Con una historia y actualidad trágicas, mirar a nuestros vecinos permite entender cómo se piensa el nacionalismo en el cono sur, las grietas con los pueblos originarios y el rol geopolítico que ocupa quien supo ser uno de los dos corazones de un viejo Virreinato. Mirar hacia atrás en los últimos 25 años de Bolivia ayuda a entender cómo viven y cómo luchan.

Don Veronelli

Allá por 1999, el gobierno de Hugo Banzer Suárez firmó la concesión del servicio de agua potable de Cochabamba con Aguas del Tunari, subsidiaria de Bechtel. La privatización, exigida por el Banco Mundial como condición para renovar un préstamo, otorgaba a la empresa incluso el derecho de cobrar por el uso de pozos privados y sistemas comunitarios de riego. En una ciudad con un sistema de agua deficiente, la promesa era el mega proyecto Misicuni, pero lo que llegó primero fueron tarifazos de hasta el 200%, golpeando a los sectores más vulnerables.

En enero de 2000 nació la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, liderada por Oscar Olivera, que articuló a campesinos, fabriles, vecinos y profesionales en rechazo a la privatización. Las primeras protestas fueron reprimidas, y en febrero el gobierno declaró estado de sitio. Pero la movilización creció hasta paralizar Cochabamba en abril. El 8 de ese mes, en la Plaza de las Banderas, un capitán del ejército disparó contra los manifestantes y mató al joven de 17 años Víctor Hugo Daza. Su muerte se convirtió en símbolo y detonante de la escalada final.

Alrededor de diez muertos, más de 175 heridos —muchos de bala— y decenas de detenidos. El 10 de abril, Banzer anuló el contrato y el servicio volvió a manos del SEMAPA. La Guerra del Agua se transformó en un hito global: una victoria popular contra la privatización de un recurso esencial, que fortaleció a los movimientos sociales y anticipó la crisis de 2003. Bechtel, tras una campaña internacional de presión, retiró su demanda de 50 millones de dólares.

La política de “coca cero” impulsada por Banzer y luego Jorge Quiroga, bajo presión de Estados Unidos, encendía otro frente. El Plan Dignidad buscaba erradicar cultivos en el Chapare, pero para las comunidades campesinas la coca era sustento y cultura. Evo Morales, diputado y líder cocalero, encabezó la resistencia. En enero de 2001, en Sacaba, los enfrentamientos dejaron al menos tres muertos y varios dirigentes detenidos. Morales fue desaforado en 2002, aunque reincorporado tras protestas. El movimiento cocalero se convirtió en el laboratorio del MAS, que en las elecciones de 2002 rozó la presidencia con el 20,9% de los votos frente al 22,5% de Sánchez de Lozada.

Cuando Goni asumió en 2002, heredó una economía en crisis y apostó al gas como salvación. El “Proyecto Pacífico” proponía exportarlo por Chile, una herida histórica imposible de cicatrizar. La propuesta fue vista como entrega a las transnacionales y detonó rechazo masivo. En febrero de 2003, el intento de imponer un impuesto salarial derivó en enfrentamientos entre policías y militares, con 33 muertos. Era el preludio de octubre.

El 20 de septiembre de 2003, en Warisata, el ejército disparó contra población aymara y mató a cinco personas, entre ellas una niña de ocho años. La insurrección se expandió: El Alto y el Altiplano se levantaron, bloqueando caminos y paralizando La Paz. Entre el 10 y el 13 de octubre, los operativos militares en El Alto dejaron decenas de muertos, con imágenes de soldados disparando desde tejados y helicópteros contra civiles. El horror recorrió el mundo. El saldo: unos 60 muertos y más de 400 heridos. El 17 de octubre, Sánchez de Lozada renunció y huyó a Estados Unidos. Carlos Mesa asumió en medio de una multitudinaria protesta.

El Octubre Negro marcó el colapso del modelo neoliberal y la emergencia definitiva del movimiento indígena-popular. En 2011 se iniciaron acciones legales contra Goni y sus ministros; en 2018, el Tribunal Supremo los condenó en ausencia por genocidio y homicidio culposo, aunque nunca fueron extraditados.

Mesa intentó pacificar con un referéndum sobre el gas en 2004, pero las preguntas ambiguas dejaron insatisfechos a todos. Evitó la represión, pero quedó paralizado por las mismas movilizaciones que habían derrocado a su antecesor. En 2005, los bloqueos y enfrentamientos se intensificaron, con 16 muertos. Mesa renunció definitivamente en junio, y Eduardo Rodríguez Veltzé asumió para convocar elecciones.

En diciembre de 2005, Evo Morales ganó con el 53,7% de los votos, la primera mayoría absoluta en la historia moderna de Bolivia. Era el triunfo del movimiento indígena-popular que había protagonizado las crisis de los años anteriores y el inicio de una nueva etapa política.

Evo

Asumió la presidencia en enero de 2006 con la promesa de refundar el Estado, y lo hizo convocando a una Asamblea Constituyente que rápidamente se convirtió en el epicentro de la confrontación entre dos proyectos irreconciliables: el occidente indígena-popular y el oriente empresarial-autonomista. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija —la llamada “Media Luna”— impulsaron estatutos autonómicos que el gobierno consideró ilegales, y entre 2006 y 2008 el país vivió episodios de violencia política que incluyeron quemas de oficinas, enfrentamientos callejeros y ataques a instituciones públicas. La tensión entre el Estado Plurinacional y el modelo autonomista puso en riesgo la propia integridad territorial de Bolivia.

El punto más dramático llegó el 11 de septiembre de 2008 en Pando, con la masacre de El Porvenir. Grupos armados vinculados al Comité Cívico Departamental atacaron a campesinos que marchaban hacia Cobija. Los disparos y la persecución dejaron al menos 13 muertos —algunas fuentes hablan de hasta 20— y decenas de heridos. El hecho sacudió al país y a la comunidad internacional. Morales declaró estado de sitio y ordenó la detención del prefecto Leopoldo Fernández, acusado de terrorismo y genocidio. La UNASUR respaldó al gobierno y condenó el intento de desestabilización. El juicio contra Fernández se extendió por más de una década y terminó en 2021 con una condena de 15 años de prisión. La masacre quedó como símbolo de la violencia política de la polarización.

Dos años después, el gobierno sufrió su primera gran derrota interna con el “gasolinazo”. El Decreto 748 de diciembre de 2010 eliminó subsidios a los combustibles y disparó los precios hasta un 83%. La reacción fue inmediata: transportistas paralizaron el país, los alimentos se encarecieron y hasta los movimientos aliados del MAS salieron a protestar. Seis días después, Morales derogó la medida.

En 2011, el conflicto se trasladó al TIPNIS. La construcción de una carretera que atravesaría la reserva amazónica movilizó a comunidades indígenas que organizaron la VIII Marcha desde Trinidad hasta La Paz. La represión en Chaparina, con gases, golpes y detenciones de mujeres y niños, generó una crisis política que obligó al gobierno a promulgar la Ley 180, declarando la intangibilidad del territorio. Años más tarde, en 2017, Morales revirtió esa protección con la Ley 266, reabriendo la herida y marcando la fractura con los pueblos indígenas del oriente.

El desgaste político se profundizó en 2016 con el referéndum del 21 de febrero. La consulta sobre la reelección dio un ajustado triunfo al “No” con el 51,3%. Fue la primera derrota electoral de Morales y el nacimiento del lema “Bolivia dijo No”. A pesar del resultado, el Tribunal Constitucional lo habilitó para volver a postularse en 2019, decisión que fue vista como manipulación judicial y que alimentó la crisis posterior.

Las elecciones de octubre de 2019 fueron el detonante. El sistema de conteo rápido se interrumpió por más de 23 horas y, al reanudarse, Morales aparecía con ventaja suficiente para evitar la segunda vuelta. La oposición denunció fraude y las calles se llenaron de protestas. Durante tres semanas, el país vivió enfrentamientos, incendios de instituciones y ataques a familias de dirigentes. La policía se amotinó y el 10 de noviembre las Fuerzas Armadas “sugirieron” la renuncia de Morales, que dimitió y salió del país.

Jeanine Áñez asumió la presidencia de facto el 12 de noviembre, reconocida por algunos gobiernos y rechazada por otros. Los días siguientes estuvieron marcados por la violencia: en Sacaba murieron 9 cocaleros y en Senkata al menos 11 vecinos de El Alto, todos en operativos militares. El decreto 4078 eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas, lo que agravó las críticas internacionales. La CIDH documentó las masacres y denunció represión desproporcionada y detenciones arbitrarias. Áñez fue detenida en 2021 y condenada en 2022 a diez años de prisión, en un proceso que sus defensores calificaron de político.

El ciclo abierto en 2006 con la refundación del Estado se cerró en 2019 con una crisis que dejó más de 30 muertos, cientos de heridos y un país fracturado. La historia de esos años muestra cómo la promesa de transformación convivió con episodios de violencia, polarización y rupturas que siguen marcando el presente boliviano.

Las elecciones de octubre de 2020, realizadas en plena pandemia, marcaron el regreso del MAS al poder con la victoria de Luis Arce, que obtuvo el 55,1% de los votos. Ex ministro de Economía y arquitecto del llamado “milagro económico boliviano” de la década anterior, Arce asumió el 8 de noviembre, mientras que Evo Morales regresaba al país dos semanas después, recibido por una multitud. Pero la aparente unidad duró poco: Morales aspiraba a volver a ser candidato en 2025 y Arce buscaba consolidar su propio liderazgo.

En octubre de 2021, los cocaleros del Chapare leales a Morales bloquearon la carretera Cochabamba-Santa Cruz, afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles. Los enfrentamientos con la policía dejaron dos muertos y decenas de heridos. En 2022, nuevas protestas del evismo incluyeron quema de vehículos y choques con militantes del arcismo. La violencia interna se multiplicó: ataques a sedes sindicales, agresiones físicas y un clima de hostilidad que contrastaba con la imagen de unidad que el MAS había proyectado durante los años de Morales en el poder.

La tensión alcanzó un punto crítico en 2023, cuando el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a Morales como candidato presidencial para 2025, alegando que ya había cumplido el límite de mandatos. El evismo denunció una maniobra del arcismo para eliminarlo políticamente. La fractura se volvió irreparable y los enfrentamientos se extendieron a regiones como el Chapare y Oruro, con heridos de ambos lados.

El 26 de junio de 2024, Bolivia vivió un episodio inesperado: tanques del Ejército irrumpieron en la Plaza Murillo y uno embistió la puerta del Palacio de Gobierno. El general Juan José Zúñiga encabezó la acción, pero el presidente Arce salió personalmente a enfrentarlo y ordenó la retirada. En pocas horas, el intento de golpe fracasó y los militares fueron arrestados. La comunidad internacional condenó la intentona y respaldó la legitimidad constitucional de Arce. Zúñiga alegó que el propio presidente le había ordenado movilizar los tanques para mejorar su imagen, pero la acusación fue descartada y el general procesado por sedición y terrorismo.

El episodio profundizó la grieta interna: el evismo dudó en condenar el golpe y el arcismo lo interpretó como connivencia. Las acusaciones cruzadas mostraron la fragilidad institucional del país, que entraba en su peor crisis política desde 2019. Entre 2024 y 2025, la fractura del MAS se aceleró en vísperas de las elecciones de agosto de 2025. El Tribunal Electoral habilitó y luego revirtió las candidaturas de Arce y Morales en medio de recursos judiciales interminables.

Antes del 2026

“La Calle” (fuera de La Medialuna) funciona como un poder paralelo. Huelgas, bloqueos, marchas y cierres de ciudades han definido el destino de presidentes como Sánchez de Lozada en 2003 o Mesa en 2005, y de políticas públicas como el gasolinazo en 2010 o el TIPNIS en 2011. Esta “democracia de la calle” convive en tensión —y muchas veces en violencia— con las instituciones formales.

Bolivia es el país con mayor proporción de población indígena declarada en Sudamérica: más del 40% se autoidentifica como tal, y si se suman las identidades mestizas con raíz indígena, la cifra supera el 60%. Los conflictos reflejan la irrupción histórica de esa mayoría: aymaras y quechuas del altiplano, cocaleros del Chapare, pueblos amazónicos del oriente, organizaciones urbanas de El Alto. La Constitución de 2009 reconoció el “Estado Plurinacional”, pero la implementación de los derechos indígenas ha sido incompleta y conflictiva.

El oriente —Santa Cruz, Beni, Pando, parte de Tarija— concentra agroindustria, ganadería e hidrocarburos, con tendencia conservadora y autonomista. El occidente —La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí— concentra minería, coca y población indígena, siendo la base del MAS. Este clivaje territorial sobredetermina prácticamente todas las crisis.

El período 2000-2025 fue el más turbulento desde la recuperación democrática de 1982: dos presidentes derrocados por movilización popular, al menos dos masacres con decenas de muertos, un proceso constituyente conflictivo, una crisis post-electoral con más de treinta víctimas fatales y un intento de golpe de Estado. La represión dejó más de 150 muertes directamente vinculadas a protestas sociales.

Bolivia también transformó su estructura política y económica con la Constitución de 2009 reconoció derechos indígenas inéditos en la región; la nacionalización de hidrocarburos en 2006 financió políticas sociales que redujeron la pobreza del 60% en 2005 a menos del 35% en 2014; y la alternancia democrática, aunque tensionada, se mantuvo.

Este mayo de 2026, con bloqueos en torno al litio y enfrentamientos entre facciones del MAS y comunidades locales, muestra que las viejas cicatrices siguen abiertas. La disputa por quién controla y se beneficia de los recursos estratégicos volvió a encender la calle, confirmando que el litio es hoy el nuevo eje de polarización nacional y que la “democracia de la calle” sigue siendo el mecanismo decisivo de expresión política de nuestros hermanos bolivianos.