La detención de un hombre que llevaba más de 15 picaportes de bronce rumbo a Metalnor volvió a poner bajo la lupa el circuito de comercialización de metales robados en Salta. El caso conecta una serie de hechos policiales aparentemente aislados con una estructura de compra y acopio que ya había sido denunciada por este medio.
Jerson De Cecco
Durante semanas, vecinos de distintos sectores del macrocentro salteño denunciaron el robo sistemático de picaportes de bronce, herrajes antiguos y otros elementos metálicos de viviendas particulares. La situación tuvo especial impacto en la zona de Plaza Alvarado, donde varios frentistas reportaron la desaparición de piezas históricas colocadas en puertas y portones.
La noticia circuló inicialmente como una curiosidad policial de bajo perfil: “Vecinos preocupados por los reiterados robos de picaportes”, indicaba el videograph de un canal local. Sin embargo, en las últimas horas apareció un dato que modifica sustancialmente el escenario.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron la detención de un hombre que transportaba más de 15 picaportes de bronce en una mochila. Según trascendió, se presume que sería el autor de varios de los robos denunciados en inmediaciones de Plaza Alvarado y que se dirigía a la firma Metalnor para vender el material.
El dato no es menor. Hasta ahora, el debate público sobre el robo de metales en Salta se concentraba casi exclusivamente en los autores materiales: personas detenidas con caños de cobre, cableado o piezas sustraídas de viviendas y espacios públicos. La novedad introduce de manera directa el eslabón comercial del circuito.
Porque el robo de metales funciona sobre una lógica simple: sin compradores no existe negocio.
Y en este caso ya no se trata únicamente de una inferencia sobre el destino probable del material robado. La detención del sospechoso cuando se dirigía específicamente a Metalnor instala una conexión concreta entre los hechos delictivos y la empresa que desde hace meses viene siendo señalada en distintas publicaciones de Cuarto Poder por presuntas maniobras vinculadas al acopio y contrabando de metales.
Una cadena que se repite en distintos barrios
Los robos de elementos metálicos dejaron hace tiempo de ser episodios aislados. En distintos puntos de la ciudad comenzaron a repetirse hechos con características similares: sustracción de cobre, hierro, bronce y aluminio de viviendas particulares, infraestructura urbana y servicios públicos.
El 1 de junio de 2025, durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de calles Carrión y Medeiro, efectivos policiales detectaron a dos hombres consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar. Durante la persecución, uno de ellos arrojó una bolsa blanca que contenía 17 caños de cobre con fuerte olor a gas natural.
Ese mismo día, un vecino del barrio Ceferino había denunciado el robo de un caño de cobre de su medidor de gas y del timbre inalámbrico de su domicilio. A los detenidos también se les secuestró una sierra metálica y un hierro de construcción. Posteriormente fueron condenados a tres meses de prisión efectiva como coautores de robo simple. Uno de ellos fue declarado reincidente por quinta vez y el otro por segunda.
Meses antes, en barrio Primera Junta, vecinos denunciaron el robo de barras de hierro pertenecientes a juegos infantiles de una plaza. Según los testimonios, al menos dos jóvenes retiraban las estructuras metálicas a plena luz del día. Una vecina que intentó intervenir aseguró haber sido amenazada.
A estos casos se suman robos frecuentes de llaves de paso de agua, tapas de medidores, reguladores de gas, cableado eléctrico, roscas de cobre y acoples metálicos. En muchos casos, las víctimas terminan reemplazando piezas originales de bronce por materiales de menor valor para evitar nuevas sustracciones.
Detrás de esa secuencia aparece un mercado ilegal que mueve cifras importantes.
Cada metro de cable de alta tensión contiene aproximadamente 300 gramos de cobre. El material sustraído suele ser quemado para retirar el revestimiento y facilitar su venta. En el circuito informal, el kilo de cobre puede comercializarse entre 8 mil y 26 mil pesos, dependiendo de la calidad y el tipo de pieza.
Especialistas en seguridad energética sostienen además que quienes realizan los robos suelen obtener apenas una fracción del valor final del material. El margen económico más importante aparece en las etapas posteriores de acopio, clasificación y comercialización.
Metalnor y las denuncias sobre el circuito del cobre
La aparición del nombre de Metalnor en el último episodio reaviva una serie de publicaciones realizadas por este medio en torno a la empresa de los hermanos Yobi y su presunta participación en maniobras de tráfico ilegal de metales.
El 16 de noviembre de 2025, Cuarto Poder publicó el artículo “Operación contrabando al descubierto: Metalnor y la trama del cobre”, basado en testimonios de exempleados y fuentes internas de la firma.
Allí se describía una operatoria sistemática para ocultar cobre y bronce bajo cargas de acero destinadas presuntamente a Bolivia y Paraguay. Según los testimonios, los camiones salían de la planta con cargas de hasta 24 toneladas y parte del material era escondido debajo de chatarra común para evitar controles.
“Se iban tapados. Abajo iba el cobre y arriba el acero. Los gendarmes no levantaban el acero porque es pesado”, señaló una de las fuentes citadas en aquella investigación.
Otra agregó: “Al acero lo tiraban a granel en bolsones. Se ponía el cobre abajo y se tapaba con restos de metales. A veces también se escondía bronce”.
Los testimonios también indicaban que la maniobra continuó incluso después de despidos internos y que existiría documentación vinculada a cargas, remitos y movimientos de materiales.
La nueva detención aporta un elemento distinto a ese escenario. Ya no se trata únicamente de denuncias sobre presuntas maniobras de exportación irregular, sino de un caso puntual en el que un sospechoso de robos reiterados habría sido interceptado mientras se dirigía específicamente a vender picaportes robados en la firma.
Ese dato abre interrogantes inevitables sobre los mecanismos de control aplicados al ingreso de materiales, la trazabilidad de los metales adquiridos y los criterios utilizados para validar operaciones de compra.
En el mercado formal de reciclado y tratamiento de metales, la adquisición de piezas claramente identificables —como picaportes antiguos, llaves de bronce o elementos pertenecientes a instalaciones domiciliarias— suele requerir mecanismos mínimos de verificación sobre procedencia. Especialmente cuando se trata de cantidades inusuales o de objetos compatibles con hechos delictivos recientes.
La situación adquiere además una dimensión particular por el volumen de operaciones que puede absorber una empresa de gran escala. En Salta no existen demasiadas firmas con capacidad económica y logística para comprar metales en grandes cantidades, procesarlos y eventualmente integrarlos a circuitos de comercialización más amplios.
Un mercado que mueve millones
El robo de metales dejó de ser hace tiempo un delito menor asociado únicamente al oportunismo callejero. El incremento del valor internacional del cobre y otros materiales reciclables transformó a estos elementos en mercancías de alta circulación dentro de mercados informales y semiclandestinos.
En distintos puntos del país, empresas distribuidoras de energía y gas vienen alertando sobre el crecimiento sostenido de robos de cableado, transformadores y medidores. Las consecuencias van mucho más allá del daño patrimonial: cortes de suministro, pérdidas millonarias y riesgo permanente para quienes manipulan instalaciones energizadas.
Los especialistas sostienen que muchos autores materiales carecen de conocimientos técnicos y se exponen a lesiones graves o incluso la muerte al intentar cortar líneas eléctricas. Sin embargo, también existen casos donde las maniobras revelan cierto nivel de planificación, especialmente cuando se sustraen transformadores o instalaciones complejas para extraer bobinas de cobre.
En Salta, la sucesión de episodios registrados durante los últimos meses parece exhibir un patrón consolidado: robos reiterados de metales específicos, existencia de compradores dispuestos a absorber el material y una estructura de comercialización suficientemente aceitada como para sostener el circuito de manera constante.
La detención del hombre que llevaba más de 15 picaportes rumbo a Metalnor incorpora ahora un elemento concreto dentro de esa secuencia y vuelve a colocar el foco sobre un aspecto que hasta el momento aparecía apenas de manera lateral en las investigaciones judiciales: el destino final del metal robado.
