Durante septiembre de este año la gestión de la ministra de Educación de Salta y su secretario quedaron bajo fuerte cuestionamiento por una denuncia que involucra a la Unidad Educativa N° 7160, un establecimiento cuya existencia física y funcionamiento real son puestos en duda. El caso, que arrancó como una denuncia puntual, escaló en apenas dos semanas hasta transformarse en una causa judicial con proyecciones fiscales millonarias y en uno de los principales frentes de desgaste político del gobierno.
José Veronelli
La denunciante es Celia Alejandra Alancay, docente con 14 años de antigüedad en el sistema educativo provincial. Según su relato, comenzó a recibir de manera informal —por WhatsApp y documentación dejada en la puerta de su casa— planillas y capturas de pantalla del sistema de designaciones que, sostiene, muestran una estructura educativa inexistente en la práctica.
Se presentó una denuncia contra el Ministerio de Educación de Salta por la presunta asignación irregular de más de 300 cargos en la Escuela 7160, iniciada en la Fiscalía Penal de Cerrillos y derivada luego a la Fiscalía de Delitos Económicos. Según su versión, el establecimiento tendría asignados más de 300 cargos docentes, aunque no contaría con edificio, alumnos ni informes pedagógicos que acrediten su funcionamiento.
En los papeles oficiales, la escuela habría funcionado en la zona de Castañares, en el norte de la capital salteña, en un domicilio donde hoy opera la Defensoría del Menor o, según otras versiones, la Comisaría del Menor. Alancay señaló que ese lugar no cuenta con un edificio capaz de sostener a 300 docentes.
Alancay vincula su denuncia con el proceso de cesantías masivas que afectó a la docencia salteña: ella misma es una de las 117 docentes cesanteadas tras una medida de fuerza, y afirma que antes de judicializar el caso agotó la vía administrativa. Explicó que presentó notas ante la supervisora general el 23 de junio sin obtener respuesta oficial del Ministerio.
El expediente avanza actualmente por la vía penal económica. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, investiga la denuncia por presuntos delitos contra la administración pública vinculados con la Unidad Educativa N° 7160, luego de que el expediente llegara a la UDEC tras ser remitido por la Fiscalía Penal de Cerrillos, donde había sido radicado el 12 de agosto. La fiscal ya solicitó documentación al Ministerio de Educación y continúa analizando lo incorporado a las actuaciones.
Un dato que agregó sospecha al caso es la aparición, en la nómina filtrada, de un docente llamado Walter Wayar, quien no guarda relación con el conocido dirigente político salteño del mismo nombre: se trata de un homónimo que ni siquiera reside en Salta, sino que tiene domicilio fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También trascendió el caso de Pablo Marcial, quien figuraría como asistente escolar de la Escuela 7160 pero cuya actividad se limitaría a la política, ya que integra el círculo cercano del diputado nacional Pablo Outes, y fue apartado previamente de la Municipalidad de Salta Capital tras una denuncia por irregularidades mientras era Coordinador General de Asuntos Vecinales.
Además, se conoció que el establecimiento cambió de denominación en medio de la polémica: la institución, identificada como colegio 7160, mutó luego a núcleo 7210, orientado a jóvenes en conflicto con la ley, resultando tan difusa su existencia que ni empleados del propio ministerio sabrían precisar dónde funciona.
La ministra negó categóricamente las irregularidades. Rechazó que exista una “escuela fantasma” con cargos activos y desestimó las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de las designaciones docentes. Su explicación técnica es que, desde 2014, la provincia cerró alrededor de 60 establecimientos sin matrícula, y que los cargos de esas escuelas cerradas se reutilizan para cubrir vacantes en otras instituciones cuando surge la necesidad. Detalló que cuando una escuela cierra pero existe una vacante en otra institución, el cargo disponible puede ser relocalizado para cubrirla.
Desde el entorno ministerial también se buscó restar legitimidad a la denuncia encuadrándola en una disputa personal: desde el Gobierno se calificó la presentación como una “venganza” de Alancay, en referencia a su cesantía tras el paro docente. Sin embargo, ni la ministra ni Becker aportaron precisiones documentadas caso por caso: ninguno de los dos profundizó en casos particulares ni brindó información por escrito, lo que mantiene abierta la sospecha sobre designaciones de personas sin trayectoria educativa comprobada.
El punto de mayor impacto público llegó cuando trascendió una proyección fiscal: de confirmarse que existen unas 60 instituciones en condiciones similares a la 7160 —cifra que coincide, de hecho, con la que la propia gestión reconoce como escuelas cerradas desde 2014—, la fuga mensual de fondos públicos podría rondar los 12.600 millones de pesos mensuales, calificada por la nota periodística que difundió el dato como una de las estafas más grandes de la historia reciente de la provincia si se confirmara la existencia de 60 instituciones en esas condiciones. Según ese mismo análisis, una escuela sin alumnos no debería justificar la presencia de 300 maestros, 40 jardineras y 20 profesores de religión, en momentos en que la enseñanza religiosa es inconstitucional en Salta desde 2017.
El prontuario de Alancay
Un elemento clave para dimensionar el conflicto —y que el propio Gobierno utiliza para relativizar la denuncia— es el historial judicial y policial de la denunciante.
Causa por explotación ilegal de juegos de azar: En agosto de 2024, Alancay fue detenida tras un allanamiento en su domicilio. La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, la imputó de forma provisional como autora del delito de explotación ilegal de juegos de azar, previsto en el artículo 301 bis del Código Penal. La investigación se inició a partir de una denuncia de un funcionario del Ministerio de Educación, que informó sobre su presunta participación en un sistema de captación de jugadores para juegos de azar online. En sus redes sociales promocionaba abiertamente la actividad, ofreciendo “fichitas” de un casino online y publicando comprobantes de pagos de premios. Tras el allanamiento, participó personal de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía, que secuestró evidencia digital de interés para la causa, y Alancay prestó declaración y quedó sujeta al cumplimiento de medidas sustitutivas tras ser liberada.
Fue la propia cartera educativa la que impulsó esta denuncia, ya que la investigación se originó en un aviso de un funcionario del Ministerio de Educación sobre la actividad de la docente. Esto explica por qué, en el actual cruce, desde el entorno de Fiore se apunta contra la credibilidad de Alancay: hay un antecedente directo de conflicto entre ambas partes previo al caso de la “escuela fantasma”.
Guardada en 2016: Alancay también tiene antecedentes de una detención vinculada a la protesta gremial docente. Durante un paro por reclamos salariales en la gestión de Juan Manuel Urtubey, se registró una represión policial a docentes autoconvocados movilizados a la Casa de Gobierno, en la que se detuvo a la maestra Celia Alancay, mientras otra docente resultó herida y fue derivada a un centro asistencial.
Denuncias cruzadas: Un artículo periodístico reciente sintetiza su situación señalando que la docente cuenta con antecedentes de detenciones y denuncias cruzadas, aunque en esta oportunidad se presenta con patrocinio letrado formal del abogado Nicolás Vedia. Cabe mencionar que Vedia es precandidato a diputado nacional por el partido Renacer, dato que el Gobierno también utiliza para enmarcar la denuncia en una motivación política antes que estrictamente administrativa.
Ninguno de estos antecedentes invalida por sí mismo el contenido de la denuncia sobre la Escuela 7160, cuya verificación depende de la documentación oficial (actos de creación y cierre de establecimientos, designaciones, planillas de personal, liquidaciones salariales) que la fiscal Salinas Odorisio está recopilando. Pero sí explican la estrategia comunicacional del Gobierno provincial, que apunta a debilitar la figura de la denunciante en paralelo a negar los hechos denunciados.
Hasta septiembre de 2026 la situación puede resumirse así:
La causa penal por la Escuela 7160 está en la UDEC, a cargo de la fiscal Salinas Odorisio, en etapa de recolección documental, sin imputaciones formales.
El Ministerio de Educación sostiene su versión de reasignación legítima de cargos por cierre de escuelas desde 2014.
Trasciende que existirían unas 60 instituciones en condiciones similares a la 7160, lo que motivó la proyección de una fuga fiscal mensual de $12.600 millones, cifra aún no confirmada judicialmente.
La denunciante, Celia Alancay, arrastra un antecedente penal de 2024 por explotación ilegal de juegos de azar —iniciado, paradójicamente, por una denuncia del propio Ministerio de Educación— además de un antecedente de detención en una protesta gremial de 2016, elementos que el oficialismo utiliza para instalar la idea de una denuncia motivada por revancha personal tras su cesantía.
El desenlace dependerá de lo que arroje la pericia documental sobre designaciones, liquidaciones y movimientos de cargos, un camino para determinar si se trata de una maniobra administrativa cuestionable pero explicable, o de una estructura de pago de sobresueldos con apariencia de delito contra la administración pública.
