La causa, iniciada en 2021, tiene a cinco personas imputadas y avanzó a la etapa de prueba. Entre los acusados hay cuatro empleados del organismo y un permisionario de estacionamiento medido.
Una investigación iniciada en 2021 por la presunta comercialización irregular de actas del Registro Civil avanzó a la etapa de prueba y tiene a cinco personas imputadas por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita. Entre los acusados se encuentran cuatro empleados del organismo y un permisionario del sistema de estacionamiento medido.
La causa surgió a partir de la denuncia de una funcionaria que detectó la venta no autorizada de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Según la acusación de la Fiscalía, el permisionario captaba interesados en la vía pública, cobraba por las gestiones y luego recurría a sus contactos dentro del Registro Civil para obtener la documentación.
De acuerdo con la investigación, los empleados imputados habrían emitido las actas bajo la modalidad de “trámite oficial”, lo que permitía obtenerlas sin pagar el arancel correspondiente. Los documentos eran posteriormente entregados al permisionario, quien los comercializaba por valores superiores a las tasas establecidas oficialmente.
La Fiscalía sostiene que no se trataba de episodios aislados, sino de una organización con una división de tareas y participación coordinada entre personas que actuaban dentro y fuera del organismo. Durante una reciente audiencia multipropósito, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal y por una de las defensas, por lo que la causa quedó encaminada hacia la siguiente etapa procesal.
