Cuando el Estado financia el banquete de los dueños del sillón

En la provincia de Salta, los millonarios recursos destinados a sostener la producción y a proteger a los productores tabacaleros parecen tener un destino muy particular: engrosar los bolsillos de quienes, paradójicamente, deberían controlarlos. Lejos de ser una ayuda transparente para el desarrollo regional, la administración del Fondo Especial del Tabaco (FET) opera bajo un esquema escandaloso en el que las líneas divisorias entre el funcionario, el empresario y el legislador se desvanecen por completo. El resultado es una verdadera casta de «planeros VIP» que maneja los fondos públicos a discreción, convirtiendo los recursos del Estado en un negocio privado de pocos, a costa del productor tabacalero.

Enrique Cornejo encarna como pocos esta falla sistémica de la política salteña. En su doble (y múltiple) rol, Cornejo se desempeña como administrador del FET por la provincia y, al mismo tiempo, como senador provincial por el departamento de Güemes. Las cifras son elocuentes: en el último período, bajo su órbita se administraron y transfirieron sumas monumentales a través de los Planes Operativos Anuales (POA). Un análisis pormenorizado de las últimas resoluciones oficiales revela que la Cámara de Tabaco de Salta y las unidades ejecutoras recibieron montos colosales que superan los $99.650.000.000, según el registro acumulado de los POA de los años 2025 y 2026, que abarcan desde programas de reconversión, compensaciones por riesgos climáticos y convenios de corresponsabilidad gremial hasta coberturas médico-asistenciales por más de $5.435.646.000 y resarcimientos climáticos cercanos a los $8.235.590.000.

La maniobra roza el absurdo institucional. Los millonarios fondos bajan de la administración provincial que el propio Cornejo conduce, se transfieren a la Cámara de Tabaco de Salta —institución en la que Cornejo integra formalmente el Órgano de Fiscalización— y de allí deben llegar a los productores. Pero la cadena cierra a la perfección para los beneficiarios de siempre: Cornejo es, a su vez, productor tabacalero con explotaciones en el departamento de Güemes.

¿Es compatible que quien administra fondos públicos multimillonarios sea el principal beneficiario de estos? En cualquier democracia con controles republicanos sanos, la respuesta sería un rotundo no. Pero en Salta parece reinar la lógica del chiste malo: Cornejo recibe los fondos, Cornejo se los transfiere a la institución de Cornejo y Cornejo —desde su banca en la Legislatura y su despacho— se autocontrola para que todo parezca legal. Juez y parte absoluta.

Este entramado de impunidad no es una improvisación reciente; responde a una ingeniería diseñada a lo largo de los años. El propio Cornejo comenzó su vínculo con el sistema técnico elaborando los POA para la provincia a cambio de comisiones, para luego convertirse en consultor de la Coordinación Nacional de Tabaco en 2016, el mismo año en que asumió como administrador del FET local.

¿Es compatible que quien administra fondos públicos multimillonarios sea el principal beneficiario de estos? En cualquier democracia con controles republicanos sanos, la respuesta sería un rotundo no. Pero en Salta parece reinar la lógica del chiste malo: Cornejo recibe los fondos, Cornejo se los transfiere a la institución de Cornejo y Cornejo —desde su banca en la Legislatura y su despacho— se autocontrola para que todo parezca legal. Juez y parte absoluta.

Este entramado de impunidad no es una improvisación reciente; responde a una ingeniería diseñada a lo largo de los años. El propio Cornejo comenzó su vínculo con el sistema técnico elaborando los POA para la provincia a cambio de comisiones, para luego convertirse en consultor de la Coordinación Nacional de Tabaco en 2016, el mismo año en que asumió como administrador del FET local.

Desde entonces, el circuito de asesorar a Nación sobre cómo aprobar los planes para luego recibirlos en su propia oficina y redistribuirlos no ha sufrido alteraciones. Pero, en realidad, Cornejo no es más que un engranaje de la política local, pues, como todos saben en la provincia de Salta, su jefe político es el señor Esteban Amat Lacroix, presidente de la Cámara de Diputados de Salta, presidente de la Cámara del Tabaco y también productor tabacalero. El «Tuti», además de ser el intermediario entre el gobernador y Philip Morris International —uno de los grandes aportantes de las campañas políticas en la provincia—, es el gran arquitecto de este circuito, en el que decenas de miles de millones de pesos de las arcas públicas desembocan en la cúpula de la dirigencia política y tabacalera: un verdadero señor del tabaco.

Como es lógico, el principal perjudicado por esta realidad es el productor tabacalero, cuya situación contrasta cruelmente con este festín: muchos de estos popes de la política ni siquiera trabajan la tierra, sino que la tienen arrendada, mientras el tabacalero que realmente labura la tierra queda al margen de los beneficios directos y las compensaciones millonarias que reparte la Nación.

La pregunta que queda flotando en el recinto legislativo y en las calles de Salta es: ¿hasta cuándo la política provincial seguirá mirando hacia otro lado? La transparencia no se pregona con discursos vacíos; se practica apartando los privilegios personales de la función pública. Mientras los funcionarios se transformen en empresarios subsidiados con el dinero de todos, el desarrollo sustentable del tabaco seguirá siendo una excusa cínica para financiar a una casta que hizo del Estado su caja de ahorro personal.