El Secretario de Gobierno del intendente de Oran irá a juicio por almacenar 2.000 archivos pornográficos cuando era preceptor del colegio 5.040. El abogado del acusado Oscar Pascual es miembro del estudio jurídico del intendente Lara Gros que se postula para acompañar a Urtubey como vice gobernador.
Se trata de Oscar Pascual que mientras era preceptor archivó material pornografíco en máquinas destinadas a la formación pedagógica de los estudiantes pertenecientes al Programa Federal PRODYMES. El portal de esa ciudad, Revista Norte, informó que el expediente interno había sido iniciado por algunos profesores y colegas de Pascual que finalmente derivó en una causa judicial. Las evidencias aportadas por técnicos fueron lapidarias: más de 2.000 archivos pornográficos en las computadoras fueron listados y entregados al director como prueba. A ellos se sumaron los testimonios y denuncias de profesores y alumnos del Colegio 5.040 contra el preceptor.
Pero lo peor para Pascual vino después y tuvo su origen en por una denuncia política de Pascual contra la médica Sandra Martín. El portal oranense explicó que tal denuncia tuvo íntima vinculación política. Es que Sandra Martín y Pascual eran aliados políticos. Él trabajó en la campaña para que Sandra llegara a su banca de concejal pero luego se sintió abandonado. Enojado por este desplante, Pascual salió por la radio a escrachar a la concejal y a ésta optó por contar, también por radio y en duplex telefónico con Pascual, que lo había separado por pornógrafo. Ante la sorprendente revelación en vivo y en directo Pascual comenzó a gritar desde el otro lado del teléfono “¡calummmnias, injuuurias!” y la amenazó con denunciarla.
Así lo hizo ante la justicia penal y allí comenzó a caminar un largo derrotero que lo tiene hoy en un juicio a cuyas audiencias no se presenta; aunque sí su abogado que, justamente, es el representante del Estudio Jurídico Lara Gros: se trata de abogado Andrés Arrans. Para defenderse de la denuncia penal que le inició el ex preceptor, Sandra Martín se documentó de todas las actuaciones que hasta ese entonces habían quedado en el ámbito administrativo del ministerio de educación. Es más, a punto de ser archivado y pasado al olvido, la denuncia contra Sandra desempolvó los cajones de los funcionarios ministeriales para que pasaran a formar parte del expediente judicial. Así aparecieron en tribunales las Actas, notas, denuncias de estudiantes y más de 80 firmas de padres y alumnos que contaban las miserias de Pascual en el Colegio.
Ante las pruebas, a Pascual se le abrió otra causa. El Juez Ru envió a investigar a Pascual ante la fiscalía penal de la Dra. Nadra Chaud por posible comisión de delitos. Chaudpidió el procesamiento bajo la figura de malversación de fondos públicos por variar el uso y destino de las computadoras del programa educativo junto al entonces director del establecimiento Eduardo Cuello, quien también surgió como responsable frente el ministerio de educación. Así es como, de una causa administrativa pasó a una causa judicial de índole privada, la que a su vez terminó derivando en una causa penal de órden público. Esa judicialización llevó a que el ministerio decidiera, por su parte, echar al preceptor y al director del 5.040.
