Desde el 9 de diciembre el organismo nacional encargado de coordinar la lucha contra la tata de personas esta acéfalo. El gobierno nacional aún no renovó los contratos del equipo pese a estar financiados por Naciones Unidas.

Hasta el 9 de diciembre, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, era coordinado por la reconcida militante feminista Cecilia Merchán. Ese día Merchan presentó su renuncia y desde entonces y hasta ayer, precisa Página 12, nadie de la administración macrista se había contactado con el equipo que aguardaba la designación de una nueva autoridad para continuar con sus tareas.

En el Comité que por ley depende de Jefatura de Gabinete, trabajan 20 personas: una fue designada en comisión porque es planta permanente de otro ministerio; otra forma parte de la planta permanente de la Jefatura de Gabinete; las 18 restantes son contratadas en el marco de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que contempla el pago de sus salarios hasta marzo de este año, con posibilidad de extender las designaciones por un año más. Los fondos existen, pero por falta de una autoridad que se haga responsable del área los contratos de este año aún están sin firmar.

No obstante, el organismo “sigue recibiendo oficios de causas en marcha o por asistencia o víctimas, consultas sobre algunos casos para establecer si son o no de trata, también seguimos articulando con la línea gratuita 145, y nos llegan pedidos de capacitación. Son cosas que necesitan una solución lo más rápido posible”, explicó a Página 12 Luciana Moreno, integrante del equipo.

El funcionamiento del Comité también podría quedar afectado por la reorganización de algunas estructuras ministeriales. Las tareas del organismo son llevadas adelante por un equipo interdisciplinario (profesionales de psicología, comunicación, trabajo social, relaciones internacionales, empleados administrativos), que, por ley, está bajo la órbita de la Secretaría de Gabinete. Esa Secretaría ahora está bajo la órbita del Ministerio de Modernización, en virtud del decreto 151/2015.

El Comité funciona desde octubre de 2013. Tuvo intervención en que fuera reglamentada –aunque parcialmente y dos años y algo después de sancionada la reforma– la ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas. Esa reglamentación –decreto 111/15, del 26 de enero del año pasado– permite volver operativa y de funcionamiento de parte de la ley y articular distintas instancias del Estado involucradas en el tema. Establece, por ejemplo, el paso a paso del procedimiento que deben seguir las distintas áreas del Estado responsables en la asistencia en los casos de víctimas rescatadas: que profesionales del Ministerio de Justicia deben ser los encargados del primer contacto con las víctimas, que tras la declaración en sede judicial las víctimas deben ser asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social, que luego el Ministerio de Trabajo debe ofrecerles capacitación y programas de empleo, y el de Justicia, brindarles asesoramiento legal gratuito.