La Legislatura avanza contra las apuestas ilegales, pero el debate empieza a rozar un negocio que el propio Estado regula, promociona y del que también recauda. Ahora, un planteo para prohibir lisa y llanamente los juegos de azar en Salta amenaza con llevar la discusión a una instancia que podría poner nervioso a más de uno.
N. de r.
Ciertos debates asoman en los recintos políticos y hacen que más de uno acomode la silla. El de las apuestas y la ludopatía en Salta pertenece a esta categoría. La Cámara de Diputados dio el pasado martes media sanción, por unanimidad, a un proyecto que limita la publicidad de juegos de azar en empresas del Estado y giró la iniciativa al Senado. El argumento central fue la preocupación por la ludopatía y, particularmente, por la expansión de las apuestas clandestinas. En paralelo, la Cámara alta mantiene en tratamiento otro proyecto para restringir el acceso de menores a los juegos en línea.
Todo parece razonable. Y, sin embargo, hay una pregunta que empieza a hacerse demasiado grande para seguir debajo de la alfombra: ¿el problema es solamente el juego ilegal? La respuesta no parece tan sencilla cuando se mira el tablero completo y no solamente la casilla que conviene señalar.
El cómodo enemigo clandestino
La respuesta políticamente más sencilla es señalar al apostador clandestino. Es ilegal, no tributa, escapa de los controles y muchas veces utiliza plataformas que permiten el acceso de menores.
El problema aparece cuando esa discusión se presenta como si allí terminara el asunto. La Organización Mundial de la Salud reconoce la ludopatía como un trastorno adictivo. Y esa condición no cambia porque la apuesta se haga en una plataforma clandestina, en una casa de juegos habilitada por el Estado, frente a una tragamonedas o desde una aplicación autorizada.
Eso fue lo que puso sobre la mesa el diputado José Gauffin, de La Reconquista, durante la última sesión. Su planteo fue bastante más incómodo que el proyecto que avanzó: sostuvo que las herramientas actuales de regulación y prevención ya no alcanzan y pidió discutir una prohibición de los juegos de azar en Salta.
Gauffin cuestionó que el Estado se refugie en la idea del “juego responsable” mientras habilita, regula y recauda sobre una actividad que puede generar adicción.
Hay una frase del diputado que resume el nudo: “el juego ilegal genera tanta ludopatía como el juego legal”. Y otra que incomoda al modelo vigente: “no podemos combatir las consecuencias del juego mientras seguimos promoviendo y habilitando el juego”.
Dieciséis mil millones en un mes
Ahí aparecen los números. Que suelen tener la desagradable costumbre de arruinar las discusiones demasiado cómodas. Según datos del Ente Regulador de los Juegos de Azar (ENREJA), solamente durante julio, mes atravesado por el Mundial de Fútbol, las apuestas digitales movilizaron unos 16.000 millones de pesos en Salta.
Hay un dato que vuelve todavía más llamativa esa cifra. Durante todo 2025, ENREJA percibió 8.583 millones de pesos en concepto de canon, provenientes en su gran mayoría del juego presencial. El dinero movilizado por las apuestas digitales en un solo mes equivalió así a casi el doble de todo lo recaudado por el organismo durante el año pasado por ese concepto.
En Salta, además, el juego está concesionado. Las empresas pagan una tasa de fiscalización del 3%, destinada a sostener el control de ENREJA, y un canon calculado sobre la ganancia neta. En las tragamonedas llega al 24%; en los juegos de casino, al 17%; y en los juegos online, apenas al 8%.
La explicación está vinculada a la cantidad de empleados que requiere cada modalidad. Una lógica que deja una curiosidad difícil de pasar por alto: cuanto menos trabajadores necesita el negocio, menor es el canon.
Mientras se habla de los peligros de las apuestas clandestinas, existe entonces un mercado legal, regulado y rentado por el Estado.
El celular como casino
Según los datos mencionados en el debate, el 24% de los adolescentes argentinos de 12 a 17 años ya apostó online alguna vez. Seis de cada diez conocen a alguien que lo hizo, casi la mitad conoce plataformas o aplicaciones de apuestas y uno de cada dos jóvenes que apuesta manifiesta haberlo hecho por dinero.
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) aporta otra fotografía: el 28% de los adolescentes tuvo algún contacto con juegos de azar y tres de cada diez lo hicieron a través de plataformas ilegales.
Para una parte importante de los chicos ni siquiera existe una frontera clara entre “legal” e “ilegal”. Existe una pantalla.
Salta ya tuvo que reaccionar ante esa realidad. Después de un informe del Ministerio de Salud Pública de junio de 2024, el Gobierno provincial creó una mesa intersectorial y, en ese marco, se bloquearon 60 sitios en 1.200 escuelas y 80 plazas con wifi público.
Prohibir la publicidad en empresas estatales puede ser un paso. Restringir el acceso de menores, otro. Bloquear sitios ilegales, uno más. Pero todos dejan abierta la discusión incómoda: qué hacer con una actividad que el propio Estado considera riesgosa como para regularla, pero conveniente como para concederla, fiscalizarla y cobrar por ella.
Allí es donde el debate empieza a ponerse nervioso. La media sanción de Diputados puede leerse como una señal contra las apuestas clandestinas. La intervención de Gauffin abrió, en cambio, una puerta más difícil de cerrar: si la ludopatía es el problema, ¿la política debe perseguir solamente al juego que no paga impuestos?
Quizá el verdadero problema no sea solamente quién está detrás de la ruleta. También habría que mirar quién la habilita, quién la promociona, la controla y hace caja cuando la bolita cae.
