El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Humberto Saravia, presentó una denuncia ante la Procuración General de Salta para que se investigue al diputado provincial Daniel Segura por presuntos delitos contra la administración pública. La presentación también solicita medidas para impedir que la empresa Miguel Segura S.A. continúe contratando con el Estado mientras se esclarecen los hechos.
El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Humberto Saravia, presentó una denuncia penal de 25 páginas ante el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, en la que solicita la apertura de una investigación contra el diputado provincial Daniel Alejandro Segura por la presunta comisión de diversos delitos vinculados con el ejercicio de la función pública.
La denuncia sostiene que el Ministerio Público Fiscal debe analizar si existen elementos para imputar al legislador por omisión maliciosa en declaración jurada, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y coacción agravada contra un funcionario público, además de evaluar la eventual responsabilidad de otras personas involucradas.
El origen del conflicto
Según Saravia, el conflicto se desencadenó luego de las resoluciones adoptadas por el ENRESP frente a errores de facturación detectados en el servicio eléctrico brindado por EDESA en General Güemes. El organismo dispuso medidas para proteger a los usuarios afectados e impuso una multa cercana a los 238 millones de pesos por casi un millar de casos reconocidos por la empresa distribuidora.
El funcionario afirma que, tras brindar entrevistas públicas sobre el tema, comenzó una escalada de cuestionamientos por parte del diputado Segura.
La denuncia por presuntas amenazas
Uno de los ejes de la presentación describe un llamado telefónico que habría realizado el diputado Gustavo Dantur al director del ENRESP, Mariano San Millán, transmitiendo supuestos mensajes atribuidos a Daniel Segura.
Saravia sostiene que durante esa conversación se habría advertido que el legislador «lo iba a hacer mierda», que buscaría vincularlo públicamente con hechos de corrupción y que, debido a sus fueros parlamentarios, «nadie lo iba a tocar». El denunciante afirma que esas expresiones constituyeron un intento de intimidarlo para condicionar su actuación como presidente del organismo regulador.
Además, señala que posteriormente Segura realizó declaraciones públicas en la Cámara de Diputados y en entrevistas periodísticas donde cuestionó su patrimonio y deslizó sospechas de corrupción, hechos que considera parte de la misma maniobra de desprestigio.
Acusan incompatibilidad entre el cargo y la empresa familiar
La denuncia también pone el foco sobre la empresa Miguel Segura S.A.
Saravia sostiene que Daniel Segura posee el 25% del paquete accionario y figura como director suplente de la sociedad mientras ejerce como diputado provincial desde 2019. Según la presentación, esa situación sería incompatible con la participación de la empresa en contrataciones con el Estado provincial.
El escrito afirma que la firma habría obtenido contrataciones públicas por 674.558.810 pesos entre 2021 y 2026 para la provisión de módulos alimentarios y otros insumos destinados a programas sociales y de emergencia.
Los delitos que pide investigar
La presentación solicita que la Fiscalía determine si la conducta del legislador puede encuadrarse en distintos delitos previstos por el Código Penal.
Entre ellos menciona:
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública;
tráfico de influencias;
omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial;
coacción agravada contra un funcionario público.
Asimismo, Saravia sostiene que Segura habría omitido informar adecuadamente en sus declaraciones juradas el porcentaje accionario que posee en Miguel Segura S.A. y el carácter de proveedor del Estado de esa empresa, circunstancias que —según la denuncia— impedían advertir un eventual conflicto de intereses.
Medidas solicitadas
Además de impulsar la investigación penal, el presidente del ENRESP pidió que se requiera información a distintos organismos públicos, entre ellos la Cámara de Diputados, la Escribanía de Gobierno, la Secretaría de Contrataciones y la empresa Miguel Segura S.A., para reconstruir las contrataciones y verificar la composición societaria y las declaraciones juradas del legislador.
Finalmente, solicitó una medida inhibitoria para impedir que la empresa continúe participando en procesos de contratación con el Estado provincial hasta tanto se determine si existe la incompatibilidad denunciada.
