ALEJANDRO SARAVIA
Hay países que se definen por sus fronteras. Otros, por su lengua, su religión o su ejército. La Argentina, en cambio, se constituyó históricamente alrededor de una promesa de movilidad social, integración y ciudadanía que tuvo dos grandes columnas vertebrales: la educación pública y la salud pública. Allí radica una parte esencial de nuestra identidad nacional. No fueron simples prestaciones estatales. Fueron dispositivos de construcción de la Nación.
La escuela pública argentina no sólo alfabetizó. Creó argentinos. Integró inmigrantes, homogeneizó culturalmente un territorio inmenso y generó una conciencia común. Eso fue Sarmiento. La universidad pública, luego, permitió que hijos de trabajadores accedieran a profesiones y liderazgos antes reservados a minorías oligárquicas. Eso fue la Reforma de 1918. Del mismo modo, el sistema público de salud construyó una noción concreta de igualdad: frente a la enfermedad, el ciudadano no debía depender exclusivamente de su patrimonio.
Ese entramado no surgió espontáneamente. Fue una construcción histórica deliberada, acumulativa, sostenida durante décadas por gobiernos de distinto signo. Junto con ello aparecieron empresas e instituciones estratégicas que expresaban una idea de desarrollo nacional: los ferrocarriles, YPF, Aerolíneas Argentinas, INTA, INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET cuyo primer presidente fue Bernardo Houssay premio Nobel, el Instituto Balseiro. Y otros. Todo ello conformaba una arquitectura estatal que excedía largamente la lógica empresarial o presupuestaria. Eran instrumentos de soberanía, investigación, integración territorial y ascenso social. La Argentina no era solamente un mercado. Era un proyecto colectivo que enorgullecía.
La dictadura de 1976 comprendió perfectamente esto. Por eso su programa económico no consistió únicamente en modificar variables financieras. Buscó alterar la estructura profunda de la sociedad argentina. La apertura indiscriminada, la desindustrialización, el endeudamiento y la valorización financiera fueron acompañados por un cuestionamiento sistemático al Estado como instrumento de desarrollo y a las instituciones públicas que habían organizado la vida nacional durante gran parte del siglo XX. No se trataba sólo de economía. Había una disputa cultural y civilizatoria. El objetivo era reemplazar la idea de ciudadanía social por la lógica del individuo aislado, inerme, en el mercado.
Durante los años noventa, el menemismo profundizó ese proceso bajo el clima ideológico de la globalización triunfante y el “fin de la historia”. Las privatizaciones fueron presentadas como modernización inevitable. Muchas empresas públicas arrastraban ineficiencias reales, burocracias parasitarias y corrupción. Nadie serio puede negarlo. Pero la tragedia es que la solución aplicada no fue la reforma ni la optimización: fue el desmantelamiento.
Los ferrocarriles constituyen quizás el ejemplo más dramático. En lugar de reorganizarlos, tecnificarlos y hacerlos eficientes, se los destruyó. Con ello no sólo desapareció un medio de transporte. Murieron pueblos enteros del interior argentino. Se fracturó territorialmente la Nación, la octava en tamaño del mundo. Algo similar ocurrió con áreas estratégicas del Estado vinculadas a la ciencia, la tecnología y la producción.
La pregunta que hoy reaparece con fuerza es inevitable: ¿era necesario destruir todo nuestro capital institucional para corregir sus defectos? Porque una cosa es reformar y otra muy distinta es demoler. Sabemos que muchos de esos resortes fueron utilizados clientelarmente o bien como cajas recaudatorias. Se lo sigue haciendo hoy de vil manera. Para corregir esos desmanejos, que entrañan conductas delictuales, está la justicia, también colonizada para encubrirlos no para perseguirlos. Por ello es que siempre dijimos que ese poder, el judicial, tiene un carácter estratégico: debiera ser el punto de apoyo para poner las cosas en su lugar. Desde el menemato dejó de serlo.
Toda organización humana necesita modernizarse. El Estado argentino, ciertamente, requería —y requiere— auditorías severas, profesionalización, reducción de privilegios corporativos y mejora en la calidad del gasto. Gastar bien equivale a gastar menos. Por ello la discusión central consiste en determinar si esas ineficiencias justificaban la destrucción de capacidades estratégicas construidas durante generaciones.
Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, parece alcanzarse la fase terminal de aquella larga evolución iniciada en 1976. Ya no se plantea simplemente reducir excesos estatales. Se cuestiona la legitimidad misma de la idea de lo público. El Estado deja de ser concebido como herramienta de articulación nacional para pasar a ser presentado casi exclusivamente como una asociación ilícita dedicada a parasitar al sector privado.
En esa lógica, la universidad pública deja de verse como inversión estratégica y pasa a ser considerada gasto. La investigación científica aparece como lujo improductivo. La salud pública como carga fiscal. La cultura como privilegio subsidiado. Todo aquello que no produzca rentabilidad inmediata queda bajo sospecha y debe ser destruido.
Sin embargo, las grandes naciones desarrolladas del mundo no destruyeron sus capacidades estatales estratégicas. Las optimizaron. Estados Unidos sostiene gigantescos sistemas públicos de investigación y financiamiento tecnológico. Alemania protege su entramado industrial con fuerte coordinación estatal. Francia jamás abandonó una concepción estratégica de sus empresas y servicios públicos. Japón y los dragones asiáticos, lo mismo. Incluso los países más orientados al mercado preservan áreas consideradas esenciales para la cohesión nacional y la soberanía. El propio Chile, nuestro vecino, conserva Codelco para la explotación del cobre.
Nuestro país, en cambio, parece discutir permanentemente entre el estatismo ineficiente y la demolición nihilista, sin encontrar nunca el punto de equilibrio entre eficiencia y proyecto nacional.
Tal vez allí resida una de nuestras tragedias históricas: la incapacidad para reformar inteligentemente lo propio sin necesidad de destruirlo. Porque las instituciones públicas, claro está, pueden degradarse, pero cuando una sociedad dinamita sistemáticamente sus propios instrumentos de integración, conocimiento y desarrollo, termina erosionando algo más profundo que un presupuesto: erosiona la idea misma de Nación que es, como decía Ortega y Gasset, “un proyecto sugestivo de vida en común”. Si desaparece esa idea común, integradora, quien lo padece se transforma en lo que el mismo Ortega denunciaba: una nación invertebrada. Casi nuestro espejo actual.
