la situación de autoritarismo y recorte persistan. La funcionaria admite que “en el mes de enero -tal como se detalla en la resolución de transferencia de los fondos- la SPU ha realizado un cálculo provisorio para determinar los montos correspondientes al pago de salarios”.
Luego, añade que “en el mes de Marzo cuando las Universidades hayan terminado con la carga de las cancelaciones de AFIP, y tengamos los montos definitivos de las cuotas para el 2016, se actualizarán los montos destinados a Salarios”. Es decir, se dilata la situación y se considera que las actuaciones “provisorias” son válidas para la SPU. Estas acciones lesionan peligrosamente la autarquía de las instituciones universitarias.
El rector Claros, en retirada de su extenso período de seis años ininterrumpidos al frente de la UNSa, no requirió ningún detalle a la SPU y se esforzó por mostrar que todo marcha sobre rieles, a pesar del evidente ajuste que afecta los salario -reconocido por la propia Secretaría. Fiel a su aquiescencia con el gobernador Juan Manuel Urtubey, se mostró cercano a las políticas aplicadas por el nuevo mando nacional de Mauricio Macri.
En consonancia con esa línea de mando, Fernández Fernández, protegido de Claros para las próximas elecciones, se apresuró a negar algo irrefutable, que el presupuesto de la UNSa para este año no sólo es endeble sino que además pone en peligro los puestos de trabajo de muchos docentes y no docentes.
El mismo errante parte de prensa que informa ésta posición del candidato de la lista oficialista “Compromiso Académico y Social”, también señala que Fernández Fernández sostiene que “las universidad públicas seguirán siendo los principales elementos de batalla para el crecimiento del país”. La paradoja es que vislumbrar dicho protagonismo para las universidades públicas mientras se niegan los evidentes recortes de fondos.
