Si todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, el gobierno salteño acaba de cometer un error histórico: le otorgó súper poderes a una policía que recibió 464 denuncias en un año por apremios ilegales y que, pese a la multiplicación de miembros, no ha podido disminuir la tasa delictiva. (DOM)
Propenso a los golpes de efecto y efímeras cortinas de humo, el gobierno apuró en la semana diversas modificaciones al código procesal, entre las cuales hay un artículo que le otorga un superpoder a los policías: los uniformados tendrán la facultad de requisar “sin orden judicial, en todos los casos en que lleve a cabo una aprehensión en flagrancia. También podrán requisar sin orden judicial a las personas e inspeccionar los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y buques, de cualquier clase, con la finalidad de hallar cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo, siempre que el procedimiento sea realizado”.
Dos días antes de su aprobación, la policía ya dio muestras de lo que es capaz de hacer cuando se cree y se sabe impune: se metieron de cacería en barrio Sarmiento y sólo se fueron después de meterle a un hombre un escopetazo en la espalda. El hombre se llamaba Gabriel Mura Ortiz y al parecer sólo había discutido con un oficial, después de ver cómo maltrataban a un joven. Ayer, un oficial que vive en el barrio -y que no formó parte del operativo- narró así lo que sucedió esa noche: “Los policías motorizados ingresaron al barrio de manera brutal, comenzaron a cazar a la gente como si fueran animales”. Así narró el asesinato: “En un momento hubo una discusión con Mura. Un policía entonces comenzó a patearlo y le hizo tirar algo que tenía en la mano. Mura empujó al policía y por detrás vino otro quien le disparo con balas de plomo. Una vez que cayó al suelo, el hombre tenía los perdigones marcados”.
Es interesante analizar, ahora, el relato que la policía trató de construir el pasado lunes, cuando no se conocía aún el testimonio de este oficial ni había trascendido que una vecina había filmado todo. “La justicia determinará si hubo abuso policial o defensa propia”, dijo el todavía jefe de la policía, Marcelo Lami.
Desde la institución difundieron dos hipótesis: la de las patotas que atacaron a la policía y luego la de un motochorro que habría huído por el lugar. Cuando Lami dijo que podría ser “defensa propia” no explicó por qué el agresor estaba desarmado y de espaldas al policía que le disparó. La reacción de encubrimiento es altamente peligrosa: hacen hasta lo imposible, para ocultar un error. Imaginen de lo que serán capaces cuando allanen sin orden una casa y descubran que no hay nada que justifique el haber destrozado una puerta: entonces encontrarán hasta lo que no hay.
Antecedentes peligrosos
En Orán, en septiembre, policías molieron a golpes a un niño de 12 años tras confundirlo con otra persona e intentaron plantarle un cuchillo para justificarlo. El joven había asistido a una fiesta por la primavera en su escuela. Cuando retornaba a su hogar en horas de la tarde decidió realizar un desvío para visitar a su abuela, en ese camino observó que algunos otros jóvenes estaban en medio de una gresca con la policía, entonces decidió esquivar aquel camino optando por ir hacia la casa de una tía que vive cerca de ese lugar pero una camioneta del 911 clavó los frenos a su lado y lo subieron sin hacerle pregunta alguna y ahí nomás procedieron a una detención violenta que no escatimó en golpes. Lo inculpaban de ser el dueño del arma blanca que los policías tenían en su poder. Cuando se dieron cuenta de que el chico no tenía nada que ver, lo amenazaron antes de soltarlo: “Si hablas, ya vas a ver, otra cagada tenés por seguro”.
En mayo, en ese mismo municipio, madres de dos menores denunciaron que estos fueron secuestrados por la policía, luego golpeados salvajemente y finalmente abandonados en un descampado. Detuvieron, en su momento, a 7 policías, que denunciaron haber sido involucrados por otros policías. Antes de detener a los responsables, el comisario fue a la casa de los detenidos y les dijo. “Sé que ustedes se mandaron una cagada; dos pendejos los denunciaron, así que digan la verdad de lo que pasó para ver si les puedo dar una mano”.
En Octubre, en Rosario de la Frontera, que había sido noticia porque al parecer la imagen de una virgen se aparecía en un bidón, también acaparó la atención de la prensa por el ilegal accionar de la policía: familiares de cinco jóvenes denunciaron la excesiva violencia con la que fueron detenidos. “A él lo golpearon salvajemente, le hicieron una herida de 15 puntos en la cabeza, perdió mucha sangre y está alojado en la celda de la comisaría 31. Pido por favor que lo trasladen a un centro asistencial para ser controlado”, dijo la madre de uno de los jóvenes. Había pruebas de sobra que certificaban la tortura cometida por los azules: testigos, fotos y videos de celulares retrataron el accionar de la policía.
En setiembre se cumplió un año de la muerte de Diego Quiroga, que fue víctima del gatillo demasiado fácil del cabo Hugo Vilte: le metió de la nada 9 disparos de su arma reglamentaria. “Él (por Quiroga) volvía de la casa de un amigo y paró en el kiosco a comprar alimentos, vio que el quiosquero estaba discutiendo con el cabo, se acercó a calmarlos, pero el policía lo tiroteó y lo dejó tirado”, dijeron los testigos del hecho. La madre de Diego Quiroga aun da vueltas por los juzgados pidiendo justicia.
En ese mismo mes, en Güemes, Ricardo Barrera denunció que fue golpeado durante su traslado a la comisaría, camino al hospital y cuando estaba detenido. Durante la instancia en la comisaría 24, le practicaron el famoso submarino: le sumergieron la cabeza en un balde repetidas veces.
No hay espacio para resumir todos los casos. Algunos recordarán el de una mujer herida en el abdomen durante un partido por otro caso de gatillo fácil que fue, según la fuente policial, un accidente. El oficial responsable del disparo quería hacer un tiro al aire, “lo empujaron” y salió directo hacia el público. Otros se acordaran del joven que quedó parapléjico tras discutir con un policía en una sandwichería del barrio Juan Manuel de Rosas, discusión en la que el policía argumentó disparando. Algunos recordarán, asimismo, al policía de General Pizarro, que practicaba golpes de boxeo con un joven de 20 años esposado y ni de hablar de los videos de Güemes, que llegaron a la prensa internacional.
Todos los casos se parecen: hombres que sólo son culpables de ser pobres, de vivir en lugares marginales, donde todo puede ser objeto de sospecha. La única excepción, que causó cierto escándalo en el gobierno, fue el caso del rugbier: se armó escándalo porque esa vez a los uniformados se les había ido la mano con un tipo de plata, blanco, Saravia.
Y ahora viene lo peor
Hasta hace poco la policía realizaba 45.000 detenciones anuales bajo la carátula de averiguación de antecedentes. Las averiguaciones de antecedentes rara vez sirvieron para resolver o impedir un acto delictivo; pero sí dieron pie a una innumerable cantidad de abusos policiales: personas golpeadas para que confesaran algún delito, el que fuera.
Hubo, en el último año, 464 denuncias por apremios en Salta; aunque probablemente no se denuncie, por temor, ni la cuarta parte de estos hechos. “Las estadísticas por apremios ilegales tienen que ver con un montón de situaciones y en otros casos de legítimo uso de la fuerza”, declaró a Cadena 1, el Ministro Eduardo Sylvester, al ser consultado puntualmente sobre los casos de Güemes y Pichanal. Sylvester, queda claro, ni siquiera reconoce el problema.
A esta policía, ahora el gobierno le otorga súper poderes. Para que puedan expandir el alcance de brutalidad, tendrán la posibilidad de romper tu puerta, entrar a tu casa, revisar cada una de tus pertenencias.
Cámaras en las calles y policías que podrán destrozar su puerta cuando se les plazca. Bienvenidos a la remake salteña de la peor pesadilla orwelliana.
Y la inseguridad sigue
Cuando la provincia estaba siendo tapa de medios nacionales por el paso de droga, el gobierno provincial reaccionó con la misma receta de siempre: más mano dura. Esa receta, en seis años de gestión, jamás dio buenos resultados.
Lo peor de la mano dura que propone el gobierno no es que tenga todo el tufillo del proceso, sino que es totalmente inútil.
Le está otorgando súper poderes a una policía que no está capacitada. Por eso, pese a la multiplicación desmesurada de efectivos en los últimos años, la tasa delictiva sigue creciendo. La ONU recomienda tener a 3,5 policías por cada mil habitantes pero Salta, con sus 12 mil oficiales, tiene un promedio de 5,3 por cada mil habitantes. El Ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, se jacta de esto: “Nueva York tiene un policía cada 237 habitantes y Salta alcanza uno por cada 189 personas”. Se jacta de esto porque no puede jactarse de otra cosa: durante el primer mandato de Juan Manuel Urtubey la tasa delictiva creció el 13,68%. Repetimos algunos datos de un informe presentado en Octubre por Cuarto Poder sobre áreas claves del delito: en 2007 hubo 39 casos caratulados como homicidios dolosos, en 2011, 59. También los robos violentos subieron: en 2007, hubo 11.601 robos; en 2011, 14.693. Es decir, 40,25 robos por día. Un robo cada 40 minutos.
Más policías y cámaras y bicicletas de poco sirvieron para combatir el crimen en Salta. La provincia se desintegra económica y socialmente y si el gobierno no se da cuenta de que ahí está la raíz del problema, ninguna medida, por brutal que sea, podrá revertir esta situación.
