Mientras la causa contra Compañía Privada sigue empantanada entre sospechas de insolvencia fraudulenta, actividad financiera ilegal y vaciamiento empresarial, el Gobierno provincial terminó avalando un loteo que la propia Mercedes Ibarra había omitido en el concurso preventivo. El proyecto estaba “todo vendido”, tenía sobreventa de terrenos y ocupación irregular de espacios comunes. Aun así, recibió luz verde. La pregunta ya no es qué hizo Ibarra, sino por qué se mira para otro lado.
Kim Im Porta
Durante años, el expediente de Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A. acumuló denuncias, pericias demoradas, cheques rechazados y un desfile de acreedores que todavía esperan alguna señal de justicia. En el medio aparecieron sospechas de todo tipo: insolvencia fraudulenta, utilización de firmas paralelas para continuar negocios, actividad financiera no autorizada y maniobras destinadas a diluir activos mientras cientos de inversores quedaban atrapados en una maquinaria que prometía rentabilidades sofisticadas y terminó convertida en una estampida silenciosa.
En ese contexto —con la causa prácticamente anestesiada y sin resolución de sus aspectos más delicados— apareció hace días una novedad que terminó de desnudar la dimensión política y administrativa del caso: la aprobación oficial del loteo Los Arcos, perteneciente a Compañía Privada y al empresario Carlos Alberto Ojeda.
Fue la oficialización de una anomalía. Porque el loteo aprobado por la Provincia no sólo pertenecía a una firma denunciada por centenares de damnificados: además había sido deliberadamente omitido por Mercedes Ibarra en el concurso preventivo. Ahí es donde el expediente deja de ser apenas un escándalo financiero para transformarse en otra cosa mucho más incómoda.
El loteo que “no existía”
Uno de los datos más sensibles del caso surge de una audiencia previa a la quiebra, donde la propia Mercedes Ibarra reconoció la situación irregular de Los Arcos. La declaración quedó incorporada formalmente al expediente y resulta difícil encontrar una síntesis más brutal del desorden —o de la maniobra— detrás del emprendimiento.
“Preguntada respecto del Loteo Los Arcos, que comercializó la sociedad, no bajo la forma de fideicomiso, aclara que está todo vendido y cancelado. Que sabe desde hace mucho tiempo que se vendieron lotes que ocupan lugares que debieron estar destinados a espacios comunes lo que dificultaría la finalización del trámite para la obtención de las matrículas individuales”.
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Primero: el loteo estaba completamente comercializado aun cuando ni siquiera contaba con aprobación definitiva. Segundo: existía sobreventa de terrenos. Y tercero —quizás lo más grave— se habían vendido parcelas ubicadas en espacios que debían destinarse al uso común. Es decir: calles, reservas o superficies institucionales terminaron convertidas en mercancía.
Pese a semejante admisión, el proyecto no sólo sobrevivió al naufragio judicial de Compañía Privada sino que acaba de recibir aval oficial por parte del Ejecutivo provincial.
El dato resulta todavía más llamativo porque Los Arcos no figuró en el concurso preventivo de la firma. Fue omitido. Es decir, quedó deliberadamente fuera del radar de acreedores y de la masa de bienes alcanzados por el proceso. No era casual.
Al no tratarse de un fideicomiso, el loteo quedaba expuesto a posibles reclamos generales de los acreedores de Compañía Privada. Su aparición formal podía abrir una disputa patrimonial de enorme escala. De allí la necesidad de mantenerlo en una zona gris mientras se buscaba destrabar su aprobación definitiva. Ahora la urgencia parece otra: escriturar rápido.
La ingeniería del borrado
La reciente resolución provincial no apareció en un vacío. Llega después de años en los que el entramado empresarial vinculado a Mercedes Ibarra se especializó en una técnica bastante simple: mover negocios, esconder activos y continuar operaciones bajo otras firmas mientras la estructura principal se hundía.
La utilización de empresas satélite ya había sido señalada en distintas investigaciones de Cuarto Poder y aparece mencionada en testimonios incorporados a la causa. La lógica siempre fue parecida: los proyectos continuaban, las obras seguían avanzando y el dinero circulaba, aunque Compañía Privada estuviera técnicamente quebrada. Los Arcos parece encajar perfectamente en esa misma mecánica.
Mientras el expediente judicial dormía entre oficinas incapaces de explicar por qué una investigación de semejante magnitud sigue orbitando despachos más acostumbrados a hurtos menores que a delitos económicos complejos, el loteo avanzó silenciosamente por carriles administrativos hasta obtener aprobación oficial.
Incluso hubo un detalle casi grotesco: los planos del proyecto se habían extraviado y debieron ser reconstruidos, según consta en el Boletín Oficial. Aun así, el trámite avanzó sin mayores obstáculos.
Con certificados técnicos, dictámenes y excepciones normativas, el Estado terminó validando un emprendimiento cuya propia desarrolladora había reconocido como irregular años antes.
Excepciones, apuros y silencios
La resolución que habilitó Los Arcos también incluyó una excepción urbanística difícil de ignorar. El Gobierno aceptó una cesión de apenas 503 metros cuadrados para uso institucional, equivalente al 2,8% de la superficie emergente de los lotes, pese a que la normativa exige alrededor del 10%.
La diferencia no es menor. Pero se decidió avanzar igual bajo el régimen de excepción previsto por ley. Todo parece indicar que existe un apuro evidente por normalizar el loteo, asignar matrículas individuales y permitir escrituras antes de que nuevos planteos judiciales compliquen el panorama. Porque una vez escriturado, el escenario cambia. Los lotes pasan a manos particulares y el rompecabezas patrimonial se vuelve todavía más difícil de reconstruir.
Mientras tanto, las preguntas centrales siguen intactas. ¿Cómo puede una empresa acusada de provocar perjuicios multimillonarios obtener semejante respaldo estatal? ¿Nadie revisó los antecedentes judiciales y financieros de Compañía Privada antes de habilitar el proyecto? ¿O sí los revisaron y decidieron avanzar de todos modos?
Mercedes Ibarra ya había demostrado una notable habilidad para sobrevivir al colapso de su financiera mientras mantenía propiedades, empresas paralelas y un nivel de vida incompatible con cualquier idea convencional de quebranto.
Ahora aparece otro dato igual de incómodo: incluso después del escándalo, incluso después de las denuncias y de las sospechas de fraude, el Estado todavía parece dispuesto a darle trámite, excepciones y avales. Tal vez allí empiece a encontrarse una explicación bastante más profunda sobre la longevidad de ciertas impunidades.
