El hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy (52) en un malezal del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina (Corrientes), expone con crudeza la intersección entre la violencia patriarcal, el aislamiento territorial y el desamparo estatal que atraviesa a miles de trabajadoras de la educación rural en Argentina.

El crimen de Nancy Godoy trasciende la crónica policial y se inserta en la problemática estructural de los femicidios en Argentina. Cuando las desigualdades de género se cruzan con la precarización de la vida rural y laboral, la violencia física se vuelve la manifestación más extrema de una cadena previa de abandonos y violencias institucionales.

Lo que las autoridades judiciales investigan como un femicidio representa, al mismo tiempo, el retrato desgarrador de un sistema que sostiene el servicio educativo a costa del esfuerzo individual y la seguridad personal de sus docentes.

Nancy Godoy permaneció desaparecida durante tres semanas. Tenía a su cargo la Escuela N° 626, ubicada dentro de la estancia privada «El Curupí», donde se desempeñaba como «personal único»: era directora, maestra, cocinera y portera simultáneamente.

Para dar clases a los hijos de los peones rurales, debía realizar travesías de hora y media a caballo por caminos anegados y zonas sin conectividad ni señal móvil. Por la causa judicial, la fiscalía ha dictado la prisión preventiva para cinco personas, entre ellas capataces y peones del establecimiento ganadero, acusados por femicidio y participación en el hecho.

El caso trasluce una dinámica recurrente en ámbitos rurales: la vulnerabilidad extrema de mujeres trabajadoras que quedan expuestas a las estructuras de poder territorial e impunidad que persisten en zonas de difícil acceso y bajo control patronal o latifundista.

Pocos meses antes de su trágico final, el 28 de agosto, la propia Nancy había dejado constancia en un expediente ante el Consejo de Educación de Corrientes sobre las deplorables condiciones de su establecimiento:Escuela sin agua potable e instalaciones sanitarias inhabilitadas, invasión de roedores y falta de insumos o presupuesto para mantenimiento básico, falta de transporte oficial y protocolos de resguardo para el traslado de los docentes en zonas aisladas.

Ante la inacción institucional, la docente debió acondicionar y limpiar ella misma el establecimiento para garantizar el derecho a la educación de sus alumnos. La falta de respuestas estatales transformó el ejercicio de la docencia en un trabajo de alto riesgo donde el aislamiento geográfico se convirtió en indefensión.

El impacto de este hecho movilizó a las organizaciones sindicales docentes y de trabajadoras de todo el país (como CTERA y ATE), que convocaron a paros y movilizaciones exigiendo no solo el esclarecimiento del femicidio y justicia para Nancy, sino también un cambio radical en las políticas de seguridad y condiciones de trabajo para la educación rural.

El femicidio de Nancy Godoy interpela al Estado sobre las garantías mínimas requeridas para ejercer la docencia en Argentina. Exige una respuesta integral que combine justicia penal con medidas efectivas de protección laboral, infraestructura digna e investigación con perspectiva de género en todos los rincones del país.

Los imputados y la trama de complicidades

En el marco de la causa que conducen los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, la Justicia correntina ha dictado la prisión preventiva para cinco personas vinculadas a la estancia «El Curupí» y sus inmediaciones. Entre los principales acusados como coautores del femicidio figuran el capataz Ireneo Felipe Zarza (34) —en cuya vivienda rústica a 150 metros de la escuela se secuestraron prendas quemadas— y los trabajadores rurales Felipe Dionisio Sandoval (55) y Nahuel Rojas. Asimismo, Rosa Leguizamón, la baqueana encargada de los traslados a caballo y señalada por haber engañado a la víctima sobre sus posibilidades de retorno, se encuentra imputada como coautora; durante el allanamiento en su domicilio se incautaron pertenencias atribuibles a la docente. El quinto detenido, el peón Ernesto Ezequiel Bordón, enfrenta cargos por falso testimonio tras brindar versiones contradictorias. Las imputaciones sugieren un accionar articulado en el ámbito rural que no solo perpetró la agresión, sino que intentó encubrirla valiéndose del aislamiento geográfico y la vulnerabilidad de la maestra.